Implementar el acuerdo de paz necesitaría una nueva reforma tributaria: Fedesarrollo

Durante muchos años y durante la época de la negociación con las Farc, el Gobierno insistió en que la firma del acuerdo de paz le iba a representar al país entre 1 y 2 puntos adicionales de crecimiento económico. Este "dividendo de la paz" iba a ser producto de un aumento en la tasa de inversión y el consumo de los hogares, así como de una mayor inversión extranjera y un repunte de las exportaciones.

Un trabajo de Fedesarrollo publicado esta semana sobre los Efectos Económicos del Acuerdo de Paz muestra cómo estos cálculos que hacía el Gobierno en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, lucen ahora demasiado optimistas.

Es más, según este reconocido centro de estudios los beneficios económicos del acuerdo de paz serán relativamente moderados y en todo caso menores a los costos de la implementación.

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La razón fundamental de que las estimaciones del dividendo de la paz se hayan moderado, es que hoy es claro que aún con el proceso de paz, los gastos militares deberán mantenerse en los niveles de los últimos años de conflicto armado (aproximadamente 3,4 por ciento del PIB), "en la medida en que se hará necesario consolidar la presencia estatal en aquellas zonas que fueron afectadas por la guerrilla".

De hecho, según Fedesarrollo, el cambio en el uso de los recursos que se destinan al conflicto armado tomará más de una década en reflejarse en la composición del presupuesto.

Con esto, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2017 calcula que el dividendo total, en ausencia del conflicto armado con las Farc e incluyendo las inversiones para la paz, asciende a 0,3 puntos porcentuales del PIB en promedio durante los próximos 15 años.

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Esto beneficios alcanzarían su pico entre 2024 y 2026, pero dado que se materializarán esencialmente en las zonas más afectadas por el conflicto "su impacto a nivel agregado es marginal y podría pasar desapercibido". Para esto, son los beneficios tributarios de las Zomac y herramientas como las obras por impuestos.

En contraste, los costos que podría traer el acuerdo serán mucho mayores y podrían estar subestimados. En el MFMP de 2017 se calcula que la implementación tendrá un costo de 129,5 billones de pesos constantes de 2016 durante los próximos 15 años, lo que representa aproximadamente un 0,7 por ciento del PIB por año. La mayor parte del gasto está asociada a una reforma rural integral. No obstante, este cálculo solo abarca los 170 municipios más afectados por el conflicto armado por lo que podría ser mucho mayor.

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Ante las grandes restricciones fiscales que tiene hoy el país, es claro que la financiación del posconflicto representa un gran reto para los próximos años. Según Fedesarrollo, el país se enfrentará al dilema de "revisar nuevamente su estructura tributaria y/o el de hacer reformas estructurales profundas para aumentar la eficiencia y eficacia de los gastos en otros sectores, de tal forma que se puedan reasignar recursos hacia el desarrollo rural".

Esto significa que el próximo gobierno que sea elegido tendrá que hacer una nueva reforma tributaria y otra serie de complejas reformas.