Delatar paga

El lunes pasado se transmitió el capítulo final de una telenovela llamada ‘Enron’. Esta apasionante historia de avaricia y corrupción tuvo de todo: muertos (dos), damnificados (miles), quiebras de empresas (al menos dos), escándalos de alta política (salpicó a la Casa Blanca) y condenas a granel. El último en sufrir el peso de la ley fue el ex presidente de la firma energética Jeff Skilling.
El juez Sim Lake le impuso una sentencia de 24 años. Aunque la condena impartida por el juez fue aplaudida por la mayoría, algunos cuestionaron la dureza de la pena al compararla con la de Andrew Fastow, el director financiero de Enron y el cerebro que ideó la manera de esconder pérdidas y registrar ganancias ficticias. A él apenas le clavaron seis años. Algo similar ocurrió con su colega Scott Sullivan, de la compañía telefónica Worldcom, quien ‘escondió’ 3.800 millones de dólares de gastos con el fin de inflar las utilidades. Éste sólo pasará cinco años en la cárcel mientras que a su jefe, el presidente de la firma, Bernie Ebbers, le esperan 25 años tras las rejas.
La diferencia en las penas tiene una explicación lógica: Fastow y Sullivan aceptaron colaborar con el gobierno, en vez de enfrentarse a un jurado compuesto por 12 iracundos ciudadanos. El famoso, y a veces tristemente célebre, plea bargain. A cambio de testificar contra sus jefes, se les otorgó unas significativas rebajas. Este sistema, que ha sido eficaz para condenar a grandes capos del narcotráfico, tiene una falencia inherente: termina premiando la actividad de un criminal. En todos los libros, artículos, ensayos y blogs que se han escrito sobre esa empresa, Fastow es la figura central de la estafa. Y aunque nadie cuestiona la responsabilidad de Skilling y Kenneth Lay, el fundador de Enron, quien murió hace unos meses, que Fastow esté libre en pocos años ha causado estupor.
El problema, no obstante, es que sin el testimonio del director financiero habría sido muy difícil condenar a Skilling –sólo Fastow sabía todos los detalles de las operaciones– y para la Fiscalía norteamericana ese escenario era una imposibilidad política. El gran público estaba ávido de comerse un pez gordo. Y más aun si se tiene en cuenta las estrechas relaciones que mantuvo el dueño de Enron con el presidente George Bush y el vicepresidente Dick Cheney.
Según una investigación del periódico The Washington Post, a Skilling se le está aplicando una severidad de pena incluso mayor que las de varios miembros de la organización mafiosa de la familia Gambino de John Gotti. ¿Es justo que pague más años en la cárcel un ejecutivo acusado de fraude que hombres responsables de asesinatos? La respuesta para muchos es afirmativa.
No fue siempre así. Antes de la debacle de Enron en octubre de 2001, la sentencia promedio para los llamados delincuentes de cuello blanco era de 13 meses, según cifras oficiales. El furor mediático y político que suscitó ese escándalo cambió la ecuación. Los castigos leves para los mandamases de las grandes empresas dejaron de ser “aceptables en Peoria”, como solía preguntarse el presidente Richard Nixon para conocer el pensamiento típico de la clase media norteamericana.
Que Enron haya producido semejante reacción refleja el grado de defraudación en que incurrieron sus directivas. Durante seis años, Enron estuvo dentro de las empresas más admiradas por la revista Fortune. Su dueño y su presidente, Lay y Skilling, fueron reconocidos varias veces por sus pares como los mejores ejecutivos, ejemplos a seguir. En agosto de 2000, el valor de la acción de la empresa llegó a 90 dólares. Quince meses después se regalaban en las calles de Houston. ¿Fue muy fuerte la sanción a Skilling? Como lo dijo el juez Lake, “sus crímenes han condenado a centenares, incluso miles, de personas a una cadena perpetua de pobreza”.