“El mecanismo del fast track es innecesario y la constituyente es inoportuna e inconveniente”: expresidente de la Corte Constitucional

SEMANA: El presidente Gustavo Petro ha hecho anuncios sobre la constituyente o el desarrollo del fast track. Usted, ya fuera de la Corte Constitucional y en el ejercicio de la carrera, ¿qué es lo que está viendo y cómo analiza este escenario?

ALEJANDRO LINARES: Veo algo positivo con la llegada del ministro Juan Fernando Cristo, en el sentido que él ha dicho que se van a utilizar las vías institucionales para reformar la Constitución. Haciendo referencia al artículo 374 de la Constitución, la Constitución solo se puede modificar a través de una asamblea constituyente o un acto legislativo o un referendo a través del pueblo. Entonces, eso es un aspecto positivo porque antes estábamos un poco inciertos frente al planteamiento del presidente del poder constituyente.

SEMANA: Ese poder constituyente, ¿cómo lo veía el presidente y cómo se podía aplicar frente a una reforma constitucional?

A.L.: La teoría constitucional analiza el poder constituyente. Es una idea muy atractiva y pienso que el presidente Petro está muy atraído por esa idea. Pero creo que hoy en día se ha despejado un poco el camino, la incertidumbre, en el sentido de que no se va a hacer una reforma constitucional a través del poder constituyente, sino a través de las vías institucionales que consagra la misma Constitución. De hecho, el artículo tercero de la Constitución colombiana señala que la soberanía reside en el pueblo, pero que el pueblo ejerce esa soberanía a través de los mecanismos e instituciones consagrados en la Constitución, y el artículo cuarto habla de la supremacía constitucional. Entonces yo veo cierto optimismo con la llegada del ministro Cristo.

SEMANA: Tanto la constituyente como el mecanismo de fast track, en tiempos, ¿qué significan para una reforma constitucional o para que pasen las reformas que quiere el presidente?

A.L.: Conociendo al ministro Cristo, que tramitó el fast track en su momento, este es un mecanismo, es una reforma constitucional transitoria, que permite tramitar de manera rápida actos legislativos, leyes y decretos. Pero en este caso yo pensaría que es más eficiente de una vez hacer las reformas constitucionales que apruebe el Congreso y no necesariamente acudir a este mecanismo que fue utilizado para llevar a cabo una implementación rápida del acuerdo final con las Farc, particularmente porque se habían entregado las armas por parte de la guerrilla y se requería hacer reformas rápidas.

SEMANA: ¿En este escenario no se necesitaría el fast track? ¿No fluiría?

A.L.: Veo que el mecanismo del fast track en este instante es innecesario, existiendo las tres vías de la Constitución. Yo pienso que con el pragmatismo del ministro Cristo creo que él se va a ir por alguna de las tres vías que señala la misma Constitución y prontamente va a desechar el fast track, porque es un paso adicional y requiere una reforma constitucional previa para después tramitar reformas constitucionales por las vías de la Constitución.

SEMANA: Pero el presidente el 20 de julio dijo que insistiría en el fast track...

A.L.: Sí. Creo que de pronto no ha tenido el tiempo de reunirse con el ministro Cristo para que le explique que el fast track implica, antes, de una reforma a la Constitución con ocho vueltas y que de pronto es más eficiente otro mecanismo como puede ser un acto legislativo común y corriente.

SEMANA: ¿En tiempos cómo es el recorrido tanto de la constituyente o, si el presidente insiste, en el tema del fast track?

A.L.: Creo que los tiempos son muy similares. Una reforma constitucional requiere dos vueltas, ocho debates. De hecho, estaríamos ya tal vez a finales del 2025 si se aprueba la reforma en las dos legislaturas. Entonces yo veo los tiempos muy cortos, muy estrechos, incluso quienes piensan en el tema de la reelección se les olvida que el acto legislativo 2 del 2015 señala que la reelección solo se puede revivir o por asamblea constituyente o por referendo de iniciativa popular. No soy tan pesimista como el resto de los colombianos.

