Los desafíos de los criptoactivos

Ni siquiera la pandemia ha logrado frenar el ritmo de los criptoactivos. Para julio de 2020, su valor de mercado en el mundo ascendió a US$209.000 millones, en el cual el bitcóin (la criptomoneda más transada en el planeta) participó con más del 60%. Junto con otras monedas virtuales, como ethereum, XRP y bitcóin cash, alcanzó a representar una cifra superior al 80% del mercado. Este aumento transaccional equivale al doble del registrado en el mismo periodo de 2019.

Sin embargo, su crecimiento no para, en especial el del bitcóin. En los últimos días alcanzó una capitalización de mercado superior a los US$235.000 millones, según el portal coin.dance, y su precio rompió la barrera de los US$13.000 por unidad, una de sus cotizaciones más altas. Se calcula que el valor del mercado de los criptoactivos ya supera los US$300.000 millones.

En Colombia, de acuerdo con un documento que circula en el Gobierno, al cierre de 2019 el bitcóin tuvo un movimiento de $421.162 millones (unos US$124 millones), esto es 1,7 veces el valor registrado en 2018.

Durante las primeras ocho semanas de este año, el promedio semanal de transacción de bitcóin ascendió a $6.547,5 millones (cerca de US$2 millones), que representan dos veces el volumen promedio registrado durante el mismo periodo en 2018 y 17 veces el observado en 2017. Sin embargo, otras plataformas de información consideran que en Colombia cada semana se podrían estar transando entre US$3 y US$5 millones en criptomonedas, principalmente en bitcóin.

De hecho, Colombia podría estar entre los diez países con mayor dinamismo en términos de cambios en la moneda local por bitcoines y viceversa. En varias ciudades del país ya existen decenas de comercios donde se transan abiertamente criptomonedas. Son reconocidas, por ejemplo, en el Park Way en Bogotá, en el Parque Lleras de Medellín o en los hostales cercanos a Santa Marta.

Colombia estaba en mora de empezar a definir las reglas del juego, en especial porque el negocio ha crecido en medio de la incertidumbre. Sin embargo, parece que llegó la hora. En los últimos dos años se han adelantado discusiones internas en entidades como el Banco de la República; las superintendencias Financiera, de Sociedades, y de Industria y Comercio; la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf); la Dian; los ministerios de Hacienda, Comercio y el de Tecnologías de la Información, y hasta en la Consejería presidencial para la Innovación y la Transformación Digital.

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Además, varias iniciativas toman importancia. Una, un proyecto de ley de Mauricio Toro, representante a la Cámara por el Partido Verde. Otra, el desarrollo de una ‘arenera’, un mecanismo que usará la Superfinanciera para probar mecanismos, sistemas y regulaciones en el desarrollo del negocio con pocos jugadores, incluido el sistema financiero. Además, la llegada de nuevos protagonistas y operadores del negocio, como los exchange, intermediarios especializados que tienen presencia regional y ofrecen servicios virtuales como casa de cambio, custodia y negociación, intercambio, transferencia, y compra-venta de criptoactivos, así como de emisión y negociación de derivados financieros sobre los criptoactivos.

Desde hace casi una década, las criptomonedas irrumpieron con fuerza en los mercados. Sin embargo, las operaciones se han caracterizado por dos cosas: una, la profunda volatilidad en los precios, que hace que los riesgos aumenten; otra, su opacidad, pues se convirtieron, en muchos casos, en instrumentos para engañar a incautos.

Avivatos captaban recursos con la promesa de invertirlos en criptomonedas y pagar los rendimientos de las operaciones. Sin embargo, desaparecían con los recursos e, incluso, con las criptomonedas. O también esquemas de pirámides en las cuales inversionistas entregaban recursos que se esfumaban en modelos hoy investigados por las superintendencias Financiera y de Sociedades. Además, su desarrollo también ha dejado en evidencia riesgos asociados en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, entre otros.

