Corte tumba decreto que permitía al Gobierno vender empresas públicas y rescatar privadas como Avianca

Privatizar entidades públicas es una idea que genera polémica en el país, pero el Gobierno tiene inscrito en el Presupuesto General para el 2021, que una de las fuentes de financiamiento, por 12 billones de pesos, será la venta de algunos activos del Estado.

De igual manera, a finales de agosto, el comité de administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) autorizó la participación de la Nación en la reestructuración de Avianca, mediante el financiamiento de hasta 370 millones de dólares.

Esas son las dos acciones que están en juego en la decisión que, en la noche del miércoles, anunció la Corte Constitucional: declaratoria de inconstitucional al decreto que permitía esas transacciones.

En un breve comunicado, el Alto Tribunal explicó que la sala plena virtual decidió, con una votación de cinco a favor y cuatro en contra, tumbar el Decreto Legislativo 811, la norma que declara el régimen especial aplicable a la inversión y enajenación de los instrumentos de capital de la Nación en el marco de la emergencia económica, social y ecológica por el coronavirus.

El fundamento del fallo “consiste en que el control automático de constitucionalidad no superó los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción específica”.

Esto quiere decir que la Corte Constitucional deja sin piso el decreto que fijaba las disposiciones para la compra de acciones, a modo de rescate por parte del Gobierno, de empresas que cumplieran dos condiciones: realizar actividades que se consideran de interés nacional y tener sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia.

Avianca cumplía ambos requisitos, por lo que la Nación se disponía a desembolsar cerca de 370 millones de dólares en un plazo de 18 meses a modo de préstamo, en una decisión que recibió varias críticas en las últimas semanas.

Pero con esta decisión de la Corte, el Estado queda maniatado y no puede poner en marcha el artículo 1 del Decreto 811, que establece un “régimen especial aplicable a la inversión y la enajenación de los instrumentos de capital en empresas que adquiera o reciba la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de mitigar los efectos económicos adversos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica”, es decir, la pandemia por covid-19.

Vale recordar que desde hace dos semanas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había suspendido de manera temporal el millonario crédito a Avianca, luego de acceder a una acción popular que buscaba amparar los derechos colectivos y proteger el patrimonio.

¿Qué viene ahora?

En el caso de las privatizaciones de entidades públicas, una de las fuentes de financiamiento más criticadas, el país tiene una autorización vigente, entregada por ley, para vender las propiedades en las cuales, el Estado participa con menos del 49 por ciento de las acciones. También tiene un cupo aprobado desde hace tiempo, en la petrolera Ecopetrol, con el cual podría vender 8,49 por ciento, según lo que tiene permitido hasta ahora. Esto, sin contar con que se ha sabido de estudios realizados por el Ministerio de Hacienda, realizados por expertos consultores, con los cuales ha buscado determinar la mejor forma de enajenar su participación en ISA, aunque al final este proceso fue terminado por el Ejecutivo.

El argumento del Ministerio de Hacienda, alrededor de las privatizaciones, siempre ha sido el de aumentar la productividad, pues muchas de las propiedades públicas, principalmente las que tienen otros socios mayoritarios, le generarían más dividendos si las vende que si las mantiene, es decir, la famosa frase que se acuñó cuando se vendió Isagén, que fue “cambiar un activo por otro”. Vender para hacer vías, por ejemplo.

Desde esa perspectiva, la venta de activos, además de que daría mucho de qué hablar desde el punto de vista político, no sería mayor problema: las normas para hacerlo están ya establecidas.

Lo que sí parece enredarse aún más de lo que está es la posibilidad de que el Gobierno participe en la capitalización de Avianca.

Otro punto que hay que poner sobre la mesa es que, el Ejecutivo está avanzando en tramitar nuevas leyes en el Congreso, que reemplacen los decretos que fueron emitidos a la luz de la emergencia sanitaria y económica, pues el asunto es de finanzas deficitarias en medio de una crisis que demanda muchos recursos. Por ello, hay expectativa alrededor de la decisión que se tomará ahora, alrededor de las operaciones que podrá hacer desde el Fome