¿Deuda por bajar tarifas de energía a usuarios será pagada por el Gobierno a comercializadoras?, esto dice MinHacienda

Hace menos de una semana, el presidente Gustavo Petro hizo un anuncio que, si bien hizo celebrar a los gremios que agrupan las empresas de energía, causó preocupación en otras trincheras, pues el baúl de los recursos públicos probablemente no podrá disponer de tanta plata para soportar tanta carga.

El anuncio hecho por el mandatario se refería a asumir la deuda de la llamada Opción Tarifaria, que fue acumulándose en las comercializadoras de energía, principalmente en la época de la crisis provocada por la pandemia, cuando los usuarios estaban apurados y no disponían de la suficiente liquidez para pagar los servicios públicos.

Fue así como se activó la medida que permitía postergar el pago por el servicio, con el compromiso de asumirlo después. Sin embargo, la deuda se acumuló y suma 5 billones de pesos, la mayoría de los cuales está concentrada en la región Caribe, donde hay serios problemas para que se logre la amortización de lo adeudado.

El saldo acumulado, en su momento, se catalogó como un ‘Apagón financiero’, pues las comercializadoras, amarradas, sin suficientes recursos provenientes de su actividad, no podían comprar energía a futuro para cumplir su función.

El nudo se formó y fue así como el presidente salió a decir que el Estado asumiría esa obligación, por lo cual, le dijo al ministro de Minas, Andrés Camacho, que, primando el favorecimiento a las familias deudoras, procedieran a la titularización de esa deuda en cabeza del Ejecutivo.

Pero como el hombre de la billetera en el Estado es el ministro de Hacienda, hay que destacar lo señalado este martes 14 de mayo, por Ricardo Bonilla, quien se refirió al camino que están tomando para buscar los recursos.

¿Se podrá asumir esa deuda?

Según el funcionario que timonea la entidad que maneja las finanzas públicas, hay 2 billones de pesos en créditos que se están irrigando a través de Findeter, de los cuales se ha hecho entrega de recursos a Afinia, una de las dos comercializadoras de energía en la región Caribe. El lío es que salió a relucir que probablemente la empresa no podría pagar, por lo cual, la decisión del Ministerio fue darle la indicación a Findeter de que siga entregando los recursos ya disponibles.

El meollo del asunto ahora es que arranca la discusión para encontrar de dónde saldrán los otros tres billones de pesos, según expresó Bonilla, luego de participar en una audiencia pública sobre pensiones en el Congreso de la República.

De consolidarse el pago, lo que sin embargo no será tan fácil, o al menos, no tan pronto, debido a los aprietos financieros que tiene el Gobierno, los ciudadanos de la Costa Caribe verían reducir su tarifa actual en cifras de entre 7 y 19 %.