“El sector energético nunca ha sido viable para el 25% de la población más pobre del país”, dice Jaime Lombana, representante de Air-e

SEMANA: ¿Cuál es la situación financiera hoy de Air-e?

Jaime Lombana (J. L.): Los altos costos de generación sumados a múltiples cuentas por cobrar han hecho que la empresa sea inviable financieramente. Existen problemas estructurales de mercado que deben corregirse. No es casualidad que Afinia esté en circunstancias similares como lo anunció ayer el alcalde de Medellín y lo ratificó hoy su gerente general. Esta situación la venimos alertando meses atrás.

SEMANA: Del hueco financiero de Air-e, ¿qué participación tiene el costo que les paga a las generadoras, el no pago de subsidios que no ha girado el Gobierno y otros factores?

J. L.: Es una combinación de todos los factores que impactan. Por ejemplo, en cuanto al costo que se les paga a los generadores estos se dividen en dos: los costos por contratos a largo plazo y los costos en bolsa. Los costos en la Bolsa de Energía asumidos por Air-e pasaron de $ 145.000 millones en 2022, a $ 876.000 millones en 2023.

Los costos totales en la bolsa de energía en septiembre de 2023 fueron 1.000 % superiores a lo que vivimos en enero de ese mismo año. Y hoy el kwh en bolsa está en $ 797 cuando hace dos meses estaba en $ 120 kwh. Con esos costos del principal insumo no es viable un mercado con altísimos niveles de pobreza.

A eso se suma un incremento de demanda desbordado. Hoy, por el calor y el cambio climático, se está consumiendo más energía en la región que durante el fenómeno de El Niño con meses que superan el 4 % o 5 % comparado con el año pasado. Este incremento de demanda a semejantes precios genera serias dificultades.

Los subsidios son un importante componente de la viabilidad financiera de cualquier empresa donde exista población vulnerable y las demoras en su pago generan estrechez de caja.

SEMANA: ¿Está en riesgo la prestación del servicio por la crisis financiera?

J. L.: Justamente para que no se pusiera en riesgo la prestación del servicio fue que solicitó la intervención. La Ley 142 es taxativa sobre la obligación del Estado de intervenir cuando las empresas de servicios públicos no pueden prestar el servicio.

SEMANA: ¿Por qué le solicitó la empresa al Gobierno la intervención?

J. L.: La situación financiera hace inviable la operación y dado que es un servicio esencial el Estado debe intervenir. Si no fuera una empresa de servicios públicos entra en reorganización empresarial, pero en este caso la única alternativa es la intervención.

SEMANA: ¿Cuánto han perdido los inversionistas?

J. L.: Más de $ 450.000 millones a pesos de hoy.

SEMANA: ¿Cuál es el impacto de las pérdidas de energía por el no pago?

J. L.: Son aproximadamente $ 40.000 millones al mes.

SEMANA: ¿Air-e ya recuperó la opción tarifaria? ¿Cuál es la situación hoy?

J. L.: No. A Air-e le quedan $ 465.000 millones de opción tarifaria que ahora queda en cabeza del Gobierno.

SEMANA: Los generadores advierten que Air-e tiene una baja exposición a la bolsa y que tiene contratos, por lo que esos precios en bolsa no tendrían un impacto alto. ¿Cuál es la situación y su respuesta?

J. L.: Le enviamos una carta a Acolgen donde desmentimos lo dicho por ellos. Realmente no entendemos cómo Acolgen, que en todos sus comunicados manifiesta siempre trabajar para informar a todos los usuarios de manera completa y transparente, está distorsionando de una manera grave y dando cifras falsas de los cálculos de la cantidad de energía y nivel de exposición en bolsa de Air-e en el período 23 y 24, más aún cuando indica que la fuente es el administrador del mercado XM.

Para septiembre de 2023 la exposición verdadera de Air-e llegó a niveles del 25 % mientras que para el año 2024 ha estado en promedio en un 15 %. La situación es tan absurda que en septiembre 2023 los costos de bolsa fueron más altos que el costo de los contratos a pesar de que los contratos fueron más del 75% del total. En ese mes, el costo en bolsa fue de $ 211.921 millones, mientras que el costo por los contratos llegó a $ 176.288 millones.

SEMANA: ¿La intervención a qué conduciría? ¿Cambios en la regulación en tarifas y precios de escasez?

J. L.: El sector energético colombiano nunca ha sido viable para el 25 % de la población más pobre de Colombia (la Costa Caribe, Chocó, Putumayo, etc.) por lo que el Gobierno debe tomar medidas estructurales para organizarlo. Esperamos que estando el Estado dentro de Air-e tome las medidas necesarias para solucionar los problemas estructurales. Hoy es imposible para las empresas garantizar un buen servicio de manera sostenible en los mercados de población vulnerable.

SEMANA: ¿Qué pasa con el pago de los subsidios que, según Asocodis y la Contraloría, no se han pagado por parte del Gobierno? ¿Qué impacto tiene eso en las cuentas de Air-e? ¿Qué compromisos tiene el Gobierno?

J. L.: El pago de subsidios es esencial en mercados con altos niveles de población vulnerable como es la Costa Caribe. Lo dicho por Asocodis sobre las distribuidoras y comercializadoras es totalmente cierto especialmente en mercados vulnerables como Air-e y Afinia.

SEMANA: ¿La intervención es solo para administración o podría derivar en liquidación?

J. L.: La intervención es en administración inicialmente.

SEMANA: ¿Air-e recibió la operación ‘cero kilómetros’, sin cargas? ¿Cuáles eran los compromisos?

J. L.: Air-e decidió apostarle al Caribe colombiano cuando nadie más lo quiso hacer. Se recibió una operación con déficits mensuales de más de 100.000 millones. No es casualidad que la intervención de los dos gobiernos anteriores le haya costado al Estado en 4 años más de $ 15 billones a precios de hoy. Creer que era una empresa atractiva financieramente es un error. Lazard, la banca de inversión más grande del mundo, buscó inversionistas en China, Europa y Estados Unidos, pero nadie quiso asumir el reto.

Al apostarle al Caribe esperaba que, como ya lo había hecho el grupo empresarial en el departamento del Tolima, se lograran mejorar los indicadores de recaudo y pérdidas hasta volverla una operación sostenible. Los primeros dos años se logró el objetivo hasta llegar a un punto de equilibrio operacional. Desafortunadamente, en septiembre de 2022 se techó la tarifa y paralelamente los generadores empezaron a subir los precios. Esta situación perjudicó gravemente el flujo de caja de la compañía. Lo que pasó fue como si el que vende queso le dicen que no puede subir el precio y, a su vez, el costo de la leche se dispara y se genera un imposible financiero.

Tras la compra existía la obligación de presentar unos montos de inversión a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Estos se cumplieron por encima del 95 % en los primeros dos años hasta que se generó el desbalance de caja ya mencionado. Fue gracias a todos estos esfuerzos que logramos mejorar la calidad casi el 70 %, reduciendo las horas de indisponibilidad que tenía el sistema. Con orgullo podemos afirmar que brindamos la mejor calidad del servicio de energía en la historia de la región. En el año 2023 cumplimos la meta regulatoria de calidad al año 2030.

SEMANA: En la intervención, ¿el Gobierno seguirá con los planes de inversión?

J. L.: Lo primero que debe hacer el Gobierno es garantizar precios justos de energía. Si no logra este objetivo, todos los recursos van a terminar en las arcas de los generadores.