Contrato de peajes en Cartagena tendría daño patrimonial de $300.000 millones

Las irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de peajes en Cartagena investigadas por la Contraloría General de la República ascenderían a un daño patrimonial por $300.000 millones.

Así lo indicó el ente de control en la tarde de este jueves y agregó que en el proceso de responsabilidad fiscal fueron vinculados siete exalcaldes de Cartagena, varios exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena (VAL) y exgerentes y exsubgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe).

Los implicados serán llamados a dar explicaciones sobre lo que habría generado el detrimento fiscal. El ente de control indicó que el mandatario del concesionario y el interventor de la obra también fueron vinculados al proceso.

“Mediante auto del pasado 8 de enero, el despacho del contralor delegado intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, se dispuso también mantener vinculados, en calidad de presuntos responsables fiscales, a quienes tenía en tal condición desde septiembre de 2017: el Concesionario (Concesión Vial de Cartagena S.A.) y dos exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, VAL. Con el garante (la compañía aseguradora Mapre), llegan en total a 39 los vinculados”, precisó la Contraloría.

Estos primeros resultados de las investigaciones del ente de control se dan luego de que el contralor Felipe Córdoba declarara estos hechos de impacto nacional para conocimiento de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción a finales de 2019.

Conforme a los documentos recibidos por la Contraloría General de la República, el ente señaló que “no se evidencia una relación pormenorizada de los costos y gastos ni mucho menos un análisis sobre su pertinencia y relación de causalidad con las obras y la operación de la concesión. Tampoco se evidencia un análisis sobre su veracidad ni razonabilidad desde el punto de vista económico y de eficiencia, atendiendo precios unitarios de mercado”.

Por esta razón, el ente de control, dirigido por el contralor Córdoba Larrarte, no encontró verificados ni analizados los costos y gastos incurridos en las obras y la operación de la concesión tanto por la Empresa de Desarrollo Urbano como supervisor o interventor “ni por las entidades que representan y deben velar por los intereses patrimoniales del Distrito como entidad concedente y que podrían estar impactando el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) pactada”.

Es importante recordar que cuando se habla de peajes y valorización se está hablando también de dineros públicos administrados, en este caso, por el Distrito de Cartagena de Indias, los cuales deben ser destinados para la financiación de los costos y gastos de la concesión en mención, acciones que distan de lo encontrado en la investigación adelantada por la Contraloría General de la República.

En razón a lo anterior, el control que ejerce el organismo en este caso tiene como objetivo “resarcir el detrimento fiscal que se ocasione por un desplazamiento en la satisfacción de la TIR del concesionario con motivo de costos y gastos que no guarden pertinencia, justificación técnica ni razonabilidad con el objeto de dicha concesión”.

“Considera la Contraloría que, con los medios de prueba recaudados, es posible establecer indicios serios de que dicho control de costos no se habría realizado a cabalidad por la entidad concedente ni la entidad titular de la valorización, ni por la sociedad contratista encargada de la interventoría en la fase de operación de la concesión y respecto de las obras adicionales o complementarias por parte de quienes gerencian dicha entidad del orden departamental contratada para tal efecto por el Distrito, ni por los subgerentes técnicos que tenían la función más específica de dirigir las interventorías contratadas con Edurbe, como esta concesión”, precisó el ente de control.