EL ANCHO Y PROFUNDO MUNDO DEL COMERCIO ILEGAL

El proteccionismo y el libre cambio tienen en Colombia un pleito que va para casi dos siglos. Desde la ruina de las manufacturas de algodón de las provincias de oriente, por la competencia legal e ilegal de las telas inglesas en la época de los comuneros, pasando por la revolución derrotada de los artesanos que dirigió el General Melo en 1854, el conflicto resurge con regularidad, con notables diferencias. En ese entonces, el proteccionismo era respaldado por los artesanos, que posteriormente se organizaron en las Sociedades Democráticas, mientras al libre cambio lo defendian los comerciantes ricos de las ciudades.
Eran los tiempos de los gólgotas y draconianos dentro del partido liberal. Hoy las cosas han cambiado, la protección y el control del contrabando son exigidos por los poderosos gremios de industriales e importadores -Andi y Fenalco- y la libertad de comercio la ejercen a su manera los vendedores ambulantes, los venteros de los sanandresitos o los recién casados que aprovechan la luna de miel, para que su amor no les deje después únicamente penas sino también algo tangible como un T.V. a color o un equipo de sonido. Es decir, el proteccionismo ya no se asocia exclusivamente con la defensa de los intereses populares y el trabajo nacional, como antes, ni el libre cambio con los privilegios de los mercaderes ricos.
MITIFICACION DE LO EXTRANJERO
Los importadores legales se desarrollaron aprovechando sus nexos con los expertos y financistas para obtener representaciones y distribuciones exclusivas de mercancías dirigidas a las élites. El resto de estratos sociales quedó excluído del consumo de esos productos, debido a los elevados precios de venta. Su demanda se restringió a los artículos nacionales, menos vistosos, de menor calidad y comparativamente más caros, hecho que originó una mitificación de las mercancías extranjeras, que se convirtieron en una aspiración popular y también en un medio para amortiguar la discriminación social. Inicialmente, esto sucedió con los licores y cigarrillos y posteriormente se extendió a la ropa, radios, televisores, equipos de sonido y otros artículos menores. El contrabando ha servido para llenar aspiraciones de consumo de sectores medios y bajos que, de otra manera, no las lograrían, y se ha constituído en un atajo económico para imitar a bajo precio el consumo de las clases con ingresos altos.
Se ha dicho que en Colombia, el comercio ilegal ha proporcionado fuentes de trabajo a hombres y mujeres que no han sido ocupados ni por la agricultura ni por la industria. Con la ventaja adicional de que sus ingresos, en el caso de los venteros de los "sanandresitos", son superiores a los que devengarían como empleados, obreros o jornaleros. Unicamente en los "sanandresitos" de todo el país, se calcula que 50 mil familias viven de este negocio, y el solo anuncio del director de la Aduana Nacional, Rafael Poveda Alfonso, de que en un plazo de 15 días se deberían rematar todas las mercancías de contrabando, puso en pie de guerra a los afectados. Sin embargo, la posición de un gremio como Fenalco desmentiría esta versión, al sostener que el poco empleo que origina el contrabando genera desempleo en otras actividades de la economía nacional.
OPINIONES Y CIFRAS
Representaciones de los sanandresitos de Barranquilla, Buenaventura, Maicao, Bucaramanga, Medellín, Cali, Ibagué, Armenia y Neiva, desplegaron una intensa actividad en las últimas semanas, para impedir que el director de la Aduana Nacional cumpliera la determinación anunciada. Por su parte, representantes del Congreso y del Instituto de Estudios Liberales coincidieron en señalar que la propuesta del director de Aduanas no era la más apropiada para buscar una salida a la situación de ilegalidad en que se encuentran los "sanandresitos", y que su cierre no iba a reactivar la industria del país. Por el contrario, dijeron, se podría originar fácilmente una grave situación social y de orden público. Efectivamente, las muestras de descontento de los comerciantes de esos centros fueron beligerantes, y algunos expresaron que "la ley no es la única que tiene dientes".
Más sensata se consideró en su momento la actitud del industrial Carlos Ardila Lulle quien, después de proponer al gobierno el cierre de San Andrés como puerto libre para evitar el contrabando, dijo que el encarecimiento del dólar negro, por sí solo, le quitará competitividad a este negocio.
Efectivamente, gran parte del crecimiento del comercio ilegal durante los últimos años en el país ha sido consecuencia del precio más bajo del dólar negro frente al oficial, hecho que permitió comprar divisas baratas para traer mercancías de contrabando.
