El superintendente de Servicios Públicos dice que el “Estado perdió el control” y que la regulación y la vigilancia han sido “ineficientes”

SEMANA: Las tarifas de servicios públicos, principalmente de la energía, agobian a los usuarios. ¿Cuál es el fondo del problema?

Dagoberto Quiroga: Hay varios problemas, pero ahora, a raíz de las alzas en las tarifas de la energía, hemos ido decantando circunstancias que hay que corregir. En nuestro concepto, los generadores están obteniendo más ganancias de las que deberían. Los hemos llamado a ceder, porque las comisiones reguladoras han estado más a favor de las empresas que de los usuarios y han regulado pensando en el negocio y no en el ciudadano.

SEMANA: ¿Se refiere a la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), que se ha visto como un equipo independiente?

D.Q.: Alrededor de la Creg se armó el debate, porque la Constitución le indica al presidente la responsabilidad de señalar las políticas para la prestación eficiente de los servicios públicos. El artículo 370 de la carta magna le dice que debe ejercer la inspección, vigilancia y control de los servicios públicos a través de la Superintendencia. Luego, la Ley 142, atendiendo un mandato constitucional, abre la libre competencia a los sectores privados para que presten servicios públicos, que antes estaban en hombros del Estado.

Al comienzo, con ese cambio, el sector privado impulsó un desarrollo, en particular en energía y en algunos acueductos. Pero luego los servicios públicos, que la Constitución consagra como esenciales al ser humano, se fueron convirtiendo en un negocio de oligopolios, que empezaron a tener mucha influencia y mucho poder sobre las comisiones reguladoras y sobre la misma superintendencia.

SEMANA: ¿El Estado perdió el control?

D.Q.: Se empezaron a regular los servicios públicos como negocio y el mercado olvidándose del usuario. Si se hubiera regulado bien, los precios de energía hoy no estarían tan altos. Hicimos un estudio sobre toda la estructura tarifaria de la energía, partiendo del hecho de que en el país el 80 por ciento de la generación es hídrica.

Nos preguntamos algo que nadie ha podido explicar y es la razón por la cual cuando los embalses están llenos las tarifas suben. Esculcando encontramos que la venta de energía (que se puede hacer por contrato o por bolsa) en un 80 por ciento se realiza por contrato de compra a los generadores. El problema es que dichos contratos exigen garantías que a veces los comercializadores no pueden cumplir y es cuando se ven abocados a adquirir la energía en bolsa, lo que encarece el precio.

SEMANA: ¿Hasta ahí qué hizo mal la regulación?

D.Q.: La regulación les dejó a los generadores la decisión de subir la tarifa en la venta por bolsa teniendo en cuenta unos riesgos a su libre percepción. No se basan solo en el riesgo hídrico, sino en temas como un cambio de gobierno o si hay guerra en Ucrania. Enfatizo en que ellos están actuando dentro de la regulación, que así se los permite. A manera de ejemplo, si viene un fenómeno de El Niño, ellos pueden subir las tarifas, pero si el evento climático no llega no devuelven la plata.

SEMANA: ¿Y eso cómo se va a corregir?

D.Q.: Les quitamos esa libre apreciación y les dijimos que el único riesgo que pueden tener en cuenta es el hídrico. Con eso ya logramos bajar un porcentaje de los precios. Esto, porque si la fuente de energía térmica tiene un precio máximo, supongamos, de 300 pesos, los hídricos no pueden ofertar por encima, porque la térmica es la energía más cara.

SEMANA: ¿Por qué ha tardado tanto la organización de las reglas para que las tarifas bajen al usuario?

D.Q.: El expresidente Iván Duque dejó montada la Creg con todos sus amigos, quienes, a su vez, eran amigos de las empresas. Era difícil que a través de la Comisión de Regulación se lograra bajar las tarifas, pues son influenciadas por los generadores. Uno de los requisitos para ser comisionado era haber trabajado ocho años en el sector, eso implica haber laborado con las empresas. Por eso, regulaban a favor de ellas.

SEMANA: Salieron los que llama amigos de Duque, y la Creg nada que arranca...

D.Q.: El presidente designó algunos encargados en la Creg, gente de la política de cambio, mientras se seleccionan los expertos que reúnan todos los requisitos que estableció la misma Creg. Por eso, lo primero que se hizo fue cambiar algunos procedimientos de cómo funciona la Comisión de Regulación.

SEMANA: Es decir, ¿finalmente la Creg sí ha sido intervenida?

D.Q.: No es que el Gobierno intervenga como tal la Creg, pero sí fija los lineamientos que tiene que tener, pues el presidente cuenta con facultades constitucionales, y la Ley 142 le permite ejercer funciones de regulación, las cuales él puede delegar en las comisiones de expertos si decide delegarlas.

SEMANA: En el actual gobierno muchas empresas dicen sentirse tratadas como si fueran enemigas. Con esta actitud frente a las del sector de servicios públicos, principalmente frente a las generadoras, ¿no teme que algunas se quieran bajar del bus?

