El último envión para que este Congreso saque adelante proyectos económicos

La elección del nuevo Congreso de la República será clave para definir el futuro económico y fiscal del país durante los próximos cuatro años. Su conformación permitirá tener una idea clara de las prioridades legislativas en materia económica tales como las reformas estructurales en pensiones, tributaria y el cambio en el Sistema General de Participaciones (SGP). Sin duda, también habrá que tramitar una reforma a las regalías, definir los ajustes al presupuesto y hacer algunas de las reformas que propuso la Comisión del Gasto.

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Pero mientras arranca la nueva legislatura, el Congreso tendrá que definir a partir del próximo 16 de marzo la suerte de más de una docena de proyectos económicos que resultan fundamentales para la buena marcha del país.

Tradicionalmente, la segunda etapa de la legislatura del último año de un gobierno se ve afectada por lo que algunos llaman el ‘síndrome del abandono’. Consiste en que muchos congresistas deciden retirarse o no logran su reelección, mientras que la fuerza del Ejecutivo languidece por su próxima caducidad. Esto podría complicar la aprobación de importantes proyectos que aún quedan en la agenda, pues los quorums se volverán más complicados y el tiempo será más corto.

Esto, que ocurre en épocas de transición, afecta en especial a la Cámara de Representantes, en la que tradicionalmente hay un recambio del 60 por ciento de los representantes. Pero este año también se verá en el Senado, que podría renovarse en al menos 35 por ciento. Si a esto se suma el hecho de que muchos congresistas entrarán a jugar un papel en la elección del nuevo presidente, habrá que preguntarse si esta será otra legislatura perdida.

Para Ángel Custodio Cabrera, congresista experto en temas económicos, el gobierno sabe lo difícil de estos periodos de transición y por eso la que presente “tiene que ser una agenda muy reducida y puntual, en línea con las necesidades más apremiantes del país”.

Ya se sabe que las prioridades legislativas del actual gobierno se enfocan en sacar adelante la reglamentación de la justicia especial para la paz (JEP) y continuar con los proyectos para implementar el acuerdo. Por esto, es probable que vuelva a radicar las iniciativas que no alcanzaron a sacar por el fast track como la ley de catastro, la de sometimiento de bandas criminales, pequeños cultivadores, zonas de reserva forestal y ley orgánica, o incluso algunas nuevas.

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El énfasis estará en los proyectos de ley en trámite. En este grupo aparecen algunos necesarios para cumplir las condiciones para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), como los relacionados con derechos de autor, los convenios de doble tributación con Reino Unido y Francia, así como los protocolos modificatorios y el fondo de cooperación de la Alianza del Pacífico. También hay otros de actualización normativa como los de ciberdelincuencia, biotecnología, cambio climático y convenio de mercurio. Si bien podría esperarse poca dinámica, un sondeo en los ministerios muestra varios proyectos que podrían evitar que estos tres meses sean una legislatura perdida.

El nuevo peso

El gobierno anunció que apoyará la propuesta del fiscal de eliminarle tres ceros al peso, y que presentará un proyecto de ley para dar paso a una nueva moneda. Busca facilitar las transacciones, el registro contable y equiparar la unidad monetaria con estándares internacionales, lo cual favorece el turismo. El Banco de la República ha dicho que se requiere que circulen simultáneamente los billetes y monedas de la actual y de la nueva unidad monetaria durante unos 3 años. Además, considera a 2020 el año oportuno para iniciar el periodo de transición, dado que en ese momento habrá terminado el reemplazo de los billetes de la antigua por la nueva familia. El proyecto costaría en total alrededor de 400.000 millones de pesos.

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Ley de Tierras: Campo para todos

Esta ley, que forma parte de los acuerdos de La Habana, busca brindar seguridad jurídica a la propiedad rural y a las inversiones en el campo, por lo que es un proyecto clave para el desarrollo del sector agropecuario y para dar acceso a los que trabajan la tierra, pero no la poseen. Para los gremios del sector es fundamental dar claridad en las reglas de juego para temas como la extinción de dominio y la expropiación, elementos objetivos de cuándo aplica o no, así como para los ocupantes históricos y compradores de buena fe, dada la necesidad de cumplir con un fondo de tierras. El Ministerio de Agricultura elaboró el proyecto y está en consulta previa en este momento con las comunidades afros e indígenas para que pueda pasar al Legislativo.

