Las cuentas no cuadran en la reforma tributaria

Por lo general, las reformas tributarias sirven para aumentar el recaudo fiscal y atender algún déficit entre ingresos y gastos de los países. Pero la que comenzará su proceso legislativo esta semana en el Congreso es atípica: los beneficios que otorgará a personas de bajos recursos y a las compañías reducirán el recaudo más de lo que podrá obtener con los nuevos impuestos que establece.

Esto quizás tiene que ver con el hecho de que el Gobierno esta vez la bautizó ‘ley para la promoción del crecimiento económico’. Pero su propósito es el mismo: modificar el Estatuto Tributario.

Un análisis del impacto de los 136 artículos de la ponencia radicada la semana pasada muestra que las cuentas no cuadran.

Eso pasa porque por los nuevos impuestos el país recaudará menos dinero que los descuentos que otorgará para reducir la enorme carga impositiva que hoy tienen las empresas, y los beneficios anunciados esta semana por el Gobierno para pensionados, jóvenes desempleados y población más vulnerable. Los dos tipos de beneficios son válidos, pues mejorarán el desempeño empresarial y generan una buena señal de justicia social. Pero lo cierto es que no hay plata para tanto gasto.

Esto ha comenzado a encender las alarmas de los expertos. Fedesarrollo analizó la ponencia y encontró que, tal como quedó planteada, a partir del próximo año habrá una caída del recaudo de 5 billones de pesos que subirá a 8 billones para 2021, y a 10 billones en 2022. En los dos años siguientes, el país dejará de recibir entre 13 y 14 billones de pesos.

¿Cómo compensar este desequilibrio?

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, alertó al Gobierno y al Congreso para que aborden la discusión con el mayor grado de responsabilidad. Porque mantener una reforma tributaria que genera más gastos que ingresos pone en peligro la credibilidad de los inversionistas y de las calificadoras frente al futuro fiscal del país.

Por eso durante las discusiones los congresistas no deberían incluir nuevas normas que impliquen más gastos y agranden el déficit del recaudo. Más bien deberían pensar en reducir algunos de los generosos beneficios al sector empresarial, como el descuento del impuesto de industria y comercio, entre otros.

Pero el Gobierno está tranquilo. En varios escenarios, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dicho que esta reforma generará más ingresos fiscales por tres vías: el mayor crecimiento económico producto de una carga tributaria empresarial más liviana; la eficiencia de la factura electrónica, que el año entrante abarcará a más establecimientos, y la gestión efectiva de la Dian para cobrarles a los morosos.

Carrasquilla cita como ejemplo de los resultados de la Ley de Financiamiento el crecimiento de la economía en los primeros tres trimestres de 2019. También le atribuye mayor confianza inversionista y dinámica empresarial. Lo cierto es que este año la economía ha mejorado el ritmo y en el tercer trimestre el PIB creció 3,2 por ciento.

Tanto el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, como el asesor legislativo Javier Hoyos han alertado por el menor recaudo fiscal que generará la reforma radicada.

Además, el recaudo de la Dian de enero a octubre creció 11,5 por ciento, en buena medida por factura electrónica y gestión de cobro de la Dian, que hasta octubre logró 11,3 billones de pesos.

Pero nada de lo anterior significa que el Gobierno pueda descuidar el trámite que tendrá en el Congreso. O que no revise las concesiones a las compañías, que pueden ser generosas en exceso.

El Gobierno cree que logrará la aprobación de una norma muy favorable para el país porque concertó el paquete con casi todas las bancadas. Este incluye beneficios para las empresas con una reducción del impuesto de renta, así como la posibilidad de descontar el IVA a la importación de bienes de capital y al ICA. En el componente social quedaron incluidos beneficios como la devolución del IVA al 20 por ciento más pobre de la gente; la reducción escalonada del aporte en salud del 12 al 4 por ciento para los pensionados que ganen un salario mínimo; los tres días sin IVA en enero, julio y octubre para todos los colombianos, y descuentos adicionales para las firmas que empleen jóvenes entre 18 y 28 años.

Estos beneficios, sin embargo, tienen un costo importante. Para las compañías implican unas rebajas de unos 9,4 billones de pesos, según calcula Mario Valencia, de Cedetrabajo, mientras que para los colombianos más vulnerables representan beneficios por unos 4 billones de pesos.

El experto en gestión legislativa Javier Hoyos Arboleda recuerda que esto puede agravar la presión en el tema fiscal, que ya había generado alertas el año pasado durante el trámite de la Ley de Financiamiento y que pueden crecer aún más.

Vuelve y juega

Los cambios que a última hora han incluido tanto el Gobierno como los congresistas a la nueva reforma recuerdan de alguna manera lo que ocurrió el año pasado con el trámite de la Ley de Financiamiento en el Congreso. Esta fue presentada con un componente de descuentos de impuestos para las empresas, y para compensar el recaudo planteaba ampliar el IVA a todos los productos de la canasta familiar. Pero el Congreso derrotó la propuesta de Carrasquilla y al final dejó una ley con un recaudo muy inferior al esperado.

Esta vez la historia se repite. A la propuesta radicada por el ministro el 22 de octubre se le sumaron algunas iniciativas de congresistas de varias bancadas que en algunos casos implican más concesiones.

El estrecho lapso para lograr su aprobación podría ayudar. Una vez comience la discusión en las comisiones terceras de Senado y Cámara, prevista para el lunes 2 de diciembre a partir de las diez de la mañana, se espera que a más tardar el martes ya quede aprobada.

En las comisiones este proyecto tiene altas posibilidades de pasar, ya que a los votos del partido de gobierno y sus aliados se han sumado los de Cambio Radical. Como el Gobierno interpretó en el articulado las proposiciones de varios congresistas, aumenta la posibilidad de éxito.

Una vez aprobada en comisiones, deben transcurrir diez días para su debate en plenarias. Esto podría ocurrir a partir del 16 de diciembre; por eso, es probable que el Gobierno decrete sesiones extra para no repetir los errores de trámite del año pasado.

Por llegar con balance tan apretado, es imperativo que los congresistas se abstengan de colgarle más normas que terminen de hundir aún más el recaudo. Y en alguna medida el hecho de que solo quedan un par de semanas para surtir el proceso podría ayudar a que no le impondrán más cargas.

Rebajar el peso de los impuestos a las empresas y atender los reclamos sociales son decisiones legítimas, pero ocasionan un mayor gasto para el Estado y el bolsillo de los colombianos. Y en momentos en que los organizadores del paro piden frenar nuevas reformas tributarias, pone en una encrucijada al Gobierno, que solo podrá atender todos estos reclamos con mayor recaudo. Resolver esta paradoja será el gran desafío del Gobierno, con su ministro de Hacienda a la cabeza.