D.Q.: El Gobierno no es enemigo de las empresas, no está interesado en acabar con el sector privado, pero sí pide que todos pongan para poder lograr una solución a los problemas de tarifas. En 1991, 70 constituyentes de las más opuestas ideologías, porque había campesinos, terratenientes, liberales, conservadores, comunistas, paramilitares, indígenas... firmaron la Constitución.

Ha sido el consenso más grande que se haya logrado en toda la historia del país. Si se pudieron poner de acuerdo, ¿por qué ahora no? No creo que ningún generador se vaya a poner en esa situación de quererse ir. Por eso, nosotros decimos: hablemos. El Estado lo que sí tiene que hacer es regular.

SEMANA: De todos los problemas con servicios públicos, pareciera que el mayor es el de la energía, ¿o es el que suena más?

D.Q.: El de la energía es un chicharrón, pero el problema en aseo es grande. Ya los rellenos sanitarios están pasados de moda, es un modelo que hay que cambiar. Hoy parte del esquema de aseo es el aprovechamiento. En países de Europa, hace 50 años empezaron a establecer un modelo en el que casi no se depositan residuos, sino que se reutilizan.

También está el problema del agua. Los oligopolios convencen a los alcaldes con dádivas para que les entreguen la prestación del servicio, pero como negocio, no pensando en el ciudadano. En energía hay otros problemas. El famoso apagón financiero de las distribuidoras y comercializadoras, porque no tienen plata para comprar la energía en bolsa. Los ciudadanos deben saldos de la época de la crisis sanitaria, cuando se aplicó la opción tarifaria (pagar después). Las generadoras en ese momento no pusieron nada y son las que se llevan la mayor rentabilidad.

SEMANA: ¿El proyecto de reforma a los servicios públicos incluye esta problemática?

D.Q.: El proyecto de reforma a la Ley 142 tiene temas como el mínimo vital, la democratización de los servicios, la participación ciudadana, incluso en autogestión mediante comunidades energéticas o acueductos comunitarios. Van algunos temas de fortalecimiento de la superintendencia para que pueda tener más dientes, porque las multas que se imponen hoy tienen límites de hasta 2.000 millones de pesos, y, si una empresa se gana con esta acción susceptible de sanción alrededor de 50.000 millones, la multa no le hace ni cosquillas.

SEMANA: Si el proyecto de ley contempla democratización de los servicios públicos y mínimo vital, ¿qué pasaría si una persona no paga la factura? Hoy le cortan.

D.Q.: Vamos a regular también los contratos de condiciones uniformes que elaboran las empresas y que nadie los lee. Vamos a cambiarlos por un código de derechos y deberes de los usuarios y de los empresarios. También se trata de abrir un poco más el servicio y que no quede solo en manos de los oligopolios.

Por ejemplo, a nivel de uso de paneles solares para energía están surgiendo pequeños empresarios y comunidades que tratan de autoprestarse el servicio. En la ley estamos flexibilizando requisitos, apoyando el emprendimiento. Con los subsidios se establecen pisos térmicos, porque en la costa el apoyo debe ser mayor en relación con el clima frío, donde no se requiere aire acondicionado.

SEMANA: El interrogante es: ¿quién va a pagar todo eso? Se dice que el Estado, que, a fin de cuentas, son los ciudadanos contribuyentes de impuestos.

D.Q.: A las clases menos favorecidas, estratos 1, 2 y 3, se les subsidia una parte.

SEMANA: Y los estratos 4, 5 y 6 ya dicen que están saturados de cobro solidario...

D.Q.: Eso sucede porque no se han regulado bien las tarifas.

SEMANA: ¿Con el gas hay menos problemas como servicio? El único nubarrón parece ser el abastecimiento.

D.Q.: Sí, pero hay producción de gas. Lo más relevante sería el caso del gas licuado, que es el que va a las regiones y tiene precio internacional. Es decir, debería ser más barato y resulta más caro. Sobre eso también se van a tomar algunas medidas.

SEMANA: El reciente fallo de la Corte sobre la declaratoria de emergencia en La Guajira incluyó un cobro solidario en la factura de energía. ¿Qué pasará con eso?

D.Q.: Aún no conocemos a fondo la sentencia, pero parece que da un máximo de un año para que siga rigiendo el decreto de emergencia. Hay que mirar en detalle si se puede continuar con esa financiación solidaria por parte de algunos usuarios, que son 1.000 pesos en hogares y 5.000 en empresarios.

SEMANA: En los servicios públicos todo suena mal. ¿Hay algo que funcione?

D.Q.: Sí. El servicio de energía, así sea caro, por lo menos tiene una cobertura grande. No he criticado el desarrollo que ha tenido la prestación de los servicios, sino el hecho de que las empresas lo convirtieron en un negocio y descuidaron al usuario. La falta de control del Estado ha hecho que actúen como ruedas sueltas para fijar las tarifas, y es donde hay que tomar cartas en el asunto. La conclusión es control y diálogo para que todos pongamos, no solo los usuarios.