El puerto de Tribugá no va más: archivan la solicitud de concesión

La construcción del puerto de Tribugá, en Chocó, que venía generando polémica en el país durante los últimos años, quedó definitivamente descartada.

El martes, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) declaró el desistimiento de la solicitud de concesión portuaria, que había sido presentada por la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes, debido a que no cumplió con uno de los trámites de ley.

Según la entidad, no se cumplieron los requerimientos hechos a dicha sociedad, lo cual “constituye un imperativo legal para dar continuidad del proyecto”.

En consecuencia, las empresas y entidades que conforman la Sociedad Promotora Arquímedes debían entregar una garantía de seriedad, para lo cual presentaron un contrato de fianza. No obstante, tras analizar el alcance jurídico de este documento, concluyeron que no es válido.

Con esta decisión se termina un proceso de más de cuatro años, que tuvo avances y rechazos en diversas ocasiones. Todo comenzó en marzo de 2016, cuando la sociedad le presentó la solicitud de concesión a la ANI, con la que buscaba construir, operar, administrar y explotar un puerto multimodal de aguas profundas.

Esta fue negada por la ANI en dos ocasiones –entre octubre y diciembre del 2017–, pero las empresas siguieron con su interés de adelantar el proyecto. Para esto, su representante legal solicitó que se revocara la resolución del Gobierno, que frenó el proceso. En abril de 2018, se resolvió esta solicitud y se dio continuidad con el trámite de concesión portuaria.

El problema llegó cuando la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes tuvo que renovar la póliza de garantía de seriedad de la propuesta por un plazo igual a la inicial, es decir, por dos años más, contados a partir del momento en que se reanudó el trámite (primero de mayo de 2018).

“La ANI hizo varios requerimientos para que se allegara la garantía con la vigencia, según lo exige la ley. En su más reciente respuesta, en abril de 2020, la sociedad presentó como garantía un contrato de fianza suscrito con Afiancol, que no corresponde a una garantía válida”, explicó la entidad.

No obstante, para “curarse en salud”, le solicitó concepto jurídico a Colombia Compra Eficiente y a la Superintendencia Financiera, con el fin de determinar si el documento era o no válido. Ambas entidades confirmaron que no funcionaba, con lo cual el proceso quedó descartado.

Esta decisión le da un respiro a los ambientalistas, quienes pedían archivar cualquier intención de que se construyera un puerto en esta zona del Chocó, debido al duro impacto que tendrían en materia ambiental.

De hecho, hace unas semanas presentaron una solicitud para que este proyecto no fuera declarado como obra de utilidad pública, intención que tenía la Asamblea Departamental de ese departamento.

Organizaciones como WCS, MarViva, WWF Colombia, Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, Expedición Tribugá y Manglares Vivos, entre muchas otras, consideran que se trata de una declaratoria completamente inconveniente para el territorio, sus comunidades y el país.

En su concepto, el puerto de Tribugá afectaría directamente 114.438 hectáreas de áreas protegidas y, por ende, la conectividad de una cadena de figuras de ordenamiento que busca garantizar la sostenibilidad, conservación y preservación de los recursos marinos y costeros del Pacífico chocoano.