Debate sin mentiras, la petición de expertos con la reforma pensional, una de las que sacará al presidente Petro a marchar

En medio de un candente debate político, económico y social, previo a unas elecciones territoriales en las que los legisladores se juegan el apoyo de los ciudadanos de sus regiones, llegó al Congreso la ponencia de la reforma pensional con uno de los temas más sensibles, pues se trata del aseguramiento de las personas en una de sus etapas más vulnerables: la vejez.

La almendra de la reforma del Gobierno del presidente Gustavo Petro es el sistema de pilares y así se conserva en la ponencia, aunque con algunos ajustes.Sobre los pilares se teje un esquema pensional que busca cubrir a todos los ciudadanos, pues el que no tenga nada recibirá la solidaridad, con una asignación mensual que hoy sería de 223.000 pesos. Quien cuente con algo de cotización –entre 150 y 999 semanas– y se acerque a la edad de retiro estará en el escalón semicontributivo para recibir una mesada inferior al salario mínimo.

Los trabajadores cotizantes entrarán en el peldaño contributivo, en el que se separan los aportes, para que hasta tres salarios mínimos queden en Colpensiones y de ahí en adelante vayan a una cuenta de ahorro individual, como la que hoy administran las administradoras de fondos pensiones (AFP). Así se ataca el problema de los subsidios a las pensiones altas y se intenta proteger el mercado de capitales, teniendo en cuenta que las AFP invierten allí el ahorro pensional y ahora se haría lo mismo desde el sector público.

De esa ecuación, que a unos les suena bien, a otros regular y a otros tan mal como para pedir el archivo de la reforma pensional, se desprenden múltiples tensiones. Es el caso del umbral desde el cual se pasarán obligatoriamente los cotizantes de las AFP a Colpensiones, pues mientras unos opinan que esa medida sería adecuada, pero solo a partir de dos o un salario mínimo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sostiene que ese umbral sería algo inamovible.

En este debate, el investigador Fabián Hernández H., del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, hizo un llamado a “sincerarnos”, pues se utilizan argumentos basados en medias verdades que no sirven para reconstruir el sistema pensional. Señaló que se suele decir que el Régimen de Prima Media no tiene futuro, pero la realidad es que en el Seguro Social y en el sector público prácticamente no se cotizaba. “Esa plata aún nos hace falta. Se critica la existencia de subsidios en lo público, pero los bonos pensionales, necesarios para pensionarse en una AFP, también son un subsidio. Hoy nadie se pensiona en los fondos privados sin bono pensional o sin garantía de pensión mínima”.

Cobertura, ¿sube o baja?

En Colombia, solo el 20 por ciento de la población está cubierta para la vejez, frente al 61 por ciento en América Latina. Si bien la reforma apunta a aumentar cobertura, según Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, esto se lograría en el pilar solidario, pero en el contributivo ocurriría lo contrario.

Se pasaría de 1,5 millones de personas que reciben hoy 80.000 pesos mensuales del programa Colombia Mayor, a 2,5 millones, con 223.000 pesos, lo que, a juicio de Montenegro, es bueno, pero le preocupa la cobertura en el pilar contributivo, debido a que la reforma laboral está distante de la pensional.

“La reforma laboral va a incrementar los costos laborales en 20 por ciento, según Fedesarrollo. Y el Banco de la República, mediante un estudio, sostuvo que con ella habría 450.000 desempleados más”. Así, habría menos gente con posibilidad de cotizar.

La reforma reduciría la cobertura porque los afiliados a fondos privados que reciben pensión de un salario mínimo a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en vez de cotizar 1.150 semanas, tendrán que acumular 1.300 semanas (tres años más). Eso, en un mercado laboral informal como el colombiano, no es un asunto menor. Podrían no llegar a la meta de una pensión.

Ahorro, ¿en riesgo?

El plan de pasar billonarias sumas de los fondos privados a Colpensiones, sin el debido blindaje, enfrenta a académicos y políticos. El temor está en la idea generalizada de que las empresas públicas no son las más eficientes, pero el representante a la Cámara Heráclito Landínez pone el caso de Ecopetrol, que no solo es pública, sino la empresa más grande del país. Su argumento es que todo depende de quién lleve las riendas.

Con el fondo de ahorro en el que estará la plata de los cotizantes, la preocupación está en el blindaje de los recursos, para que no terminen convertidos en gasto ajeno al aseguramiento para la vejez.

Al respecto, la senadora Norma Hurtado, coordinadora ponente de la reforma, manifestó que se han dado avances y acuerdos parciales, de manera que exista un comité especial que hará que las decisiones que se tomen en este fondo no dependan del gobierno de turno.

¿Más edad?

La tendencia entre los colombianos que ven que no alcanzarán la pensión, es a pedir la devolución de los saldos de aportes realizados. Con la reforma se acaba esa posibilidad, pues la gente pedía los recursos, los gastaba y pasaba a aumentar el número de desamparados en la vejez.

En la ponencia se establecen unos topes de edad a partir de los cuales las personas podrán obtener los beneficios por formar parte de los pilares solidario y semicontributivo. En ambos casos se sube la edad. Así, si en Colombia Mayor podrían ser beneficiarios a los 54 años (mujeres) y a los 59 años (hombres), ahora tendrán que esperar a los 60 años las mujeres y a los 65 años los hombres.

En el pilar semicontributivo, que sería el equivalente al que hoy se conoce como programa de beneficios económicos periódicos (Beps), la edad pasa de 57 a 60 años en la población femenina y de 62 a 65 años en la masculina; con la salvedad de que la renta vitalicia que recibirán, sumando sus propios recursos y los que ponga el Estado, no podrá superar al 80 por ciento de un salario mínimo, mientras que en la actualidad ese tope es del 85 por ciento.

En la discusión sobre el aumento de la edad para pensionarse también está en el debate el hecho de que al trasladar a un cotizante de un salario mínimo desde los fondos privados hacia Colpensiones, este tendría que trabajar y cotizar 150 semanas más de lo que se le exige hoy.

¿Afecta a la clase media?

Desde la perspectiva del Gobierno, la reforma ataca el fenómeno de la pobreza, al darles a los beneficiarios del pilar solidario una asignación mensual equivalente al ingreso que automáticamente los sacaría de la línea de pobreza extrema (hoy equivalente a 162.000 pesos). La aspiración inicial de Petro era entregar un subsidio de 500.000 pesos, lo que sacaría a los ciudadanos de la pobreza monetaria (de esa línea se sale con 354.000 pesos). Por esa razón, el exministro de trabajo Ángel Custodio Cabrera se mostró partidario de que la reforma sea más agresiva en combatir la pobreza.

También hay opiniones que apuntan a que el proyecto ataca más a los colombianos de clase media. Centenares de profesores universitarios firmaron una carta en la que se oponen a la reforma y piden archivarla. “La catalogan de injusta en el régimen de transición, para los que no tienen aún las 1.000 semanas exigidas a la fecha, pero llevan años de trabajo y aportes al sistema pensional, con la expectativa de alcanzar una pensión parcialmente acorde con las cotizaciones hechas”.

Por su parte, Stefano Farné, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, advierte que con la reforma habría una visible reducción de la tasa de reemplazo, es decir, la diferencia entre el último salario y la mesada que recibirá el ciudadano en el momento del retiro. Los cálculos que presentó advierten que un cotizante con siete salarios mínimos que hoy recibe 65 por ciento de ese monto, pasaría a recibir el 40 por ciento.

El debate confirma que hacer una reforma pensional que deje contentos a todos no será posible.