Cómo salvar 3,6 millones de empleos

El gobierno tendrá que meterse la mano al bolsillo para subsidiar parte del salario de unos 3,6 millones de empleados del sector privado en el país. Eso le costará cerca de 3,16 billones de pesos en un mes, es decir, 0,3 por ciento del producto interno bruto (PIB). Aunque no es su obligación constitucional, se trata de una inversión necesaria para mantener a flote la actividad productiva, y de paso evitar una debacle de la economía tras el aislamiento decretado por el Gobierno debido a la pandemia.

En efecto, el Gobierno no puede solucionar todos los casos con más créditos, como ha venido haciendo. Muchas de esas empresas no van a sobrevivir a punta de préstamos porque ya están ahogadas en deudas, y otras representan para los bancos un riesgo que las hace inelegibles. La única opción es que el Gobierno les dé subsidios para aliviar la carga de pagar salarios cuando no reciben ingresos.

Así lo estiman Eduardo Lora, execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, y el exministro Jorge Humberto Botero. Los dos expertos, que han estado marcados por la ortodoxia, acaban de presentar su propuesta al Gobierno en un documento titulado ‘Una estrategia para la defensa del empleo y la estabilidad de la economía’. Allí plantean, además, las opciones que tiene el Gobierno para obtener estos recursos.

Eduardo Lora. Execonomista del BID

La estrategia comienza con un diagnóstico de la situación que enfrentan miles de compañías paralizadas, de todos los tamaños, que se han quedado sin liquidez para pagar sus nóminas, para capital de trabajo o simplemente para cancelar sus gastos fijos.

Los autores reconocen que el Gobierno ha rebuscado los recursos necesarios a fin de capitalizar al Fondo Nacional de Garantías (FNG), y tiene en marcha un esquema que facilita los préstamos a las empresas por medio de Bancóldex, avalados hasta en un 90 por ciento por el mismo Gobierno. Pero afirman que eso no es suficiente; un buen número de empresarios simplemente no tiene cómo responder.

Jorge H. Botero. Exministro de Comercio

Abrir la llave del crédito a compañías paralizadas y sin ingresos no es sostenible por mucho tiempo. Lora y Botero creen que el país vive lo que ellos denominan “una triple contingencia fiscal”. Primero, el Gobierno probablemente tendrá que salir a responder por los créditos que dejen de pagar las empresas. Segundo, esto acumula riesgos para el sector financiero y aumenta las posibilidades de que el Gobierno tenga que salir a rescatarlo. Y tercero, al final el Gobierno deberá otorgar “subsidios directos a los trabajadores sin recursos que queden desempleados por la quiebra de las empresas”. Será una larga y tormentosa vuelta para llegar a la misma conclusión.

Por eso proponen tres salidas. La primera de ellas, para que afronten la crisis con una condición básica: no despedir a sus empleados. Esto le significa al Estado pagar el primer salario mínimo a estos 3,5 millones de trabajadores del sector formal. Gremios como Acopi advierten que los empleos en riesgo suman 17,3 millones, pero Lora y Botero señalan que muchos de estos son informales y ya reciben ayudas de programas como Familias en Acción o Ingreso Solidario.

Esto implica, en segundo lugar, trasladar una “avalancha de recursos” para que las empresas no se mueran, pues con el paso de las horas muchas están cerrando ante la falta de ingresos. En principio, calculan en 3,16 billones de pesos atender los pagos del primer salario mínimo, por el mes comprendido del 25 de marzo al 25 de abril. Aunque si el aislamiento no termina el 27 de abril y es necesario hacer nuevos cierres periódicos hasta noviembre, el costo podría multiplicarse por tres. Es decir que llegaría a 0,9 por ciento del PIB.

El tercer aspecto llama la atención sobre lo urgente de la medida. Esos recursos deben llegar lo más pronto posible y directamente a las cuentas de los trabajadores formales. Estos se pueden identificar por medio de los pagos de seguridad social que hacen las compañías en la planilla de aportes, lo que verifica con rigor la Unidad de Gestión de Pensional y Parafiscales (UGPP).

Los autores tienen claro qué hacer, pero ¿de dónde saldrá la plata? Hasta ahora el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para responder en dos frentes claves: asistencia a los más vulnerables y salud, con recursos que suman 14,5 billones de pesos.

Ha provisto las ayudas solidarias para la población más pobre al transferir liquidez y entregar mercados y raciones alimentarias. También ha destinado millonarios recursos –casi 4,5 billones de pesos– para dotar mejor al sistema de salud, la única manera de contar con las herramientas necesarias para enfrentar lo que viene ahora.

Pero los recursos son escasos y difíciles de conseguir. Lora y Botero coinciden en que este es un gran desafío; sin embargo, tienen sus propias propuestas: una convencional y una bastante innovadora. La primera, gestionar créditos ante entidades multilaterales, y la segunda, acudir a recursos de emisión de manera que minimicen los impactos inflacionarios y no pierdan la confianza de los inversionistas internacionales que invierten en títulos de deuda emitida por el Gobierno.

En el caso de los créditos, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha gestionado recursos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), y su otorgamiento no parece muy difícil. Se trata de una línea de crédito flexible por más de 10.000 millones de dólares, que, a diferencia de los tradicionales préstamos de esta entidad, no se limita a financiar la balanza de pagos (que garantiza que el país tenga divisas para importar sus bienes y, en general, pagar sus obligaciones externas). En este caso se puede utilizar para otras inversiones urgentes.

El exministro Botero destaca que Colombia, junto con México y Polonia, forma parte del grupo de países que tendría atención prioritaria del FMI por su buen comportamiento crediticio y su tradición de honrar sus deudas. Pero quizás estos no sean los únicos recursos que el Gobierno va a necesitar.

Por eso Lora y Botero plantean también un mecanismo de emisión, que aunque complejo, busca cerrar las puertas a futuras complicaciones cambiarias o en materia de confianza. La propuesta consiste en que el Banco de la República le haga un préstamo al Gobierno central, previo voto unánime de la junta, lo que no ha sucedido en los casi 30 años de la Constitución de 1991. Lo haría con un crédito forzoso a cargo de los contribuyentes del impuesto de renta. “Ese crédito lo pagaremos todos los contribuyentes a lo largo de los años, una vez hayamos salido de la crisis, y así mismo a lo largo de los años se hará el reembolso. Con esa fuente de pago el Emisor le anticiparía al Gobierno la liquidez que requiere la propuesta de protección del empleo”, explica Botero.

Los autores señalan que este mecanismo permitiría crear un pasivo a cargo de los contribuyentes, que se serviría en periodos largos una vez superada la crisis; dineros que el Gobierno reembolsaría en cinco o diez años mediante créditos para el pago de impuestos.

Eso sí, se necesita un procedimiento muy cuidadoso para mantener la confianza del mercado, evitar un golpe a la inflación o sentar precedentes que alguien pueda utilizar con fines populistas. Así se elimina la falsa expectativa de que ante cualquier crisis, el Gobierno puede presionar al Emisor para solucionar sus problemas de liquidez al poner a funcionar la fábrica de dinero.

Los autores recomiendan que la decisión se incorpore en un decreto de emergencia económica. Si los recursos solicitados al FMI llegan a tiempo y alcanzan para atender las necesidades generadas por el coronavirus, sería innecesario aplicar la propuesta de Lora y Botero, que, como ellos mismos anotan, implica riesgos. En caso contrario, esta podría ser una alternativa interesante.