Colombia tiene tanta dinámica en este mercado por varios factores. Por un lado, la ilegalidad y el narcotráfico ven en un sistema poco transparente la oportunidad para mover y lavar activos. Por otro, la cercanía a Venezuela, un país donde los criptoactivos tienen una gran dinámica por la debilidad de su moneda. Finalmente, por el auge de remesas y giros, mercados en los que las criptomonedas pueden entrar a competir con fuerza, entre otros factores.

Los riesgos persisten, pero los modelos evolucionan y los mercados se dinamizan en esta segunda ola. El crecimiento exponencial de la economía digital ha llamado la atención de inversionistas, gobiernos y autoridades para que funcionen como un medio para el intercambio descentralizado de bienes, servicios y activos en los mercados. De hecho, desde gobiernos, como Venezuela con el petro, hasta Facebook con libra, han creado monedas virtuales. La primera lo hizo ante la pérdida de valor del bolívar y las dificultades para transar dólares. La segunda, para participar en un negocio gigantesco con una base de usuarios de más de 2.000 millones de personas en el mundo. Sin embargo, también otras movidas muestran la dinámica. PayPal, que procesó US$222.000 millones en pagos en el segundo trimestre de este año, anunció que permitirá la compra y venta de criptomonedas en su plataforma, como ya lo habían hecho Square Inc. y la firma de aplicaciones de comercio de acciones Robinhood Markets Inc. También, países como China y Japón quieren picar en punta en cuanto a establecer monedas virtuales.

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Como dice el informe del Gobierno, “los denominados criptoactivos se han caracterizado por ser activos digitales susceptibles de ser usados como medio de pago en el intercambio de bienes y servicios, como depósito de valor, y como unidad de cuenta. Usualmente, son denominadas en su propia unidad de cuenta y son guardadas, negociadas y transferidas electrónicamente. Así, se convierten en un referente de pago y financiamiento en el mercado internacional y local, pese a que su aceptación no es universal”.

El estudio agrega que la transferencia de activos digitales e información se permite mediante un registro público de las operaciones, sincronizado y compartido entre los participantes del esquema, sin necesidad de sistemas centralizados de emisión, registro, compensación y liquidación. Estos activos pueden ser almacenados en cualquier dispositivo y transferidos por internet con un alcance global en períodos muy cortos, bien sea persona a persona o con el apoyo de exchange. Algunas autoridades, como la Supersociedades, han advertido que no es posible aportar los criptoactivos en sociedades.

Sin embargo, también persiste un profundo desconocimiento y confusión en términos como criptomonedas y blockchain como sinónimos. Las primeras son activos digitales y la segunda es la tecnología sobre la cual se soporta este mercado, que se ha convertido en el referente en el mundo. Por eso, cualquier ejercicio alrededor de los criptoactivos tiene que venir acompañado de un intenso esquema de educación financiera para medir los riesgos.

La discusión apenas comienza y tendrá grandes ingredientes: la regulación, la vigilancia, la base tributaria, la protección al consumidor y hasta la protección de datos. En el largo plazo también llegará otro debate: el de la política monetaria, hoy monopolio exclusivo de los bancos emisores, sobre el cual el mundo está a la expectativa.

Las iniciativas

“Tenemos que pensar sobre las criptomonedas de una manera más amplia; no solo en bitcóin y ethereum –las más comunes–, sino en general como activos digitales. Estos tienen un alto potencial de innovación y disrupción (velocidad y bajos costos), pero se necesitará una regulación adecuada que permita esa innovación y la disrupción, y que al tiempo cuente con salvaguardas necesarias”, señala Jaime Morales, socio de McKinsey & Company en Medellín.

En ese sentido, en las últimas semanas, este debate ha tenido una nueva dinámica enmarcada por varios hechos: un proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes liderado por Mauricio Toro, del Partido Verde. Además, el anuncio de la Superintendencia Financiera de aprovechar un mecanismo en la economía digital que quedó incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo,conocido como las ‘areneras’ (sand box) regulatorias. Se trata de probar en escenarios controlados estas operaciones para definir los mejores mecanismos y regulaciones en su operación futura, y descartar barreras o normas obsoletas que no permitan su desarrollo. También, el interés de exchange en operar en el país directamente.