SEMANA: ¿Usted coincide con el planteamiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en el sentido de que, si hay una constituyente, bienvenida desde el punto de vista institucional?

A.L.: Coincido en el sentido de que yo me preocuparía porque en una elección muchas de las conquistas que se han alcanzado con la Constitución del 91 se puedan reversar. De cierta manera creo que la agenda progresista de estos 33 años de Constitución podría echarse para atrás. Por eso pienso que lo mejor es irnos por las vías que ha planteado el ministro Cristo.

SEMANA: Uno de los proyectos bandera del presidente pasó y fue aprobado y hace unos días él la sancionó, que fue la reforma pensional. Sin embargo, se han anunciado muchas demandas ante la Corte Constitucional por el tema del trámite que se dio...

A.L.: Es muy bueno que el Congreso haya aprobado una de las reformas importantes del presidente Petro. Veo aspectos positivos en esa reforma. Por ejemplo, el pilar solidario es algo muy bueno. El hecho de que se haya creado una nueva comisión para los fondos. He oído temas de que van a demandar ante la Corte, que hay vicios de trámite, pero creo que es una reforma importante y además muestra la eficacia que tuvo el gobierno en el Congreso. Entonces, eso además le quita piso a un eventual constituyente, porque en la medida en que se puedan tramitar las necesidades de Colombia a través del Congreso de la República, pues mucho mejor para la democracia.

SEMANA: Entonces vuelvo a la constituyente, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo?

A.L.: El presidente está en todo su derecho de proponerla, el Congreso de analizarla y revisarla, pero creo que los tiempos son inoportunos, yo no creo en que los tiempos den para que dentro del gobierno del presidente Petro se alcancen a hacer todos los cambios que él quiere. Tampoco me gusta que al próximo presidente o presidenta le entreguen el poder con una constituyente andando y por esa razón también creo que es inoportuna e inconveniente. Podría haber ciertos temas objeto de constituyente, por ejemplo, el ordenamiento territorial es un tema muy importante, pero en 33 años no ha podido ser objeto de un consenso entre las distintas fuerzas políticas y creería que es mejor hacer una propuesta por las vías ordinarias sin necesidad de ir a una constituyente o acudir a un mecanismo como el fast track. Ese es un tema lo suficientemente sensible y delicado y toca todos los intereses regionales y centrales y por esa razón es mejor hacerlo con calma, despacio y con buena letra.

SEMANA: ¿En una constituyente se puede abrir una puerta que no se pueda cerrar, es decir, pueden entrar muchos temas para discusión o hay unos temas que están definidos?

A.L.: Es un tema interesante. La Constitución del 91 fue producto de un decreto del presidente Gaviria donde se limitaba la agenda a ciertos temas. El juez constitucional, en esa época, la Corte Suprema de Justicia, dijo que no se podía limitar la agenda de una Asamblea Nacional Constituyente y en esa medida la constituyente creó una nueva constitución y derogó la constitución de 1886.

Hoy en día la Constitución permite la posibilidad de tener una constituyente parcial y eso dependerá mucho de la ley que presente el gobierno, ante el Congreso. Todo depende de la ley que convoca la Asamblea Nacional Constituyente, qué temario tiene, qué limitaciones tiene. Hasta ahora no hemos visto esa ley, me imagino que, en los próximos días, si se presenta un proyecto ante el Congreso, pues veremos qué ocurre y si el Congreso la aprueba o no la aprueba.

SEMANA: La Corte ha declarado inexequibles algunas iniciativas del gobierno. El tema de la reforma tributaria en algunos artículos se cayó, la creación del Ministerio de la Igualdad también estuvo ahí, aunque dejó abierta una puerta. ¿Usted cómo está viendo el tema de las iniciativas que ha anunciado el gobierno, particularmente la nueva reforma tributaria y la reforma a los servicios públicos?