Regulador convergente

La industria, los usuarios y hasta la Ocde han solicitado de tiempo atrás un solo regulador para negocios como el internet, la televisión y la radio. El proyecto, radicado en octubre por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (MinTIC), busca fusionar la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), para darle paso a una agencia estatal única e independiente “Ante la convergencia de los mercados, hoy el negocio es uno solo. No tiene sentido que el regulador no lo sea”, afirma David Luna, ministro de las TIC. Agrega que el proyecto no tendrá ningún costo ni impacto burocrático. Ya tiene ponente designado.

Consultas Previas

El abuso y la falta de claridad acerca de las consultas previas se han convertido en barreras para invertir en los sectores minero, energético, eléctrico, petrolero y de infraestructura. El gobierno trabaja desde hace meses en un proyecto para regular el funcionamiento de este proceso y brindar reglas de juego claras tanto a empresarios como a comunidades indígenas, afrodescendientes, palenqueros, raizales y gitanos (rom). El proyecto busca reglamentar las etapas, tiempos, costos, la protocolización de los acuerdos y hasta crea una Unidad de Consulta Previa (UCP) y un Registro Único de Etnias.

A pesar de que tuvo un largo proceso de concertación, el anteproyecto del Ministerio del Interior se encuentra de nuevo en etapa de consulta con las comunidades, un paso obligatorio para que la Corte Constitucional no lo tumbe.

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Ley de Subsidios

A pesar de que el gasto en subsidios sociales supera el 40 por ciento del presupuesto general, no contribuye a la redistribución del ingreso, pues está mal focalizado ante vacíos normativos y de diseño. Entre los más preocupantes están los que van a pensiones y servicios públicos. El proyecto de ley 186 de 2016 busca reformar el esquema actual de subsidios y transferencias para mejorar su focalización, aumentar la transparencia del esquema como un todo, y crear mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación a este tipo de programas. Ya lo aprobó en primer debate la Comisión Tercera de Senado, y según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que lidera la iniciativa, “es un proyecto que no ha tenido oposición e incluso varios de los honorables congresistas se han referido a este como un proyecto oportuno y relevante”.

Ley de Catastro Multipropósito

Busca crear un Sistema Nacional Catastral Multipropósito que permita organizar la información de las tierras del país al articular el catastro y el registro, un insumo crucial para mejorar los procesos de formalización, restitución y ordenamiento territorial en el país. Según el DNP, un catastro multipropósito completo, actualizado y confiable permitirá consolidar las garantías del derecho de propiedad, contribuir al fortalecimiento fiscal, la planeación estratégica y el ordenamiento territorial de los municipios del país. El proyecto se encuentra pendiente para primer debate en las Comisiones Terceras del Congreso. Hace parte del acuerdo final, el actual PND y el Conpes 3859 y será presentado con mensaje de urgencia para que pase en este semestre.

Nivelación Salarial

Este proyecto busca exceptuar al Ministerio del Trabajo y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 que limita los gastos de personal y funcionamiento en las entidades estatales. El objetivo es permitir ampliar la planta de personal del Inpec y mejorar el nivel salarial de los funcionarios del ministerio, quienes, según la ministra Griselda Restrepo, “tienen los salarios más bajos con respecto al personal de otras carteras ministeriales”.

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Según el Ministerio del Trabajo, serían nivelados 1.814 funcionarios con un costo alrededor de los 6.829 millones de pesos. Respecto al Inpec, requiere 133.552 millones para ampliar 2.800 empleos (2.300 para el Cuerpo de Custodia y Vigilancia y 500 administrativos). Esta iniciativa forma parte de los compromisos adquiridos con los sindicatos de las entidades, y de convenios suscritos por Colombia en materia laboral con organismos internacionales como la OIT, la Ocde y el TLC con Estados Unidos y Canadá. Está pendiente del último debate en plenaria del Senado.