Inesperado giro del caso InterBolsa

Una de las primeras grandes decisiones de Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal general de la Nación tuvo que ver con el sonado caso de InterBolsa. No habían transcurrido 12 días desde su posesión, cuando expidió dos trascendentales resoluciones mediante las cuales negó un principio de oportunidad a Rodrigo Jaramillo y tumbó los concedidos a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, cabezas del descalabro de InterBolsa y el Fondo Premium.

Con esta decisión, el fiscal Martínez no solo se apartó de los criterios con que su antecesor manejó, en algunos aspectos, este caso, sino que sentó un precedente del rigor que aplicará a los delitos económicos o de cuello blanco. De paso comenzó a atender la solicitud que le hizo el propio presidente Santos cuando lo posesionó el primero de agosto: “Necesitamos respuestas, señor fiscal, en casos emblemáticos que generan –con razón– la indignación de la ciudadanía. Casos como los de Saludcoop, Caprecom e InterBolsa siguen estando en la palestra sin que sintamos que los culpables hayan respondido –como deben– frente a aquellos a quienes defraudaron”.

La verdad es que, a pesar de la celeridad y firmeza con que la Fiscalía comenzó este caso hace cuatro años, al imputar a más de 30 involucrados -varios hoy en la cárcel-, en la última etapa el proceso había tomado un rumbo desconcertante.

Las víctimas y la opinión en general sintieron como una gran ofensa que la Fiscalía de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo concediera un principio de oportunidad a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo y estudiara uno para Rodrigo Jaramillo. El acuerdo entre los dos primeros y el ente acusador tenía que ver con el delito de captación, el cargo más severo que enfrentan. Los dos cerebros de Premium planteaban colaborar con las autoridades a cambio de que les rebajaran la pena, pero también, a juicio de algunos abogados, buscaban librarse del delito de lavado de activos (una consecuencia de la captación), cargo aun más grave.

Por su parte, Rodrigo Jaramillo, quien paga una condena (domiciliaria) de siete años por manipulación de acciones y administración desleal, esperaba un principio de oportunidad para los dos delitos que no aceptó, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir. A cambio del beneficio aportaría información y serviría de testigo de cargo en el proceso.

Para los abogados de las víctimas, el beneficio que buscaban estas tres personas significaba sencillamente la desnaturalización misma del principio de oportunidad, que tiene sentido cuando los mandos medios o bajos de una organización delatan a las cabezas principales, y no al revés, como ocurriría en este caso.

Todo esto, unido a la lentitud de la etapa judicial y las artimañas jurídicas de los abogados defensores para dilatar los procesos, puso a muchos a pensar que este caso iba camino a la impunidad.

Sin embargo, tras la decisión del nuevo fiscal el proceso comienza a tomar otro rumbo. Las razones expuestas por Martínez en las dos resoluciones emitidas el 12 de agosto le devolvieron la esperanza a quienes pensaban que, como siempre, “la justicia es para los de ruana”.

A juicio del fiscal general, la aplicación del principio de oportunidad en este caso no resultaría idónea, necesaria, ni proporcional. Afirma que “la colaboración que hasta la fecha han presentado los aspirantes al beneficio no resulta necesaria ni indispensable para la investigación, porque el ente investigador cuenta con otros elementos materiales probatorios y testimonios de otras personas a quienes ya se les concedió el beneficio”.

Para el jefe del ente acusador, las conductas de los procesados en este caso afectaron gravemente a la sociedad, no solo desde el punto de vista económico, sino también en lo relacionado con la confianza pública en el sistema financiero y bursátil. Y aún más, señala que “su colaboración no se extiende al ofrecimiento de activos que permitan reparar el daño causado a las víctimas”.

Igual contundencia expuso para rechazar la solicitud de Rodrigo Jaramillo. Según el fiscal, el expresidente y fundador de InterBolsa iba a recibir más beneficios de los que la justicia recibiría de su parte. Recuerda que no se puede dejar de lado la calidad que ostentaba el directivo dentro del entramado societario. “Ha quedado en evidencia que desde el inicio intervino en el diseño y ejecución de la estrategia para lograr los objetivos planteados con el engranaje creado”.

En consecuencia, el fiscal ordenó continuar con la acción penal contra estas tres personas, lo que para muchos le da un giro de 180 grados al caso.

Sin cantar victoria, Sergio Rodríguez Azuero, apoderado de las víctimas del Fondo Premium, considera que el proceso ha tomado el rumbo correcto. Igualmente opina el abogado Francisco José Sintura, quien representa al Estado como víctima en este proceso.

Lo que sigue

Una vez cerrado el capítulo del principio de oportunidad, el próximo paso es la audiencia para fijar la condena que deberán cumplir Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, por los cargos que reconocieron, es decir, estafa, manipulación de acciones y concierto para delinquir.

La audiencia está prevista para el 7 de septiembre y las dos cabezas de Premium se exponen a una condena que podría ser de15 años. Sin embargo, como aceptaron cargos, tendrán derecho a una rebaja entre un 33 y un 50 por ciento. Es decir, en la peor de las circunstancias, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo pagarían siete años y medio de cárcel.

Sin principio de oportunidad tendrán que ir a juicio por captación y no reintegro, delitos que de ser probados por la Fiscalía les implicarían una condena mucho mayor. Cabe anotar que hay un antecedente que muestra el rigor con que actuó un juez en este caso. Se trata de la condena a John Alexander Muñoz, exgerente de Valores Incorporados (filial de Premium), quien recibió 25 años por los mismos cinco delitos. Sin embargo, por haber aceptado los cargos, Muñoz logró una rebaja de hasta el 50 por ciento en la condena, es decir, que pagará 13 años. De alguna manera esto también explica el afán que tenían de buscar el principio de oportunidad.

Ahora bien, no basta con que la Fiscalía acelere sus acciones, pues también hay que contar con los jueces. En este sentido, los procesos poco avanzan por la estrategia de los abogados de dilatar las audiencias, como presentar nulidad contra los escritos de acusación, algo considerado insólito.

Por ahora, hay muchos procesos abiertos, tanto en el caso de InterBolsa como del Fondo Premium, y eso comienza a preocupar porque los vencimientos están encima y el tiempo para las prescripciones de los delitos también comienza a correr.

El problema es que se van a completar cuatro años de la caída de InterBolsa, el escándalo financiero más sonado en lo que va del presente siglo, y eso desespera a muchas víctimas que no solo piden que les devuelvan el dinero que invirtieron, sino que el Estado castigue ejemplarmente a los responsables de la debacle.

Precisamente en el tema de la recuperación de los dineros invertidos en el Fondo Premium hay una buena noticia, pues la Superintendencia de Sociedades notificó que en septiembre realizará la audiencia para resolver las objeciones hechas a la valoración del inventario de los bienes embargados a los responsables de esta quiebra. Una vez quede en firme ese valor, se podrá proceder a venderlos o adjudicarlos, lo que en últimas significa que los defraudados están cerca de recuperar al menos algo de su dinero.

En lo penal, no es un secreto que desde que Martínez fue nombrado fiscal por la corte, muchos anticiparon que este caso de InterBolsa daría un vuelco, por tratarse del abogado más experto en temas financieros y de banca de Colombia. No solo se abrió la esperanza de que este descalabro no quede impune, sino también que habrá mano dura contra estos delitos de cuello blanco, que por estos días nuevamente son protagonistas.