A.L.: En la medida en que esas iniciativas tengan sustento o no vulneren los artículos constitucionales yo no vería problema con esas reformas. De hecho, la Constitución de 1991 es una constitución bastante progresista, permite un desarrollo legal importante en temas como servicios públicos, en temas tributarios, y por eso pienso que todo depende de cómo se tramiten las reformas. Fíjese que la mayor parte de las reformas se han caído por vicios de trámite, no por temas de vulneración a la materialidad de la Constitución, sino sobre todo ha habido vicios de trámite en el Congreso, lo cual es normal. Todos los presidentes se quejan de las cortes constitucionales. En Colombia a todos los presidentes se les han caído iniciativas y esa es la vida de una Corte Constitucional, vigilar que se cumpla con la Constitución. No creo que esta sea una Corte Constitucional antipetrista. Generalmente las cortes constitucionales son frenos y contrapesos al poder y realmente muchas de las iniciativas, como ya lo dije, se derivan de problemas de trámite de las leyes.

SEMANA: ¿Con todos los anuncios del gobierno se ha fortalecido la institucionalidad o usted cree que se ha minado esa confianza en la institucionalidad? Y si, ¿efectivamente, como usted lo menciona, existen todavía y se mantienen fuertes esos pesos y contrapesos?

A.L.: Creo que lo que estamos es en una prueba ácida de la Constitución del 91, la pregunta es, las instituciones que creó la Constitución del 91, funcionan o no funcionan. Creo que el Congreso ha mostrado independencia creo que el Congreso ha aprobado unas iniciativas, por ejemplo, la tributaria y la pensional, pero también ha negado otras como la reforma a la salud, la reforma a la educación tampoco pasó en la legislatura pasada. Entonces el Congreso primero que todo ha demostrado que no es un notario del gobierno. Y, en segundo lugar, la rama judicial, en particular la Corte Constitucional, ha mostrado que de cierta manera ha sido un contrapeso importante a las iniciativas del gobierno del presidente Petro. De hecho, la más reciente decisión de la Corte que tiene que ver con la fase judicial de los procesos agrarios, cayó por vicios de trámite. Es interesante ver que no fue por vicios de fondo, sino sencillamente porque no se cumplieron los principios de publicidad y debido debate de esa iniciativa. Entonces, pienso que lo que hay es que mandar el mensaje de hacer bien las leyes al Congreso y obviamente al gobierno.

SEMANA: El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe sobre el clima de inversión en Colombia y obviamente planteó una cosa muy similar al tema de un concepto de soberanía nacional que ha promovido el gobierno sobre algunos sectores clave generando incertidumbre. ¿Qué tan en riesgo está la seguridad jurídica en el país?

A.L.: Yo pienso que de tiempo en tiempo los gobiernos pueden afectar la seguridad jurídica, pero no solo este gobierno, en general los gobiernos. A veces llegan unos funcionarios con ímpetus de cambiar el marco jurídico y para eso de cierta manera está la Corte Constitucional. Si hay cambios en los decretos, pues el Consejo de Estado los revisa y los controla. Si hay cambios en las leyes, la Corte Constitucional revisa que se tramiten bien y que no afecten los derechos fundamentales establecidos en la Carta. Puede que en este momento haya síntomas de incertidumbre, pero uno confía más bien en que se reactive la economía, que la vivienda vuelva a crecer, que la inversión privada, que es muy importante, vuelva a estar presente, no solo por parte de los inversionistas nacionales, sino también de los inversionistas internacionales.

SEMANA: Precisamente quería tocar ese punto porque una de las grandes preocupaciones en la desaceleración económica, más allá de los sectores que se han visto afectados, es el tema de la inversión: lleva cinco trimestres con un crecimiento negativo. ¿Qué impacto está teniendo esa incertidumbre alrededor de la inversión?

