Decreto para actualizar 34 leyes y 170 actos administrativos que indexaron precios de productos al salario mínimo saldría el viernes

Ya solo faltan las últimas puntadas del borrador de decreto que alista el Ministerio de Hacienda, para aplicar las medidas de control de la inflación a partir de la desindexación del salario mínimo de 204 bienes y servicios.

Para este viernes está previsto que salga a la luz la propuesta normativa que llevará a tener que ajustar 34 leyes y 170 actos administrativos, a través de los cuales se amarró el salario mínimo a varios componentes de distintos sectores de la economía, lo que ocasiona presiones inflacionarias que son las que ahora el gobierno pretende quitar.

Este es el mismo camino que siguió México hace varios años, cuando presentaron ante la Cámara de Diputados un proyecto para actualizar 149 leyes federales que hacían referencia a la figura del salario mínimo dentro de sus disposiciones.

En Colombia, según lo que ha mencionado hasta ahora el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el decreto será para que los bienes y servicios que hoy se indexan al salario mínimo, se amarren ahora a la UVT (Unidad de Valor Tributario), mientras se radican las leyes respectivas, pues, si la indexación se hizo en el Legislativo, igualmente tendrá que modificarse en ese mismo escenario.

Luego en el Plan de Desarrollo

El capítulo final de la política monetaria basada en la desindexación del salario mínimo sería introducir en el proyecto de ley del Plan de Desarrollo, que tendrá que entrar el próximo año al Congreso de la República, un mecanismo para crear una nueva unidad de valor constante que aplique en el futuro, y que sería basada en la inflación básica, es decir, la que elimine los efectos de circunstancias temporales que lleven a aumentar los precios. En consecuencia, para que no existan presiones inflacionarias provenientes de los alimentos, tendrían que ser excluidos de la canasta del IPC (Índice de Precios al Consumidor) aquellos ítems con comportamientos de precios muy volátiles o que estén fuera del control de la política monetaria. Por ejemplo: precios de los alimentos; algunos precios regulados (combustibles, servicios públicos, transporte), entre otros.

¿Cómo funcionaría?

El ejercicio de desindexar costos para los ciudadanos, del salario mínimo, para evitar que aumenten en la misma proporción, generando así una presión inflacionaria que lleva a la pérdida de poder adquisitivo, es algo que ya se ha utilizado en Colombia.

Por ejemplo, el artículo 49 de la Ley 1955 (Ley del Plan de Desarrollo), estableció que los cobros, las sanciones, las multas, las tarifas y estampillas que se instauraban en salarios mínimos, deberían ser calculados en términos de UVT. Eso implicaba transformar los montos, porque el verdadero efecto se empieza a ver después (en el mediano plazo), lo que seguramente volverá a suceder ahora.

Así, si una multa, antes de la ley del plan, estaba expresada en salarios mínimos y era equivalente a 10 salarios, suponiendo que hubiera sido impuesta con el salario mínimo actual, significaba que el implicado tenía que pagar 10 millones de pesos. Al pasarlo a UVT, que en 2022 es igual a 38.004 pesos, llevaría a que el multado quedaría sujeto a pagar 263 UVT (en plata, son 10 millones de pesos). Es decir, hasta allí, ningún cambio.

Entre tanto, el efecto que quitaría presión inflacionaria se daría en lo que se va a aumentar en el siguiente año, pues la UVT sube cada año con la inflación media causada en los doce meses, desde el 1º de octubre de 2022 al 1º de octubre de 2022. Para esa época, ya la inflación estaría entrando en la senda reduccionista, con lo cual, la UVT daría un equivalente menor en comparación a lo que puede representar un nuevo incremento del salario mínimo.

Sindicatos reclamaron por medidas del Emisor

Dentro de la mesa de negociación del incremento del salario mínimo, que es el escenario para debatir la política salarial del país, los sindicatos reclamaron porque el Banco de la República ha incrementado las tasas de interés y la inflación continuó su escalada alcista. “Es censurable que el Banco de la Republica tenga como estrategia antiinflacionaria elevar las tasas de interés, tal como se lo han recriminado los miembros de la Comisión Nacional de Concertación. El freno a la demanda no sirve ni a los productores ni a los consumidores y rompe el círculo bondadoso de que a mayor consumo mayor dinámica de la economía y mucho mejor si se protege el mercado interno favoreciendo la producción y el trabajo nacional, asunto de política económica que es responsabilidad del actual gobierno”, sostuvieron.