La crisis económicas aumentan la desigualdad y con ella todos los indicadores sociales. | Foto: Juan Carlos Sierra

ECONOMÍA

Distancia social no es una novedad en América Latina

La crisis del coronavirus empeorará muchos indicadores sociales, incluyendo la mortalidad infantil.

2 de octubre de 2020

No es novedad decir que América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo. Lo que sí es un cambio es que con la pandemia del coronavirus probablemente se van a perder los esfuerzos que se habían hecho para reducir ese flagelo. Por este motivo, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaban de publicar un libro sobre el tema en el que proponen un nuevo contrato social para la región.

Explican que dicho contrato es un acuerdo implícito entre los miembros de una sociedad para definir derechos y responsabilidades, en el que cada uno sabe qué debe esperar del Gobierno y cuánto debe aportar para su funcionamiento. “Pero en América Latina el contrato social está fracturado, pues toda la población no disfruta de los mismos servicios tanto en cantidad, como en calidad”, asegura el texto titulado La crisis de la desigualdad. América Latina y el Caribe en la encrucijada.

Precisamente, el hecho de que el 10 por ciento más rico de la población capte 22 veces más de la renta nacional que el 10 por ciento más pobre es el gran responsable del malestar social que vive la región. A eso se suma la pandemia, que está haciendo aflorar las debilidades endémicas de las sociedades de América Latina, que llevan muchos años practicando el distanciamiento social, ampliando la brecha entre ricos y pobres.

Prueba de ello es que, en promedio, un estudiante que está entre el 20 por ciento de los más acomodados de su país tiene una probabilidad seis veces más alta de compartir experiencias con otros alumnos con de estatus socioeconómico superior que un estudiante que pertenece al 20 por ciento más pobre. En la OCDE, el promedio del mismo indicador es tres veces. Como consecuencia, los latinoamericanos más pobres casi nunca interactúan con los más acomodados.

Los autores del libro, que fue editado por Matías Busso y Julián Messina, sostienen que ese distanciamiento social ancestral de los latinoamericanos erosiona la confianza mutua entre los ciudadanos y sus instituciones, al tiempo que aumenta la desigualdad.

El golpe de la covid-19

El coronavirus ha afectado más a América Latina que a otras regiones porque la enfermedad cogió a la región con tres problemas estructurales severos: alta informalidad, alta desigualdad y baja productividad.

Hasta 2018 el nivel de desigualdad de la región solo lo superaba África Subsahariana, la pobreza moderada afectaba a una de cada cuatro familias y la informalidad a uno de cada dos trabajadores.

Esto hace que América Latina sea particularmente vulnerable ante los shocks económicos negativos y a que aumente la inequidad en estas situaciones, dado que solo los trabajadores formales disfrutan de prestaciones de seguridad social.

Quienes no tienen cubrimiento en salud, pensiones, riesgos profesionales o cajas de compensación son justamente quienes requieren una proximidad personal en sus empleos (lo que quedó congelado en las cuarentenas) o no son adecuados para el teletrabajo. En el libro del BID estiman que solo 10 por ciento de los trabajadores con los salarios más bajos tienen la posibilidad de teletrabajar.

Además, muchos de los sectores económicos que emplean personas con bajas cualificaciones, como restaurantes, hoteles, turismo y estética no funcionarán a plena capacidad hasta que no se disponga de una cura o una vacuna satisfactoria. Eso hará caer los salarios de los trabajadores no cualificados al haber más personas dispuestas a emplearse en esas actividades.

Por lo tanto, en el BID creen que los efectos en desigualdad de esta crisis persistirán más allá del periodo de confinamiento. Y el impacto no solo será en el mercado laboral, sino que a medida que aumenta la pobreza suben indicadores negativos como la mortalidad infantil. Calculan que una disminución de 1 por diento en el PIB per cápita aumenta la mortalidad de los niños en aproximadamente 0,27 por cada 1000 niños nacidos y la de las niñas en 0,53 por cada 1000 niñas nacidas.

Un panorama nada promisorio.