A.L.: Creo que los inversionistas siempre son muy aversos al riesgo. Entonces, si se ponen a leer los trinos del presidente en X, pues salen espantados. Cuando consultan gente más tranquila, como yo, saben que esos son gajes del oficio, que lo que importa frente al clima de inversión no solo son las declaraciones en X, sino más importante las reformas que se tramitan en el Congreso. Ahora, vamos a ver qué pasa con la reforma a la ley de servicios públicos, vamos a ver qué pasa con la ley de financiamiento, vamos a ver qué pasa con la regla fiscal. Si uno ve esas ideas ya plasmadas en el Congreso es muy distinto a verlas como un anuncio gubernamental. Entonces estaremos muy a la expectativa y a eso creo que me voy a dedicar un poco: a tranquilizar a inversionistas para señalarles que deben tener mucha calma y mirar con paciencia y un poco de tranquilidad las iniciativas del gobierno.

SEMANA: Uno ve el riesgo país de Colombia subiendo y uno ve, por ejemplo, anuncios como el de Moody’s donde cambia su perspectiva de estable negativa que puede ser la antesala a una bajada de calificación en este segundo semestre del año y obviamente eso le puede pegar también al clima de inversión…

A.L.: Sí. Creo que el ministro Ricardo Bonilla y el director de crédito público, José Roberto Acosta, son personas que saben que en la medida en que aumente el riesgo país, pues aumenta la tasa de interés sobre los bonos internacionales de Colombia y ellos son muy conscientes de ese tema y por eso yo leo mucho más a Bonilla y a Acosta que los trinos del presidente Petro, porque ellos saben que hay que darles tranquilidad y estabilidad a los inversionistas internacionales.

SEMANA: ¿Cómo ve, ya fuera de la corte, el papel del Banco de la República?

A.L.: Es un papel interesante. Esa es otra institución de la Constitución del 91 que está a prueba. Creo que la Junta del Banco ha venido bajando las tasas de interés, lo cual es muy positivo. Yo creo que eso va a ayudar mucho a la reactivación del mercado de vivienda y en ese sentido ha sido una institución independiente. A pesar de que el gobierno quisiera bajar la tasa de interés más rápido, el banco en su mayoría y en su visión de la macroeconomía ha tratado de ir bajando las tasas, pero tampoco tanto, porque infortunadamente la inflación no ha logrado reducirse lo que quisieran los economistas del banco. E infortunadamente repuntó.

SEMANA: Uno de los temas en los que usted ha trabajado, es en los arbitrajes internacionales. ¿Cómo está Colombia en ese escenario de demandas en el exterior? ¿En qué estamos con las demandas internacionales?

A.L.: Diría que estamos bien, no hay que ser muy optimistas, pero estamos muy bien. Recientemente salió el fallo de Eco Oro donde Colombia no fue condenada a pagar ningún daño lo cual me parece algo muy positivo. Ahí yo resaltaría a través de los gobiernos, no solo en este gobierno, sino en los pasados, el buen manejo que ha tenido la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Esa agencia ha probado que sí valió la pena haberla creado porque le ha ahorrado a Colombia, por lo menos en arbitrajes internacionales de inversión, muchos millones de dólares. Entonces yo celebraría esa buena estrategia colombiana de la defensa internacional. Ahora, no hay que confiarse, cuando uno litiga no siempre gana. En algún momento vamos a perder algún arbitraje internacional de inversión y por eso no hay que acabar la agencia el día que eso pase, sino más bien reforzar la defensa jurídica del Estado. Ahora que ya salí al sector privado me voy a dedicar un poco a ese tema, no a demandar a Colombia, pero sí a mirar los aspectos relacionados con el arbitraje internacional de inversión en la región.

SEMANA: Ahora que está en el sector privado, en el mercado legal, ¿qué está funcionando más hoy: fusiones y adquisiciones o litigios?

A.L.: Yo diría que los litigios van creciendo a medida que la economía se va desactivando. Cuando la economía está boyante, hay muchas fusiones y adquisiciones, cuando la economía no está tan bien hay más litigios y arbitrajes. El arbitraje es un negocio, y el litigio en general, es un negocio contracíclico que ayuda mucho a las firmas de abogados.

