El top 5 de los pendientes en 2024 que pueden poner en apuros económicos el gobierno

1. En ascuas con el ACPM

Un pendiente que mantiene en ascuas a los colombianos es la decisión sobre el incremento del ACPM, que ha sido postergada por largo tiempo, pues estaba previsto que la senda de incrementos empezara en julio de 2023. No obstante, luego de un encuentro con los transportadores, el presidente Petro anunció que se congelaría el costo hasta junio de este año y, en ese tiempo, se tendrían que hacer reuniones técnicas para definir la mejor manera de aplicar las alzas.

Ya van diez mesas de negociación y aún no hay humo blanco. El Gobierno sostiene que el incremento es ineludible, puesto que hay un hueco que se debe tapar, el cual fue generado por los subsidios implícitos al precio interno de los combustibles, mientras el petróleo estaba por las nubes en el mundo.

En una audiencia pública realizada esta semana, la viceministra de Hacienda, María Fernanda Valdés, dijo que solamente en la gasolina, en la que ya se hicieron los incrementos graduales en el precio hasta llevarlo por encima de 15.500 pesos, se estaba subsidiando en 2022 en 6.095 pesos por cada galón, beneficio que iba, en su mayoría, a gente de ingresos altos, que es la que más tiene vehículos. En consecuencia, en ese año, “el Gobierno puso 36,7 billones de pesos para que todo mundo pudiera tener ese subsidio”, lo que, a su juicio, era insostenible.

Pero en el otro extremo están los transportadores, que no aceptan un alza, sino una reorganización de la fórmula con la cual se calcula el precio, que incluye ingresos al productor, impuestos y costos de importación de insumos y tecnología.

Aunque los voceros del Gobierno ven con optimismo el camino para llegar a un acuerdo, varios representantes de los transportadores señalaron que la situación es tensa. De hecho, motivó una salida de los conductores de transporte de carga a la marcha de los inconformes con el Gobierno. La solución, tanto por el tema social, como por un posible efecto en la inflación, deberá ser salomónica.

2. De transición en transición

A finales de 2022, la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció la construcción de una hoja de ruta para la transición energética del país.

“La transición de los sistemas energéticos permite la adaptación de las fuentes de energía y sus tecnologías para contribuir en la mitigación gradual de los impactos ocasionados por la crisis climática y ambiental”, señala el documento, que en ese momento se puso en discusión en lo que el Gobierno llamó el diálogo social.

El anuncio estableció que en mayo de 2023 se conocería esta hoja de ruta; sin embargo, la fecha se aplazó y quedó para el mes de febrero que acaba de terminar, y aún no se publican los documentos finales. La etapa de comentarios cerró el pasado 24 de septiembre, según la página web del Ministerio de Minas y Energía, y se advertía que se estaba trabajando una nueva versión de los documentos.

Hasta la fecha, el ministerio no ha protocolizado cuándo se conocerá esa hoja de ruta, fundamental para el desarrollo de la transición energética y para las transiciones complementarias en el país, como la productiva, que permita que nuevos sectores empiecen a generar los recursos que hoy representa la industria extractiva; y la fiscal, para que este y los próximos gobiernos ajusten sus cuentas bajo este escenario, en donde el actual Gobierno ha ratificado su negativa a nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y a continuar con la exploración y explotación de carbón térmico.

3. Reformas sin costos

Pese a la fuerte oposición, las reformas sociales del Gobierno (pensional, laboral y de la salud) se han convertido en un tema de honor para la Casa de Nariño y por eso utilizarán toda su artillería legislativa para lograr que avance en el Congreso. Pero, además de las diferencias conceptuales, existe una enorme preocupación por los costos de dichas reformas, dado que si no son financieramente sostenibles no podría convertirse en leyes.El desconocimiento de ese costo ha llevado a un debate similar al del huevo y la gallina, pues no se sabe qué fue primero. Los congresistas dicen no poder avanzar en la discusión sin tener ese dato y en el Ministerio de Hacienda dicen que solo pueden tener una estimación, pues la cifra exacta depende de lo que se apruebe.

