CONTRATOS
Ecopetrol negó contratos irregulares para favorecer a Pacific
La petrolera estatal explicó que los contratos firmados con la empresa Agrocascada son parte del programa de disposición del agua extraída como parte de la producción de crudo en los llanos orientales.
La petrolera estatal Ecopetrol le respondió a la Contraloría General que los contratos firmados con la filial del grupo Pacific Rubiales, Agrocascada, no son irregulares pues eran necesarios dentro del programa de disposición eficiente del agua extraída en la producción de crudo en los llanos orientales.
De acuerdo con Ecopetrol, dadas las condiciones geológicas del yacimiento del campo Rubiales, por cada 100 barriles de fluidos extraídos, 96 corresponden a agua y 4 a crudo. Por esta razón, la petrolera debía incluir dentro de su operación contratos para la disposición del líquido.
En cuanto a la construcción de paquetes de tratamiento de agua y líneas de conducción de fluidos para manejar el agua producida por vertimientos hacia los cuerpos de agua de la región, la empresa señaló que son de su propiedad y hacen parte de la operación del campo ubicado en el oriente colombiano.
“Las inversiones de la compañía se enfocaron en la compra de activos para la reducción en los pagos futuros en el proyecto agroindustrial, con el fin de generar el mayor beneficio económico para la empresa”, aclaró Ecopetrol y añadió que siempre ha entregado a la Contraloría la información que dicha entidad le solicita.
El pasado martes, la entidad de control denunció la irregularidad de varios contratos entre Ecopetrol y Agrocascada, por un total de $145.284 millones.
De acuerdo con la Contraloría, Ecopetrol autorizó la construcción de unas instalaciones que servirían para las actividades de la empresa Agrocascada por $99.947 millones. Además, el operador de Ecopetrol en el lugar realizó dos pagos por transferencias a un tercero por un total de $74.521 millones y realizó un contrato para “alquiler, operación y mantenimiento de una bomba horizontal para inyección de agua en el campo rubiales” que representó una pérdida para el Estado por $8.074 millones.
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