Crece la expectativa sobre decisión de la Corte Constitucional frente a uno de los mayores cambios de la reforma tributaria

Cada vez que una ley es aprobada en el Congreso, debe someterse a un examen de constitucionalidad, al cual se añaden las demandas de sectores inconformes con los cambios respaldados en el Legislativo. La reforma tributaria del Gobierno de Petro no fue una excepción.

Si bien algunos artículos ya recibieron la bendición de la Corte, como los impuestos a las bebidas azucaradas, hay otros que no podrán continuar, como los que buscaban dar créditos al IPC+0 por ciento para un grupo de deudores del Icetex, por ejemplo. Tampoco obtuvo respaldo la tarifa de 20 por ciento de renta a los planes de internacionalización de los usuarios de zonas francas calificados antes del 13 de diciembre de 2022, ni la sobretasa de tres puntos a la tarifa de renta para los contribuyentes que generen energía hidroeléctrica como actividad principal. El alto tribunal determinó que esto solo aplicará para los que tengan renta gravable superior a 30.000 UVT (hoy 1.272 millones de pesos).

Si bien los artículos que se cayeron tienen impactos en sectores específicos, hay uno en estudio en la Corte que ya está en su agenda de debates y que tiene en vilo a muchos, no solo por su magnitud, pues sería un gran generador de caja para la Dian, sino por su carácter controversial: ha sido polémico desde que fue incluido en la reforma tributaria de diciembre de 2022.

Se trata del artículo que no permite que los desembolsos realizados por regalías de parte de las empresas minero-energéticas puedan ser deducidos en el impuesto de renta a su cargo. Para muchos contadores y abogados, esta medida es inconveniente, pues no solo implicaría una sobrecarga tributaria para estas compañías, sino que podría llevar a una salida de inversionistas que no verían ningún atractivo en el mercado colombiano.

“Esta prohibición es una medida sui géneris en la industria a nivel global, ya que no es un estándar usado por los países que pretenden explorar y extraer sus minerales. Es inconveniente, pues afecta seriamente la competitividad de Colombia en un sector crítico por su aporte económico a las finanzas del país”, explica Ricardo Ruiz, líder de impuestos y servicios legales de KPMG en Colombia.

Su colega Javier Blel, socio de impuestos y servicios legales de Deloitte, señala que esta es una medida técnica, pero que, en resumen, implicaría una doble tributación. Esto porque las empresas que pertenecen al sector extractivo pagan regalías como contraprestación por el beneficio de poder sacar minerales o combustibles fósiles del subsuelo, y si no les permiten deducir ese pago, deberían entonces realizar un segundo pago derivado de la no deducibilidad en la renta.

Ruiz añade que no solo se afectarían las inversiones futuras, sino negocios en marcha porque se compromete su rentabilidad o su viabilidad, si el mayor impuesto sobre la renta que tuviere que pagar es superior a su utilidad.

El costo

Desde el Ministerio de Hacienda se estima que al impedir la deducibilidad de las regalías se podrían recaudar 3,38 billones de pesos adicionales por el año gravable 2023 y 2,79 billones por 2024. Estas cifras no son para nada despreciables si se tiene en cuenta que tan solo entre enero y septiembre de este año la Dian recaudó 49,3 billones por impuesto de renta.

Por este motivo, algunos expertos temen que si la Corte decide tumbar esta medida se les dé una estocada a las finanzas públicas, que ya hacían cuentas con ese dinero adicional.

Blel opina que es difícil medir el impacto de una posible caída de la no deducibilidad de las regalías en las finanzas públicas, pues esta se haría efectiva al presentar la declaración de renta del año 2023. “Si el fallo sale con afectación hasta el próximo 31 de diciembre, no pasaría nada y la medida no tendría efecto, pero si declara su inexequibilidad condicionada en el tiempo, por ejemplo, a partir de 2024, sí podría haber un pago por este concepto. Todo depende de lo que defina la Corte”, explica.

Ruiz añade que al evaluar el impacto sobre las finanzas públicas, lo más importante no es el recaudo que se podría dejar de percibir, sino la posible decisión de algunas empresas minero-energéticas de no seguir operando o invirtiendo, lo que tendría un mayor costo en el largo plazo. Esto teniendo en cuenta que ya el sector minero tiene unas cargas fiscales elevadas en Colombia.

La explicación

En sus intervenciones ante la Corte Constitucional para defender la prohibición de deducir las regalías en el impuesto de renta, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegura que es una medida que se basa en el hecho de que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales que ahí se encuentran; por lo tanto, las regalías son propiedad del Estado y no de los particulares que las pagan en dinero o en especie.

“Está claro que, por ejemplo, por cada 100 barriles de petróleo que se extraen, 35 son de la nación, vía regalías. Al permitir deducir esos 35, se le da al particular una propiedad que nunca fue suya. Lo que se debe deducir no son los 35 barriles, sino lo que les costó extraerlos (y esa deducción ya está en las normas tributarias)”, aseguró. Además, Bonilla añadió que los recursos de regalías van al Sistema General de Regalías, que administra Planeación Nacional y se ejecutan como inversión en los territorios. Eso significa que no entran al presupuesto general de la nación. Si, con la reforma tributaria, de allí salen más recursos para el impuesto de renta, se podrían aumentar los programas que se financian con el presupuesto.

Mientras que desde la industria minero-energética y en las empresas expertas en temas de contabilidad insisten en que esta medida, así como la sobretasa de renta para el sector –que igualmente fue incluida en la reforma tributaria– y que también está demandada ante la Corte Constitucional, se desincentiva un sector vital para la economía (tan solo de enero a septiembre de 2023 la minería aportó 7,2 billones de pesos en regalías), el ministro de Hacienda asegura que no buscan marchitar al sector, solo ajustarlo a una realidad global, y es que cada vez se va a demandar menos petróleo y menos carbón. Además, que la prueba de que el sector no está debilitado es que allí sigue llegando inversión extranjera.

Por ahora, no hay claridad acerca de hacia dónde se inclinará la Corte Constitucional, pues se sabe que los magistrados están divididos. El tema de fondo será cómo manejar una inatajable transición energética: si al paso acelerado que busca el Gobierno, a un ritmo más pausado o si simplemente no se hace nada. Un fallo nada fácil.