Aumento del salario mínimo: con luces y sombras, la discusión entra a su recta final

Este martes es un día clave en la discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2019. Aunque el Gobierno Nacional, empresarios, trabajadores y pensionados deberán llegar a un acuerdo antes del próximo 15 de diciembre, todavía no hay claridad sobre las propuesta que presentará el Ministerio de Trabajo.

La discusión de este año ha causado más expectativa de lo normal debido a varios factores que incluyen la discusión de una Ley de Financiamiento que avanza en el Congreso, la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez de aprobar una prima extra para los trabajadores y la decisión del gobierno de presentar en la mesa de concertación, por primera vez, su propia cifra de aumento salarial.

Sin embargo, los sindicatos todavía consideran que sobre el tapete hay muchos temas y gran incertidumbre. Mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) espera que el aumento sea de un 10 por ciento y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) tiene la expectativa de un 12, los empresarios no han destapado sus cartas. Además, esta será la primera vez en que el gobierno participe en la discusión poniendo sobre la mesa una propuesta, cuando anteriormente su papel se limitaba a la de un mediador. Lo que no hay que olvidar es que el Estado es un gran empleador en el país.

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Y mientras los trabajadores buscan aumentos elevados, economistas y técnicos aseguran que cualquier decisión que se tome frente al aumento salarial tendrá repercusiones importantes en temas como la generación de empleo y la informalidad laboral.

Los efectos de este ajuste salarial sobre la generación de empleo formal es una de las advertencias que los gremios han puesto sobre la mesa, atendiendo a criterios técnicos. Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la definición del salario mínimo debe atender, en primer lugar, el comportamiento de la inflación del año precedente pues la idea es cumplir la exigencia de la Corte Constitucional de garantizar la capacidad adquisitiva de los colombianos, y en segundo término, el comportamiento de la productividad. Todo apunta a que este año la inflación estaría alrededor del 3,4 por ciento y Planeación Nacional ya divulgó la cifra de productividad: 0,52 por ciento.

El experto de Fedesarrollo considera que un incremento muy alto del salario tendría un efecto negativo para el empleo si no se tienen en cuenta estos dos criterios técnicos. “Si hacemos un análisis del impacto que tiene esto —un aumento salarial muy alto— en términos de informalidad, sobre todo a nivel nacional y regional, vemos que los departamentos con más baja productividad tienen mayor informalidad”, asegura Mejía.

Por su parte, desde el centro de estudios económicos Anif se dijo hace algunas semanas que el aumento del salario mínimo no debe sobrepasar el 4 por ciento si al cierre de este año el crecimiento de la inflación se ubica en un 3,5 por ciento más el 0,52 por ciento de productividad. La sugerencia de Anif es que se siga la base universal en la que el incremento del salario mínimo es igual a la inflación más la productividad laboral.

Sin embargo, el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, cree que si se suma la inflación del 3,5  por ciento, la productividad de 1,5  por ciento y un 5  por ciento de la recuperación de la pérdida adquisitiva del salario mínimo de años anteriores, es posible hablar de un aumento del 10 por ciento. Para Gómez, la propuesta de la Anif no tiene en cuenta la realidad de las personas que sobreviven con el mínimo.

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Pero más allá de la cifra que podría variar el salario mínimo, hay quienes creen que es hora de poner la lupa sobre un fenómeno que afecta a miles de colombianos que ni siquiera reciben como pago el salario mínimo. Esta discusión la acaba de abrir la ONG de desarrollo Cuso International, que en su más reciente estudio encontró que el 19 por ciento de trabajadores con estudios de secundaria devenga menos del salario mínimo, mientras que este porcentaje es de 41 por ciento para quienes no tienen educación.

Cerca del 19 por ciento de la población ocupada asalariada no alcanzaba a ganarse el salario mínimo de 737.717 pesos que regía en 2017. Tras analizar a las personas ocupadas en el año pasado, su carácter de empleado asalariado/a y la relación de su ingreso laboral respecto al SMLV, los investigadores del estudio encontraron que la falta de educación y las brechas de género son los factores que más inciden en que la población trabajadora reciba una remuneración menor a un salario mínimo.

“De cara a la fijación del salario mínimo para 2019, Cuso International recomienda que en el proceso de negociación, el Gobierno, la representación de la población trabajadora y el sector empresarial busquen una voluntad compartida para ponerle fin a los altos niveles de evasión (no pago) del SMLV”, aseguró la organización.

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Según el estudio, el no pago del salario mínimo conlleva a problemas serios de exclusión social y económica de las personas en situación de vulnerabilidad. Entre las recomendaciones que hizo a la mesa de negociación es que se pongan en discusión mecanismos que generen un enfoque de género para que el porcentaje de mujeres trabajadoras que no reciben el salario mínimo sea menor.

Aunque se espera que las propuestas oficiales se conozcan este martes 11 de diciembre, lo más seguro es que el debate apenas comienza entre los tres sectores y que sus representantes deberán emplearse a fondo para lograr una cifra concertada. Sin embargo, no se descarta que el gobierno, que por primera vez llevará una cifra a la mesa, ponga sobre el tapete una propuesta promedio y le apueste a un 6 por ciento. En este tira y afloje, todo el país tiene puestos los ojos, pues es una de las discusiones que mayor interés despierta entre los colombianos.