De Afinia, Tigo-UNE e Hidroituango habló el gerente de EPM en entrevista con SEMANA. ¿qué es lo que más los apura?

Siete meses de revisiones

SEMANA: Tras siete meses en el cargo, ¿cómo ve hoy a EPM luego de sortear el fenómeno de El Niño?

John Maya: En EPM, tanto en energía como en agua, no tuvimos problemas. En los momentos difíciles, cuando estábamos en el tope del fenómeno climático, fue Hidroituango la que generó la energía que el país necesitaba para no llegar al racionamiento.

Desde ese punto de vista, a EPM, como prestadora de servicios, le fue muy bien. En el componente de agua, con la crisis que tiene Bogotá, nosotros tampoco llegamos a aplicar suspensiones. El embalse de Guatapé lo pudimos aprovechar y permitió tener reservas para cuando se necesitaba atender la demanda.

SEMANA: Y en términos financieros, ¿cómo van, de cara al requerimiento de inversiones?

J.M.: De los ingresos aún no puedo dar muchos números porque no los hemos llevado a la junta directiva, pero vamos por encima de lo que llevábamos en igual semestre del año anterior. Estamos creciendo al 6 por ciento y el ebitda al 11 por ciento. Las inversiones van por el orden del 75 por ciento de lo presupuestado y en caja tenemos más de 4 billones de pesos.

Poco se relaciona a EPM con el gas, pero tiene un buen pedazo de la torta

SEMANA: EPM también es un actor en gas, combustible hoy en riesgo de ser deficitario. A ustedes les incumplió Canacol en el suministro. ¿Cómo van a sortear esa situación y qué riesgos hay para el usuario?

J.M.: Como todas las distribuidoras de gas del país, tenemos una situación crítica. El resto de este año lo pasamos, pero a partir de diciembre de 2024 empiezan las preocupaciones.

Para 2025 estamos tocando puertas con minoristas para todos estos pozos pequeños, tratando de hacer una negociación. También está la alternativa de la regasificadora de Spec (de gas natural licuado-GNL), de manera que se pueda utilizar todo ese gas que podrían sacar, y que no van a utilizar las térmicas.

Allí habría 50 millones de pies cúbicos día, que entrarían a la oferta para comercialización, pero necesitamos aumentar esa capacidad a unos 80 millones de pies cúbicos día, a partir de 2025. Eso, sin descartar una importación, lo que podría repercutir en el usuario, porque saldría mucho más caro. Por lo tanto, hay que monitorear qué tan competitivo sería ese camino.

El verdadero apuro

SEMANA: ¿La situación se aprieta más después de 2025?

J.M.: Así es. La normatividad y la regulación deberían ser revisadas. El problema es que no tenemos Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas).

Ojalá pueda llevarse a cabo el anuncio del Gobierno de poder traer gas costa afuera, donde tenemos unas reservas que podrían abastecer el consumo en unos 15 o 20 años.

En la costa atlántica hay unos proyectos de tres o cuatro regasificadoras nuevas, todas necesarias para atender la demanda que se pueda venir. Pero se requieren acuerdos para que al menos una de ellas se priorice y los distribuidores podamos comprar ese gas.

Hay muchos otros frentes, desde el punto de vista de gas, en los que hay que tomar decisiones urgentes para evitar que haya un racionamiento y que terminen afectadas las industrias y las comunidades, sobre todo esa gente más pobre, a la que le saldría más costoso cambiarse a energía o, peor aún, tener que migrar al carbón o a la leña.

Importar gas, ¿es viable?

SEMANA: Menciona la necesidad de importar gas, lo que podría impactar las tarifas de un servicio que ha sido tradicionalmente barato. ¿Por qué se encarecería si ya importamos?

J.M.: Esta importación de gas no es igual a la que ya tenemos. El Gobierno tendrá que jugar un papel importante, porque una vez el consumidor se desincentiva es difícil recuperarlo. Es una situación muy compleja.

¿qué hay de la plata de la opción tarifaria?

SEMANA: En cuanto a la deuda de la opción tarifaria de los usuarios con los distribuidores, ustedes con Afinia tienen una importante. ¿Ya recibieron la plata que cubrirá el Estado?, ¿Cómo va la reducción de la tarifa para la gente?

J.M.: Con Afinia recibimos unos 287.000 millones de pesos por parte de Findeter, pero ahí todavía estamos pendientes de una reglamentación de la Creg. Hasta que no salga no podemos trasladarlo a las tarifas. Estamos pendientes, urgidos y haciendo todos los llamados para que se expida esa reglamentación.

Afinia, todo un reto

SEMANA: Con todas las dificultades que ha tenido Afinia, que ha llevado incluso a mencionar que podrían devolverla al Estado, ¿cuál es la expectativa que tienen con esa empresa?

