Elecciones 2022: esto es lo que cuesta un voto

El costo real de una campaña electoral parece ser uno de los secretos mejor guardados en Colombia, pese a los muchos ojos que intentan estar alerta para reducir el riesgo de irregularidades. Lo que sí es evidente es la disparada que ha tenido el gasto necesario para que un candidato llegue a ocupar un cargo de elección popular.

Según el Índice de Costos Electorales (ICE) que publicó el Dane, entre 2010 y 2021 ese valor subió en 44,59 por ciento, y eso que en ese cálculo solo entran las cuentas que se hacen visibles. El Consejo Nacional Electoral (CNE), que es la autoridad que regula y vigila las elecciones, establece unos topes máximos, pero por debajo de la mesa se mueven millonarias sumas, como la que se destapó en las investigaciones del caso Aída Merlano, cuyos costos electorales aparecían en cero hasta el día que fue elegida al Senado de la República, y al parecer había movido alrededor de 18.000 millones de pesos.

La suma gastada en la aspiración de Merlano en 2018 es casi 18 veces el tope individual que le correspondería a cada candidato que gane, si se le asignara la misma cantidad de recursos, pues hay 96.215 millones de pesos para financiar campañas a las 100 curules que tiene esta corporación.

Las correrías que realizan los candidatos por todo el país tienen un solo fin: buscar votos. Para ello, echan mano de la plaza pública; de la contratación de una encuesta para medir la temperatura a la intención electoral; de la propaganda, que es lo más caro, pues aunque ahora usan redes sociales, se siguen utilizando vallas, espacios televisivos, páginas enteras en medios de comunicación impresos y cuñas radiales, entre otros. La lista de mercado que usa el Dane para calcular el ICE incluye arriendo, sueldos y honorarios, servicios públicos, facturas de teléfono, viáticos, vigilancia, alquiler de equipos de oficina, papelería, insumos para el aseo, peajes, combustible, grupos musicales y un sinnúmero de bienes y servicios.

Pero el grueso del gasto está en la propaganda, que se lleva el 33,4 por ciento del costo de una campaña electoral, y es prácticamente lo que saca de la competencia, como sucedió con el aspirante a la presidencia de la república Juan Carlos Echeverry, quien luego de la renuncia a su aspiración aseguró que no se jugaría la hipoteca de su apartamento.

La demanda de recursos para financiar la pauta publicitaria puede oscilar entre 10 y 400 millones de pesos al mes para los candidatos a la presidencia, aunque en la carrera por llegar al Congreso hay campañas que le apuestan a la austeridad, porque dependen más del voto de opinión que de vender la imagen en afiches y en salidas en televisión. Es el caso de Juan Carlos Flórez, quien va por una curul en el Senado y dice poder demostrar que logrará su objetivo con cero pesos, sin pedir plata al Estado. El segundo renglón entre lo que más plata demanda en una contienda electoral es el transporte, que se lleva el 17,96 por ciento.

Jorge Bustamante, exdirector del Dane, economista y politólogo que está en la carrera para llegar al Senado, destapó sus cuentas. Con el lema de ‘Juntos podremos recuperar la confianza’, tiene un presupuesto de 146,7 millones de pesos, de los cuales, 17 millones están relacionados con la movilidad. Se van en viajes 5,4 millones; viáticos, otros 5,4 millones y conductor, 6,2 millones.

A la tajada que se lleva el gasto en transporte le siguen los actos públicos, que representan el 16,21 por ciento del total. En muchos casos, los candidatos contratan grupos musicales, ofrecen reuniones en las que distribuyen alimentos y bebidas o, simplemente, llenan las plazas públicas con la oratoria. Los gastos de administración representan el 13,59 por ciento del costo de una campaña, mientras que la inversión en materiales y publicaciones es el 8,46 por ciento, y en ‘otros gastos’ se va el 7,48 por ciento. La sede, que por lo general se arrienda por cuatro meses, se lleva el 2,72 por ciento.