SEMANA: ¿Qué tanto ha impactado el sector legal en las firmas de abogados los anuncios del gobierno? El tema de la constituyente, el fast track, las reformas...

A.L.: Lo que impacta es el clima de inversión. Por eso uno debe ser muy preciso en cuanto al asesoramiento a clientes de que una cosa son los anuncios en X y otra cosa son las leyes en el Congreso. Yo creería que el Congreso de la República, a pesar de su desprestigio, es un Congreso serio, responsable, y vamos a ver qué ocurre en esta legislatura, porque es una legislatura muy importante, sobre todo porque teniendo al frente a un ministro como Cristo, pues uno creería que no va a haber grandes cambios radicales en relación a la Constitución de 1991. De pronto uno va a ver una profundización de la agenda progresista de la misma Constitución del 91, pero no veremos cambios grandes que acaben con la iniciativa privada. Yo no creo que eso ocurra.

SEMANA: Desde el punto de vista del sector legal, ¿cómo están viendo un poco la estrategia de reactivación? Porque cuando uno mira los anuncios del gobierno, tienen que pasar por una reforma tributaria, las inversiones forzosas, la regla fiscal, Y las tres tienen que pasar por el Congreso y creo que la reactivación no da espera.

A.L.: Estamos muy atentos a los proyectos de ley, sobre todo en la Comisión Tercera, creo que la ley de financiamiento va a entrar por la Tercera a la Cámara. Hay que mirarla bien porque pienso que un relajamiento de la regla fiscal puede afectar toda la macroeconomía en la medida en que afecte el riesgo país. Yo pensaría que un ministro tan responsable, como el ministro Bonilla no quisiera relajar la regla fiscal porque sabe de los efectos que eso tiene en los mercados internacionales. Entonces, el mercado legal está muy atento a las iniciativas que presenta el gobierno en esta legislatura.

SEMANA: ¿Qué pasa con todos estos escándalos alrededor de temas de corrupción, UNGRD y el impacto que pueda tener, por ejemplo, en el ministro Bonilla?

A.L.: Yo sinceramente espero que el ministro Bonilla continúe como ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque me parece una persona que da mucha tranquilidad a los mercados. Me parece que un cambio de ministro de Hacienda no sería tan positivo para el clima de inversión tanto nacional como internacional. Confío en los anuncios que ha hecho el ministro en relación a la reactivación económica, que tiene que ser inmediata. Y creo que se están dando unas reuniones muy interesantes con el sector privado para ver cuál es la mejor forma de reactivar la economía de manera rápida.

Creo que debe haber inversión pública en infraestructura, en bienes de largo plazo y obviamente el mercado de vivienda en Colombia ha sido muy importante en relación con el producto interno bruto. Preferiría para mí, como colombiano, que el ministro Bonilla continuara y creo que estos escándalos de corrupción son muy negativos para la percepción que tiene el sector privado que ve que sus impuestos no están siendo utilizados como uno cree que deben ser utilizados.

SEMANA: Y en ese orden de ideas, ¿qué genera más ruido: un ministro que está siendo señalado por algunos actos de corrupción o que se vaya al ministro?

A.L.: Yo prefiero que el ministro se quede. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público se creó en el año 1959 y su objetivo fundamental ese año era tener unos congresistas que asesoraran en ese momento al gobierno en el trámite de los créditos internacionales. Hoy en día se ha convertido en un trámite de los préstamos internacionales de Colombia y de pronto esa función que cumplía la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público se ha desfigurado y creería que eso amerita una reforma importante en los trámites del crédito externo en Colombia, pero filosóficamente era una buena comisión que lo que hacía era tener los ojos del Congreso en los trámites del crédito externo. En Colombia el crédito externo generalmente ha estado muy centralizado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y de cierta manera las comisiones económicas del Congreso tenían sus ojos sobre el proceso de endeudamiento público a través de esa Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y su idea era vigilar cómo se gastaba el cupo de endeudamiento, o sea, la autorización que le daba el Congreso al gobierno para los trámites del crédito externo. Pero lo que hemos visto hoy en día es que eso se ha deformado de una forma que uno quisiera reestructurar esos trámites del crédito público.