El proyecto de ley, precisamente, facilita la llegada a Colombia de estos exchange para que puedan ser vigilados y paguen impuestos. Según Toro, pueden existir bajo unas condiciones de Sarlaft (el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo). “Se crea el registro de exchange, que va a administrar una cámara de comercio en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Estos exchange reportarán cuánto se está transando, pagarán impuestos y le dirán a la Dian cuánta gente tienen”, agrega Toro.

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Los criptoactivos en Colombia se reconocen como activos, no como una moneda. Por lo tanto, se deben declarar en la renta. Además, no se permite que los exchange sean bolsas de ahorro o de depósito ni capten dinero.

La Superfinanciera ha liderado dos actividades. La primera, un piloto probado internamente para verificar qué situaciones complejas del pasado pueden tener solución hoy. Por ejemplo, la trazabilidad de las operaciones, identificar quién hace la transacción, cuál es la procedencia y cómo se ha movido ese criptoactivo. Y si tiene la capacidad de generar reportes a la Uiaf.

La otra, la ‘arenera’, apoyada por la Consejería presidencial para la Innovación y la Transformación Digital. En este momento el proceso va en la apertura de la convocatoria a entidades vigiladas y los exchange que lleguen. En enero, un comité determinará quiénes pasaron las aplicaciones y empezarán el próximo año a trabajar en la ‘arenera’.

“La evolución en los avances tecnológicos, las nuevas disposiciones de las autoridades internacionales y el marco normativo local generan un nuevo entorno para evaluar, en un ambiente controlado, las operaciones con plataformas de intercambio o “exchange” de criptoactivos, utilizando productos bancarios del sistema financiero”, advierte la Superfinanciera.

La idea es permitir el uso del sistema financiero para comprar o vender un criptoactivo, como se hace en Amazon o en Mercado Libre. Son procesos de cash in (volver criptoactivos dinero), o cash out (tener criptoactivos y volverlos pesos). La Uiaf y la Dian van a estar encima de las transacciones para comprender quién, cómo, cuándo y dónde hacen las operaciones, y definir su trazabilidad.

Está claro que los ahorros del público no van a estar invertidos en criptoactivos. No serán un activo admisible de inversión para un fondo de pensiones o una compañía de seguros, pues no se ha logrado solucionar la volatilidad del mercado y la especulación con esas monedas.

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El exchange tiene que estar registrado en Colombia y contar con la posibilidad de billeteras digitales, la tecnología que permite hacer la trazabilidad de las operaciones.

“Lo maravilloso es que vamos a ir avanzando en paralelo y así poder terminar el resultado de la ‘arenera’, al tiempo en que finaliza la discusión del proyecto en el Congreso”, dice Toro.

De otro lado, aparece el interés de nuevos jugadores, como los exchange. Por ejemplo, la plataforma de intercambio de criptoactivos Buda.com opera en cuatro países: Chile, Colombia, Perú y Argentina. “Somos un grupo de emprendedores que empezó en 2016, financiados, inicialmente, por el gobierno de Chile a través del programa Startup Chile”, dice Alejandro Beltrán, uno de sus representantes. En principio operó como una plataforma de intercambio de bitcoines y luego desarrolló infraestructura de código abierto para nuevos modelos de negocio. Actualmente opera mercados de cuatro criptomonedas: bitcóin, ethereum, bitcóin cash y lifecoins.

Es una infraestructura digital que conecta a compradores y vendedores de los mercados para que intercambien criptomonedas por moneda local.

