“El Gobierno nacional incurre en una decisión errada interviniendo las EPS: ataca el síntoma antes que la causa”, la seria advertencia de Anif

La crisis desatada la semana anterior en el sector de la salud, con la intervención de la EPS Sanitas y la Nueva EPS, por parte de la Superintendencia de Salud, así como el anuncio de Compensar de solicitar el retiro de su EPS y entrar en liquidación, sigue generando reacciones sobre la preocupante situación del sector.

Anif, uno de los principales centros de pensamiento del país que encabeza José Ignacio López, hizo un análisis sobre el contexto en el que se está desenvolviendo la salud en Colombia. Se pregunta si se está frente a una crisis inducida del sistema de salud y afirmó que la situación actual de las EPS evidencia el desfinanciamiento del sistema, pues en su concepto los incumplimientos en pagos de presupuestos máximos, recobros y compensación por parte de la Adres comprometen el flujo de recursos.

Dentro de sus cálculos establece que el valor del impago por parte de la Adres hacia la Nueva EPS asciende a $ 3,04 billones –la deuda más grande de la Adres– y el rubro más alto de impago es por presupuestos máximos que equivalen a $ 1,05 billones. En el caso de Sanitas, el valor del impago suma $ 1,53 billones y de presupuestos máximos ese impago asciende a $ 735.000 millones.

“A pesar de que hay un incumplimiento en cuanto al régimen de inversiones de las Reservas Técnicas, Sanitas es la que tiene el mayor porcentaje de obligaciones respaldada en activos”, afirmó Anif. Y agregó: “Con la reciente decisión del Gobierno se pone en riesgo uno de los mayores logros de equidad del sistema y el derecho a la salud de los colombianos”.

El panorama

Anif asegura que ha alertado sobre la intervención de las EPS por parte del Gobierno. Para este centro de pensamiento, la situación financiera de la EPS es el reflejo de un manejo inadecuado de las finanzas del sistema de salud por parte del Ejecutivo. Además, genera riesgos sobre el flujo de recursos y pone en jaque el aseguramiento y goce efectivo de la salud.

Recordó que, desde el inicio de este año, la Corte Constitucional identificó problemas con la fijación, reajuste y pago de los presupuestos máximos, uno de los principales recursos que fondean la salud. Este alto tribunal ordenó al Ministerio de Salud saldar las deudas con las EPS. Si bien la Adres giró un monto equivalente a $ 1,1 billones, correspondiente a 2023 y primeros meses de 2024, esto –a juicio de Anif- no cubre el déficit al que se enfrenta el sistema. “Este asciende a una cifra cercana a $ 10 billones según nuestras estimaciones. En esa línea, no solo los presupuestos máximos han representado un reto para las EPS, la falta de cumplimiento de pago por parte de la Adres por concepto de UPC (unidad de pago por capitación), recobros, compensaciones e incapacidades, implicó que desde el año pasado se viniera alertando una crisis financiera para varias aseguradoras del país”, argumentó este centro de pensamiento.

Respecto a las EPS recientemente intervenidas, por la falta de recursos, estas entidades han acumulado deudas crecientes. Según los datos con corte a diciembre de 2023 de la Superintendencia de Salud, explica Anif, la Nueva EPS acumulaba una deuda por servicios de salud equivalente a $ 1,01 billones, mientras que en el caso de Sanitas se situó en $ 993.000 millones que se explican por el desfinanciamiento del sistema y el aumento de costos experimentados por parte de los prestadores.

Anif aclaró que luego de la pandemia por la covid-19 hubo un desbalance de las cargas epidemiológicas que recibieron las EPS, por el traspaso voluntario y asignado de usuarios por parte de la Supersalud ante liquidaciones como la de Medimás. Así, Sanitas y la Nueva EPS fueron las que admitieron más usuarios, aumentando el número de pacientes con enfermedades crónicas y con eso sus costos en prestación de servicios.

Para Anif, el borrador de decreto presentado que establece destinar el 5 % del pago de la UPC para la financiación de equipos básicos de salud, “restaría recursos para la ya comprometida provisión de servicios de salud”.

La discusión de las cuentas

Según Anif, para responder a la demanda de sus usuarios, varias EPS han tenido que hacer uso de su propio capital, específicamente de sus reservas técnicas, que son los recursos que las EPS deben tener disponibles para cumplir con las obligaciones –actuales y futuras– que se derivan de su actividad. Es decir, las reservas técnicas se pueden entender como aquellos activos que permiten respaldar un pasivo y así satisfacer requisitos de liquidez y seguridad para poder realizar los pagos a su red de prestadores. Esta herramienta permite financiar el pago de las prestaciones incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), los servicios y tecnologías incluidos en los Presupuestos Máximos, el plan de atención complementaria (PAC) y las incapacidades.

Sin embargo, dada la necesidad de recursos, desde el año pasado la mayoría de las EPS, entre esas Sanitas y Nueva EPS, incumplieron con el mínimo requerido de reservas. Eso ha implicado que 21 de 26 EPS no cuenten con los recursos necesarios para poder respaldar las obligaciones asociadas a su actividad, señala Anif.

Además, advierte el centro de pensamiento, por normatividad, el ciento por ciento de esos recursos deberían estar respaldados en activos de inversión. Con la necesidad de flujo para suplir la demanda, es un frente que tampoco ha logrado cubrirse. “Según los estados financieros de las EPS con corte a octubre de 2023, estas destinan al cumplimiento de reservas técnicas un valor de $ 13,7 billones. Sin embargo, de ese total, solo $ 1,3 billones se encuentran respaldados, lo que implica un faltante total de $ 12,4 billones. De forma particular, se observa que, al tomar el total de activos invertidos sobre el valor de la provisión de reservas técnicas, Sanitas cuenta con el mayor porcentaje de respaldo (49 %). De hecho, se encuentra muy por encima del total del sistema, donde esta proporción es tan solo del 10 %”, explica Anif.

En conclusión, el sistema enfrenta un serio problema de financiamiento. Anif advierte que el mecanismo de ajuste de la UPC no reconoce el incremento en la demanda de servicios e impone presiones al sistema. “Además, el incumplimiento de pagos por parte de la Adres, termina por lapidar el esfuerzo de las aseguradoras de mantener niveles de solvencia saludables.