SEMANA: Hemos hablado de las reformas en el Congreso, sin embargo, la autonomía que tienen los distintos ministerios y las distintas carteras, pues hace que tomen decisiones que están generando algunos impactos. Por ejemplo, en materia ambiental, sobre todo el tema minero, o en la reforma laboral, que quitaron los artículos para meterlos por vía de decreto. ¿Qué tanto ruido está generando eso desde el punto de vista legal?

A.L.: Mucho ruido. Yo llevo muy pocos días en la firma en la que estoy trabajando (Gómez Pinzón) y veo mucha gente llamándome para demandar decretos y resoluciones ante el contencioso administrativo, en particular ante el Consejo de Estado. Hay mucha gente preocupada no tanto con la actividad legislativa del Congreso, sino más con las decisiones administrativas de los distintos ministerios, las superintendencias, etc. El control de esos actos se hace a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuya cabeza es el Consejo de Estado.

SEMANA: Ese detalle de esos decretos y esos cambios administrativos, ¿vayan a influir mucho, por ejemplo, en el tema de inversión?

A.L.: Sí influyen y hay mucha gente que demanda cierto tipo de decisiones, actos administrativos, decretos reglamentarios, decisiones concretas de los ministerios y hoy en día hay mucha actividad en las demandas ante el Consejo de Estado, ha crecido la cantidad de normas que emiten las entidades públicas.

SEMANA: ¿Cómo se está imaginando desde el punto de vista del sector legal, la dinámica que tienen las distintas áreas de práctica? Hoy, ¿cuáles están priorizando sobre otras cuando uno ha visto que, dependiendo del modelo, del movimiento económico, pues hay unas que tienen mayor protagonismo?

A.L.: Primero que todo, estuve ausente del mercado de servicios legales por cerca de ocho años. Uno allá en la corte está en su caja de cristal y no baja de la realidad del mundo.

El mundo de las firmas se ha sofisticado mucho. Hay mucha gente joven y haciendo buen trabajo. Y creo que las firmas hoy en día se están preparando para distintos movimientos económicos. Hay firmas con fuertes departamentos de fusiones y adquisiciones, de financiaciones y en este momento hay un crecimiento muy interesante de lo que se llama el litigio estratégico que combina todas las formas de lucha, en el sentido de que no solo es el litigio, el arbitraje, también hay temas de estrategia, de cómo hacerles frente a distintas problemáticas que tiene un negocio frente a la actividad del Estado.

SEMANA: De aquí para adelante, ¿cómo se está imaginando el desarrollo del país? Ya en el sector real, como dice usted, salido de la caja de cristal de la Corte, de lo que puede pasar este segundo semestre y el año entrante…

A.L.: Soy por naturaleza optimista, trato de tranquilizar a los empresarios. Pensaría que la economía está mostrando algunos signos de reactivación. Esperaría que bajaran las tasas de interés para que se reactive de lleno el mercado de vivienda, que en Colombia es muy importante. Soy muy optimista y sé que con ministros como Bonilla o como Cristo, pues el sector privado tendrá la tranquilidad de que podrá concertar las iniciativas del gobierno y que todo se va a hacer por las vías institucionales.

SEMANA: Y a los otros ministros, ¿cómo los ve?

A.L.: Menciono esos dos porque son los que manejan uno la economía y el otro el Congreso, pero, por ejemplo, la ministra de Justicia me merece todo mi respeto, es una profesional muy competente y yo creo que ella también es una persona de primer nivel que sabe cómo se tramitan los proyectos en el Congreso y sabe que los anuncios son muy sensibles en el sector privado.