“Aunque es un activo no regulado, no quiere decir que sea ilegal. A pesar de las dificultades que hemos tenido, hemos abierto y hecho una ardua interlocución con las entidades públicas, haciendo claridades jurídicas hacia la posición del sistema bancario en cuanto a las prohibiciones que se establecen. Actualmente operamos con fintechs, que nos han abierto las puertas para desarrollar sistemas transaccionales de recaudo y de inspección de fondos hacia el mercado”, agrega Beltrán.

Mauricio Toro, representante por el Partido Verde; Jorge Castaño, superintendente Financiero, y Alejandro Beltrán, de Buda.com

Dinero conoció que entidades como el Banco de Bogotá y Bancolombia hacen los análisis para participar en la ‘arenera’, lo mismo que Buda.com. Se espera, además, que lleguen otros jugadores, como las sociedades especializadas en pagos y depósitos electrónicos (Sedpe).

Las discusiones de corto plazo

A pesar de los avances, la situación está polarizada: por un lado, los promotores buscan que el Gobierno abra el mercado con mínimas restricciones, acepte rápidamente los criptoactivos y deje de estigmatizarlos, como ellos perciben; por otro lado, autoridades que quieren avanzar en forma conservadora, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado y las posibilidades de que en un escenario opaco las operaciones estén inmersas en actividades ilegales.

Una de las mayores controversias en esta etapa tiene que ver con que la ‘arenera’ se hace con entidades del sector financiero y los exchange deben llegar acompañados de ellas y no solos.

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Sin embargo, no es la única. Una de las más relevantes se pregunta si se trata de una moneda o no, pues eso tiene una rigidez constitucional. De hecho, incluso para hablar de criptomonedas, las autoridades han preferido referirse a criptoactivos, que tienen un tratamiento jurídico distinto. No obstante, esto abre nuevas preguntas: ¿Quién es el supervisor?, ¿quién responde por los consumidores, no solo financieros sino de otras operaciones donde no intervienen los bancos?, ¿se trata de movimientos comerciales o financieros?, ¿cuál es el nivel de certidumbre de esos activos?, ¿cómo lo vigilará el Gobierno para que no se preste para actividades ilegales?, ¿cómo será la estructura tributaria?, ¿quién vigilará y cómo será el esquema de competencia?, ¿cómo será el manejo de la protección de datos?

Incluso, algunos consideran que la regulación debe venir por medio de las ‘areneras’ o circulares, pero no de proyectos de ley, porque se trata de un fenómeno dinámico.

La buena noticia es que Colombia ya empezó la discusión para regular e incorporar estos activos digitales a su economía de una manera más controlada, en medio de la volatilidad de los mercados, pero también de la dinámica mundial. Ahora no hay que dejar empantanar la discusión y prepararse rápidamente para no quedarse con el pecado y sin el género.

En varias ciudades, ya existen decenas de comercios que transan abiertamente criptomonedas. Lo hace esta licorera en el tradicional Parque Lleras de Medellín, que atiende David Vélez Cuervo.

La otra discusión

Otras tensiones están relacionadas con las políticas monetarias y si las criptomonedas pondrán en jaque el sistema monetario.

Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ese es el punto de fondo: “Algunos países lo están viendo en el largo plazo como una amenaza al monopolio de la emisión de dinero. Este es un tema esencial a través del control de la política monetaria de las tasas de interés y su impacto en la actividad productiva”, señala.

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Si los bancos centrales en el mundo no tienen ese monopolio en la emisión de dinero, podrían perder buena parte de esa soberanía y de esa capacidad de influir a través de las tasas de interés, del control monetario y de los ciclos económicos, objetivo primordial de la política monetaria. Un reciente documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la adopción de dinero digital a través de las fronteras también conlleva riesgos y desafíos políticos. El informe advierte que, “a medida que se acelera el ritmo de la digitalización, es probable que el panorama de las finanzas internacionales se encuentre en un estado de cambio (...) La efectividad de la política monetaria podría verse afectada y los gobiernos soberanos podrían tener que usar varias herramientas de política para mantener la estabilidad financiera”.