El ICE sirve para establecer los valores máximos que se pueden gastar en una campaña, teniendo en cuenta que, con plata pública, a los ganadores les apoyan en la financiación mediante la reposición de votos, que puede ser con adelantos o posterior a las elecciones. Pero en la realidad, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), confirma que en Colombia “no sabemos cuánto vale una campaña electoral”. Es más, ni siquiera existe un estimado cierto. Con cuentas de servilleta, Barrios estima que un candidato de una lista de partido, con 100 integrantes, recibiría del fondo público, hasta 980 millones para gastos, aunque hay muchas variables que entran en el esquema de repartición de asignaciones. “Es una plata que, a todas luces, no alcanzaría, si se trata de recorrer el país”.

El aspirante a la presidencia Rodolfo Hernández le había dicho a quien iba a ser su fórmula vicepresidencial, Paola Ochoa, que ir en equipo con él no le costaría un peso, pues trabajarían con emociones, lo que para Barrios no suena tan viable, puesto que “así sea pautar en redes sociales, que es muy económico, tiene un costo”.Los recursos para financiar las campañas, además de la plata pública, salen de aportes de empresarios, lo que no genera una liquidez inmediata, pues esos aportes son caprichosos y demorados. “Como si no vieran lo que se les viene y se nos viene a todos encima, esperan y esperan hasta que les quitan oxígeno a candidatos sensatos que no hacen parte de las maquinarias”, dijo un político retirado.

Al sacar del bolsillo propio, las angustias no son pocas. Un testimonio de un aspirante al Senado que se ahogó en las pasadas elecciones, evidenció que, cuando se entra en la carrera política se aprecia más el valor de un voto. Para su aspiración a un escaño en el Congreso pidió un crédito a la banca por 400 millones de pesos, empeñando los votos. Mientras transcurría la contienda electoral pagaba intereses, pedía refinanciación y apartaba el 30 por ciento de su sueldo para apalancar los gastos. Los costos de arriendo de sede y servicios de luz, agua e internet; los de publicidad, aunque acudía mucho al volanteo, no daban espera. Recibía donaciones menores, como refrigerios y uso de sedes sin pago de alquiler para los eventos. Al final del camino no alcanzó la votación necesaria y, hasta hace poco, terminó de pagar deudas con su salario.En esas están muchos de los 997 aspirantes a ocupar una de las 100 curules en el Senado, y los 1.562 que intentan ser uno de los 161 representantes a la Cámara.

Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia (Demos), de la Universidad del Rosario, es crítico de la financiación de las campañas electorales y del control y vigilancia que se hace en Colombia. “Los topes establecidos no son tan elevados y eso es parte del problema que hace que solo ganen las maquinarias”. Reafirma que el financiamiento de los costos es difícil de estudiar.

“Lo que sabemos, de lo que es declarado a través del aplicativo Cuentas Claras, del CNE, es solo una parte. Es difícil ir más allá. No hay control a fondo. Son muchas campañas y el CNE no tiene los medios para hacer un seguimiento fuerte y lograr cotejar lo que se declara y lo que se gasta”. El CNE no tiene presencia en los territorios para averiguar cómo se desarrolla una campaña. Está en Bogotá, con nueve magistrados y un equipo muy reducido que los apoya.

En busca de reducir la corrupción que hay para la financiación de votos, la trashumancia electoral, las dádivas por votos y todo lo que entra por debajo de la mesa, Basset sugiere reformar la autoridad electoral, pues “es políticamente impotente, no tiene la independencia, la legitimidad, ni la capacidad técnica”.

Lo cierto es que, con lo que hay ahora, en Colombia también sucede lo que dice la popular frase que se replica en México: ‘Un candidato pobre es un pobre candidato’. Todo cambiaría si los ciudadanos tuvieran la certeza de lo que realmente vale su voto para el futuro del país.