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Gobierno Petro alista nueva artillería en reformas para sectores clave: servicios públicos, minería y recaudo tributario
Mientras el país está pendiente de las reformas a la salud, la laboral y la pensional, el Gobierno ya tiene lista otra artillería de iniciativas que impactarían sectores esenciales. ¿Cuáles son las discusiones?
La semana pasada se reiniciaron las sesiones del Congreso con los ojos del país puestos en las reformas sociales del Gobierno Petro: la pensional, la laboral y la de la salud. Y desde ya se hacen cuentas de los votos que necesitan para ser aprobadas y hasta de lo que vendría, eventualmente, en la discusión en la Corte Constitucional.
Sin embargo, el Gobierno no se ha quedado quieto en materia de nuevas iniciativas y empezó a revivir algunas que habían sido aplazadas el año pasado. Ellas muestran el interés de la administración Petro por efectuar profundos revolcones en sectores específicos, como los servicios públicos y la minería, con una fuerte posición del Estado y la despedida de la producción de carbón. Asimismo, plantea mecanismos necesarios para que el Ministerio de Hacienda, a través de los litigios entablados por la Dian con deudores, pueda cuadrar caja frente a su plan financiero. Estas son esas propuestas y las principales discusiones.
¿Cambio extremo?
En días pasados se conoció un borrador de un proyecto de reforma a la ley de servicios públicos, que divulgó Portafolio. Plantea, entre otros temas, que la regulación de los servicios públicos esté a cargo del presidente de la república y pueda ejercer esta función directamente. Ya en 2023 se había propuesto esa posibilidad ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), lo que provocó un debate jurídico y un pronunciamiento del Consejo de Estado. También formula un ajuste al régimen tarifario, la creación de un mínimo vital para servicios como agua, energía y gas natural, así como la creación de comunidades energéticas.
Aunque el Ministerio de Minas y Energía señaló que avanza en la construcción de un proyecto de ley de servicios públicos, dijo que cualquier documento que se divulgue no constituye la versión final del que se radicará en el Congreso.
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Para Camilo Sánchez, presidente de Andesco, el texto es señal de intervención estatal para privilegiar lo público, lo cual perjudica el modelo actual, cuyo éxito ha radicado en la participación igualitaria de públicos, privados y mixtos. “Este es un proyecto que desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país y prácticamente quiere abolirla”, aseguró Sánchez.
Le preocupan las atribuciones que se le conceden al presidente como regulador directo, ya que las decisiones de las comisiones reguladoras con sustento técnico podrían ser reemplazadas por prioridades de carácter político. Tampoco hay claridad en las nuevas fuentes de financiación que faciliten los mínimos vitales en todos los servicios, incluyendo las TIC.
“Lo que funciona no se destruye, se mejora, y este proyecto podría desnaturalizar todo el modelo”, puntualizó Sánchez.
Adiós al carbón
Por otro lado, el Ministerio de Minas emitió la propuesta de articulado de la denominada ley minera. De acuerdo con el ministro Andrés Camacho, se trata de un proceso de transformación del marco minero-energético que busca resolver “problemas del pasado y construir el marco jurídico para la minería del futuro”.
En el espacio Avanza el cambio se refirió a situaciones de titulación en las que, a su juicio, no debió existir minería: “En páramo, en reservas ambientales y forestales. A través de esta nueva ley minera estamos trabajando para desarrollar una regulación que permita tener certeza de dónde sí se puede hacer minería, cómo hacerla y garantizar que sea responsable, segura y que genere para la gente condiciones de vida digna”.
Además, la ley busca que la pequeña minería –artesanal, de subsistencia, ancestral– sea sujeta de formalización.
Sin embargo, la carga de profundidad en el proyecto está en el carbón. Según la iniciativa, que comenzó el proceso de consulta previa, se prohíbe contratar la exploración y explotación de ese mineral.
A este proyecto se suma otro de finales del año pasado para la creación de Ecominerales, una empresa industrial y comercial del Estado que tendrá a su cargo la administración, manejo y disposición de bienes de reversión por títulos mineros, el acompañamiento a los programas de legalización y formalización minera, la comercialización, exploración y extracción de minerales estratégicos.