Igualmente, la revaluación del peso colombiano frente al dólar también propició ese fenómeno, haciendo más baratas las importaciones para el mercado colombiano. Como estos dos hechos han sufrido modificaciones -la devaluación anual se ha acelerado y está por encima de la inflación de este año- es de esperar que el contrabando perderá rentabilidad y por tanto disminuya apreciablemente sin necesidad de reprimirlo.
Pero la situación social es una y la realidad de las cifras otra. Aunque no hay acuerdo sobre las magnitudes del contrabando, se sabe que no deja de ser apreciable. El Departamento Nacional de Planeación calculó que en 1980 la importación ilegal de productos industriales ascendió a 634 millones de dólares (30.000 millones de pesos), aproximadamente un 13.% de las legales, que sumaron 4.662 millones. Por otro lado, Fedesarrollo estimó que para el mismo año, los viajeros aéreos al exterior introdujeron ilegalmente a su regreso de San Andrés, U.S.A. y Panamá, mercancias por 480 miílones de dólares. En promedio, cada pasajero que se trasladó a San Andrés en 1980 regresó al país con 23 kilos más de menaje que cuando salió; si venía de los Estados Unidos la cifra era de 20 kilos, y si lo hacía de Panamá, 8 kilos más. Según el análisis de las importaciones realizadas de la isla, los gustos de los turistas están bien definidos: 35% corresponden a cigarrillos y bebidas, 16% a electrodomésticos, 8% a materiales textiles y 5% a productos de perfumería.
Desde el punto de vista del gobierno y el sector privado, la preocupaclon por la competencia desleal, en época de recesión, y por la insuficiente tributación, en época de crisis fiscal, es comprensible. Sin embargo, puede suceder que el remedio propuesto resulte más dañino que la misma enfermedad. Hay quienes sostienen que el contrabando es perjudicial para la producción nacional, pero muchos consideran que de ahí a atribuirle a ese fenómeno la crisis del sector manufacturero, es caer en una exageración. Además, intentar solucionar este problema atacando su manifestación más obvia, no parece que sea la terapia más aconsejable.
Ahora, la solución al problema económico que afectará a los pequeños comerciantes e intermediarios que venden productos de contrabando no se ve clara. Estos proponen que el gobierno les proporcione fondos para hacer importaciones legales de los productos que compran actualmente a los grandes contrabandistas, quienes de seguro no pasarán apuros porque las ganancias pasadas fueron cuantiosas. Los que venden al menudeo consideran que aun importando legalmente y pagando todos los impuestos que reclama el Estado, pueden competir con el comercio organizado en Fenalco, porque tienen menores costos de arrendamientos e instalaciones y la mano de obra requerida la ponen ellos mismos y sus familias.
También opinan que para poder vender mercancías nacionales en mayor medida, es necesario que los industriales y sus distribuidores no los discriminen exigiendo pagos de contado, disminuyendo los descuentos por volúmenes de compra, y pidiendo requisitos que ellos ni ningún comerciante normal puede cumplir.
ZONAS FRANCAS
Otra faceta del problema menos vistosa pero de mayor importancia es la de las zonas francas. Estas entidades estatales fueron creadas para servir de base a industrias de exportación que pudieran importar sin gravámenes tanto la maquinaria como las materias primas requeridas. Situadas estratégicamente -Barranquilla, Palmira, Buenaventu}a, Cúcuta, Cartagena, Santa Marta e Ipiales- son el trampolín de buena parte del contrabando que se introduce al país. Según algunos observadores, la corrupción de estos organismos junto con la de la Aduana Nacional, facilita enormemente la importación de mercancías ilegales. "Allí sí se necesita la mano dura", dicen los venteros de los "sanandresitos" refiriéndose a las acusaciones de corrupción que se les hace.
Además de la falta de variedad y calidad de algunos de los artículos fabricados en el país, los sistemas de comercialización utilizados internamente los encarecen, disminuyendo su demanda potencial. Recientemente, el Superintendente de Industria y Comercio, Diego Naranjo Meza, denunció que "el comercio cobra intereses de usura a sus clientes por la venta a crédito de electrodomésticos y otros artículos". Igualmente, dijo que "El crédito comercial de ninguna manera tiene un costo equivalente a las tasas de interés efectivas que se vienen cobrando en algunos sectores del 200 y el 300%". De continuar esta situación, es poco probable que las ventas de electrodomésticos y otros productos nacionales aumenten frente a las importadas de contrabando. Tal parece que el lema de "colombiano compra colombiano", con el que se busca aumentar la preferencia por artículos nacionales, suena al oído de algunos comerciantes y distribuidores, como "colombiano come colombiano".