J.M.: Como grupo EPM, somos una empresa responsable, orientada a la buena calidad en la prestación de los servicios públicos. Hemos invertido 2,3 billones de pesos en los tres años y medio que llevamos como dueños de Afinia operando en la región Caribe.

El resto de empresas similares, si sumamos todas las inversiones hechas por ellas en los últimos diez años, no llegan a los 900.000 millones de pesos. Eso es una muestra de que estamos interesados en responder por ese compromiso que adquirimos.

El problema en la costa hoy no es la calidad de servicio –como lo era antes, cuando este se prometía en las campañas políticas–. Según los indicadores Saif y Saidi (de horas y frecuencia con las que se aplican cortes en el servicio) estamos bien. El problema que tenemos son las tarifas altas.

SEMANA: ¿Y qué proponen para eso?

J.M.: Le hicimos una propuesta al Gobierno sobre las altas tarifas de Afinia, para equipararlas con las de ciudades como Medellín y Bogotá, planteando opciones en varios de los componentes de la estructura tarifaria (generación, comercialización y pérdidas) con la cual se puede establecer el costo unitario de prestación del servicio. L

a adopción de esas propuestas depende del Gobierno nacional. Por el momento, solo con la opción tarifaria, que para nosotros con Afinia representa 1,2 billones de pesos, tenemos déficit. Fue una estrategia que aplicamos con todos los estratos, pero el Gobierno decidió acotar lo que va a asumir de la deuda a solo tres estratos.

SEMANA: Es decir, si el Gobierno acepta las propuestas que mencionó, ¿Afinia solucionaría los problemas, tanto en calidad de prestación de servicio como en saneamiento financiero?

J.M.: En Afinia tenemos unos problemas muy complejos, pero hay dos puntos neurálgicos: pérdidas por alrededor de 27 por ciento, lo que es muy alto, pues en Medellín el promedio es de 8 por ciento y en el país, del 15. Rebajar un punto en pérdida implica una gran inversión.

El segundo punto es el recaudo, pues de un peso que se invierte en la costa se recaudan 60 centavos. La condición socioeconómica de la región lleva a que mucha gente viva en la informalidad, y su poco ingreso lo gasta a diario, por lo tanto, cuando les llega la factura del servicio del mes, se ven apurados para pagar.

Adicionalmente, venimos de una pandemia en la que hubo serios problemas económicos con cierre de empresas y desempleo, que además se juntó con un mayor consumo de energía por las altas temperaturas. Fue un círculo defectuoso que, como resultado, disparó las tarifas a 1.200 o 1.300 pesos el kilovatio hora, lo que a su vez llevó a que se incrementaran las pérdidas, pues ahora hay más energía de contrabando. La sumatoria de todas esas cosas hace que la situación de la compañía sea muy compleja.

De Hidroituango y TigoUNE

SEMANA: Luego de las cuatro turbinas que han encendido de Hidroituango, ¿cuándo prenderán las restantes?

J.M.: De la primera etapa, las cuatro máquinas que ya entraron, como son nuevas, requieren mantenimientos basados en los protocolos existentes, relacionados con horas de generación de energía, pero están en funcionamiento.

Para la segunda etapa se requieren muchos contratos, pero los más importantes son cuatro. Uno que tiene que ver con la parte civil y que implica recuperar el área sur, que es la casa de máquinas, donde todavía hay escombros, luego de lo que pasó en la contingencia. Está el contrato de transformadores, y son 25, tres por cada máquina, más uno de repuesto. Ya están listos.

Seguimos haciendo el trabajo subacuático de la máquina número 2, pues, cuando sucedió la contingencia, ese pozo no había sido revestido con concreto. Esperamos que en agosto terminemos ese proyecto.

En cuanto a las unidades de la 5 a la 8, ya se están haciendo las inyecciones de concreto, que son del orden de los 140.000 metros cúbicos de concreto, lo que permitirá estabilizar ese sector. Con todos esos contratos, el horizonte es que en 2027 tengamos toda la central hidroeléctrica funcionando con sus ocho máquinas.

SEMANA: ¿Qué decisión tomarán alrededor de la venta de Tigo-UNE, luego de que Millicom hablara de una fusión con Movistar?

J.M.: El alcalde hizo una solicitud al Concejo municipal para la enajenación de las acciones que tenemos en esta compañía. El procedimiento implica que se nombre una comisión de ponentes con un coordinador, proceso que empezará pronto, de manera que en unos dos o tres meses ya se hayan hecho los debates necesarios con el fin de establecer si se autoriza esa enajenación o no. Mientras tanto, no tenemos nada más por decir.

SEMANA: El Gobierno anunció una reforma a la ley de servicios públicos. ¿Cómo la ve?

J.M.: El Gobierno nacional no ha presentado la propuesta. Hay cuatro o cinco versiones distintas, por lo tanto, no hemos podido saber cuál es la real para poder opinar.