Las iniciativas han causado preocupación en los gremios mineros. Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la radicación del proyecto de ley que crea Ecominerales y la publicación del borrador de la ley minera, aunque dicen hallarse al servicio de la transición energética, no están acordes con las tendencias mundiales de políticas públicas e incentivos a la inversión privada.
“Hoy el mundo está en una carrera para asegurar la creciente demanda de tecnologías más limpias y menos contaminantes. Por ello, el aprovechamiento de minerales debe ser más eficiente y con menor impacto. Sin embargo, estas iniciativas pareciera que lo que pretenden es una estatización de la actividad minera y un aumento en las barreras de ingreso de la inversión privada en las distintas etapas del ciclo minero”, dice Nariño.
Agrega que las iniciativas eliminan la posibilidad de desarrollar proyectos de carbón térmico “sin contar con planes concretos y alternativas claras de ingresos para las familias y regiones carboneras”. También advierte que la extracción ilícita de minerales no se menciona en el proyecto.
Por su parte, para Fedecarbón “Colombia no puede renunciar al aprovechamiento de sus reservas de carbón térmico sin tener claro un horizonte de transición fiscal y productiva de la nación y las regiones. Sería un error apagar nuestra industria a la carrera, a un ritmo mayor que la reducción de la demanda global”.
Cuadrar caja
Por su parte, el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley sobre arbitraje de litigios, cuyo propósito es autorizar esta figura para solucionar disputas tributarias, aduaneras o cambiarias entre los contribuyentes y la Dian, y así agilizar y mejorar la eficiencia en la resolución de estas diferencias frente a los procedimientos judiciales convencionales.
La idea es elegir inicialmente las reparaciones directas, las acciones de nulidad y el restablecimiento del derecho relacionados con el impuesto sobre renta, el IVA, los decomisos de mercancía y las contribuciones de obra pública mediante árbitros especializados en impuestos.
El proyecto de arbitraje pretende que la Dian recaude cerca de 15 billones de pesos, que están en la planeación financiera del ministerio. Los cálculos del Gobierno son estos: los procesos activos suman 7.112 y representan cuantías por valor de 27,3 billones de pesos. De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, la tasa de éxito en el último año para los litigios en términos de montos fue del 54 %, con lo que la Dian podría obtener decisiones favorables inicialmente por valor de 14,7 billones de pesos. Los procesos durarán de ocho a diez meses y no años como si fuera un pleito ante un juez.
Para David Araque y Álvaro Andrés Díaz, de la firma de abogados Gómez Pinzón, la posibilidad de acudir no solamente a los jueces, sino también al arbitramento para resolver las controversias tributarias sería una gran alternativa. “Les serviría no solo a los contribuyentes, sino también a la propia administración. Hay tanta congestión para tan pocos jueces que las controversias demoran entre cinco y siete años como mínimo para resolverse, lo que implica mayores costos”.
Sin embargo, la iniciativa se podría enfrentar a las sentencias de unificación de las altas cortes, como el Consejo de Estado, que precisamente unifican posiciones en determinados temas. La inquietud tanto para Araque como para Díaz es que ante un fallo de un árbitro que lo haga en sentido contrario a la unificación se podría generar un conflicto.
Pero no es la única duda en torno al proyecto. También hay inquietud frente al recaudo que se pueda alcanzar para cuadrar caja en las finanzas públicas. La primordial advertencia la hizo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que señaló: “El principal factor de riesgo es la programación de gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos por 15 billones de pesos bajo el rubro de arbitramento de litigios”.
Por otra parte, para algunos expertos el cálculo de los 15 billones de pesos que planteó el Gobierno está basado en estimativos “discutibles”. Juan Camilo de Bedout, de la firma Posse Herrera Ruiz, señala: “Considero discutible el mencionado cálculo, puesto que se toman periodos bajo diferentes anualidades de evaluación del ‘éxito’ para llegar a una conclusión común. No se define qué se entiende por ‘éxito’ y se difiere fuertemente de las estadísticas que presentó el Consejo de Estado y el Instituto de Derecho Tributario y Aduanero con relación al éxito de las partes en las discusiones tributarias, aduaneras y cambiarias”.