“Es evidente que el Gobierno no puede calcular, por ejemplo, el costo de la reforma a la salud, entre otras cosas, porque hoy no tiene listos temas como el famoso manual tarifario con el que pretende establecer los precios. Segundo, porque no sabe cuánto le va a costar el equipo técnico que va a necesitar, no solamente para pagar los 450 millones de facturas que se generan en el sistema, sino para que cada alcaldía pueda configurar una red de apoyo, entre otras cosas, porque va a tocar construir los Caps y si no, comprárselos a quienes los tienen en el sector privado o por lo menos alquilarlos. Es decir, hay tantos baches en el proyecto, que vuelven imposible el cálculo”, explica la senadora Paloma Valencia.

La Ley 819 de 2003 respalda a los congresistas, ya que su artículo 7 establece que el Ministerio de Hacienda debe rendir concepto sobre los costos fiscales y las fuentes de financiamiento de los proyectos que generen gastos futuros al presupuesto. “Es más, se hace explícito que tal información debe incluirse en las ponencias de trámite, lo cual implica que los costos fiscales y sus fuentes de financiamiento se deben ir ajustando conforme avanza el proyecto en el Congreso”, dice Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

4. Interinidad permanente

Esta semana, en un debate de control político, el ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció que su cartera publicó un proyecto de decreto para comentarios que busca que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revise los componentes de la fórmula tarifaria. Si bien es una medida que aspira a encontrar el camino para lograr una reducción en los precios de la energía que se han venido encareciendo, hoy por hoy no se podría iniciar su análisis en esta comisión por cuanto se mantiene un problema permanente en la administración Petro: la interinidad en la Creg que en la actualidad va más allá, porque solo hay un comisionado nombrado en propiedad.

En febrero se terminaron los encargos de tres comisionados que habían sido nombrados y que no pueden volver a ser designados en encargo. Además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor una demanda que entre sus argumentos advierte que esta situación “genera inseguridad en el sector energético”, por lo tanto, le ordenó a la Presidencia designar en 30 días a los seis comisionados expertos de la Creg. Sin embargo, al cierre de esta edición, aún no se habían materializado dichos nombramientos.

La Creg es fundamental en el avance del sector energético por la independencia y competencia de sus comisionados, especialmente ahora que se requiere impulsar la transición energética. A eso se suman las tensiones en el suministro de gas, ante el panorama de tener que importarlo a partir de 2025. Hoy la entidad solo tiene uno de seis comisionados (además de los delegados por el Gobierno) y no hay ni siquiera encargados.

5. Litigios, en veremos

La ley para el arbitraje de litigios con deudores de la Dian, de la cual depende un ingreso de 15 billones de pesos que ya fueron incluidos en las cuentas financieras de 2024, es otro de los pendientes económicos del Gobierno.La obtención de esa suma depende de que el Estado logre resultados positivos en los 7.112 casos de disputas tributarias, aduaneras o cambiarias que hay entre los contribuyentes y la Dian, los cuales representan una cuantía de 27,3 billones de pesos. Las posibilidades de obtener esa plata en este año son inciertas, pues es algo que se sale de las manos del Ejecutivo. Se requiere que evolucione el trámite de un proyecto de ley que ya fue radicado en el Congreso, pero que hasta el momento no da señales de avanzar. De hecho, los legisladores están hasta el tope, con varias de las reformas sociales urgentes que están en curso, más toda la agenda de debates de control político.

A la demora con la ley para el arbitraje de litigios en el Legislativo se le suma el hecho de que, una vez aprobada en cuatro debates, como ley ordinaria que es, tendrán que pasar entre ocho y diez meses para que se resuelvan los asuntos entre deudores y acreedor, pues es el tiempo estimado, en promedio, que se requiere para llegar a un acuerdo de esta naturaleza. La bondad de la ley es innegable, pues las controversias por deudas tributarias habitualmente se demoran entre cinco y siete años, pero al parecer contar con ella en el corto plazo no será una tarea fácil.