Megapleito de Electricaribe con sus pensionados tiene al liquidador al borde de un 'carcelazo'

En año y medio que lleva como liquidador de Electricaribe, Javier Lastra se ha salvado de 25 órdenes de captura en su contra. Todas relacionadas con la reliquidación pensional que varios exempleados de la entidad han exigido a través de tutelas ante los jueces de la costa. A pesar de la contención que se ha hecho desde Electricaribe, ningún tribunal ha podido cerrar el boquete que ya se calcula en 300.000 millones de pesos, según el monto de las reclamaciones. 

Puede leer: Pensionados ¿la siguiente amenaza de Electricaribe?

A pesar de que entre los accionantes hay gente que ya había conciliado con la empresa de energía, las reclamaciones vuelven recargadas a los estrados judiciales. De pagarlas, Electricaribe agotaría su presupuesto anual de funcionamiento y quedaría en jaque. Aún así hay funcionarios judiciales que conceden las reliquidaciones con lo que los exempleados logran elevar hasta tres y cuatro veces su pensión.

En este contexto, el agente liquidador emprendió su pelea número 26: Lastra tiene activa una orden de arresto por desacato a una orden judicial que pedía el desembolso de casi 1.900 millones de pesos a 13 extrabajadores de Electricaribe. Al igual que otros casos, este también está antecedido por una maraña de recursos judiciales en los que aparece una primera orden de arresto contra Lastra que fue echada para atrás; la nulidad de todo actuado por falta de notificación a Electricaribe; el intento de tumbar el proceso falsificando documentos de la defensa de Electricaribe ante la corte. 

¿Qué piden los accionantes? Solicitan que en cumplimiento de la Convención Colectiva del Trabajo del 83 se reajusten sus mesadas pensionales de acuerdo a la Ley 4 de 1976, que ya fue derogada. Esto representaría en casos de trabajadores con salarios inferiores a cinco salarios mínimos un aumento de dos y hasta tres veces su pensión. Alegan que está comprometido el mínimo vital de personas de la tercera edad y apelan a la igualdad con otros pensionados a quienes se les realizaron reajustes por cuenta de fallos judiciales.

En dialogo con SEMANA, Armando Valencia, representante de la Asociación de Pensionados de la Electrificadora del Caribe (Asopelcaribe), asegura que las convenciones colectivas se pactaron en todos los departamentos de la Costa. “Ante las llegadas de inversionistas extranjeros, se firmaron convenios de sustitución patronal con las que se heredaron todas las obligaciones sobre convenciones colectivas”, dice. 

“Se alarman porque los jueces reconocen en decisiones de tutela derechos fundamentales aplicando la Ley 4, cuando allí hay personas de la tercera edad a quienes hace más de 18 años se les están vulnerando sus derechos”, subraya. 

En medio del universo de acciones y decisiones judiciales, se profirió un fallo de fondo por parte del juez segundo penal de Circuito de Ciénaga, Pedro Miguel Vicioso Cogollo, que reconoció los derechos de reliquidación de 13 accionantes. Aunque la acción de tutela englobaba las pretensiones de 59 personas, el amparo concedido fue parcial ya que no se encontró que se les hubiera violado derecho fundamental a todos. 

Puede leer: Venta de Electricaribe será en julio

Esta se convirtió en la primera acción a la que Electricaribe se vio obligada a dar cumplimiento. Por ello, pagó a los 13
pensionados las sumas por reajuste de pensiones desde el 15 de noviembre de 2016 hasta la fecha. Según el abogado Charles Chapman, que defiende los intereses de Electricaribe, la limitación en el pago la determina la Ley dado que se debe hacer desde el momento en que el Estado tomó posesión de la electrificadora. Adicionalmente, explica que varias de las pretensiones estaban prescritas legalmente, pues ya habían pasado más de 3 años desde que se hizo exigible el derecho.

El pago no fue satisfactorio para el juez segundo penal de Circuito de Ciénaga, pues considera que deben cobijarse los montos prescritos y el tiempo anterior a la toma de posesión de Electricaribe. Por ello, el 21 de mayo de 2018 decidió reactivar la orden de arresto de 10 días en contra de Lastra y su equipo cercano. Una vez más, el equipo de abogados que defiende a la electrificadora de la Costa entró a contener los efectos de las decisiones judiciales; y pese a que están corriendo los tiempos de impugnación, la decisión del juez no ha sido remitida a la Corte Suprema para que decida. 

Las decisiones judiciales de varios jueces de la costa, han conducido a sendas compulsas de copias de parte de sus superiores. En julio del 2017, el Tribunal Superior de Santa Marta tumbó una de las tantas órdenes de arresto en contra de Javier Lastra al considerar que se había incurrido en fallas en el debido proceso. En esta oportunidad, los magistrados pidieron a la Judicatura y a la Fiscalía que investiguen la conducta de los funcionarios Rafael Emilio Manjarrés Bustos (juez primero penal del circuito de Ciénaga) y de Pedro Miguel Cogollo Vicioso (juez segundo promiscuo municipal de Ciénaga).

En contexto: Electricaribe se reunirá con la comunidad para evitar desmanes violentos por fallas en el servicio

Ese mismo año, aparecen otras dos compulsas en contra del juez Rafael Emilio Manjarrés emitidas por el tribunal de Santa Marta y la Corte Constitucional. El 19 de septiembre del 2017, el tribunal de Santa Marta pidió investigar al juez del circuito de Pivijay, Orlando Antonio Salas Villa, que también ordenó millonarias reliquidaciones.