Bajar costo por despido de trabajadores, la sorprendente propuesta del Gobierno

Es claro que la reactivación económica busca para mover la economía y promover el empleo. No obstante, sorprendió este jueves que la estrategia para crear un millón de puestos de trabajo de aquí al 2022 incluya una agresiva reforma laboral para el próximo año.

Nadie duda de que el país está en mora de tramitar cambios normativos en lo laboral, más aún, después de que la pandemia agravó muchos de los problemas que traía el país, con lo cual llegó la hora de plantear ideas diferentes.

De ahí que la administración Duque prepara toda la artillería con propuestas que, sin duda, serán controversiales. Esto se vislumbra ya en el borrador del documento en el Conpes de reactivación -en el cual trabaja Planeación Nacional-, que está a disposición para comentarios.

Dos puntos del texto que se conoce hasta ahora podrían ser los más álgidos: la eliminación de los costos no salariales para los empleadores, como aportes a salud por cada trabajador, al igual que los llamados parafiscales. Estos son los pagos que realiza la compañía, para que el trabajador tenga acceso a una caja de compensación, además de otros aportes que ayudan a financiar el Sena y el ICBF.

Según el borrador del documento, el Gobierno planea presentar en el 2021 una propuesta para “eliminar los costos laborales no salariales relacionados con los aportes a salud del empleador y parafiscales de ICBF, Sena y cajas de compensación familiar”.

También está en capilla la propuesta de reducir los costos para las empresas, cuando estas tienen que hacer despidos y, por consiguiente, pagar indemnizaciones.

Sobre la eliminación de costos no laborales, hay que recordar que del 12,5 por ciento de salud que se paga por cada empleado, 8,5 puntos los pone el empleador. Además, es responsable de otro 9 por ciento, que se destina a cajas de compensación familiar, Sena e ICBF cuando los trabajadores ganan más de 10 salarios mínimos (8,7 millones de pesos mensuales).

Con el cambio que propondría el Ejecutivo, estos costos dejarían de ser responsabilidad de los empresarios. A pesar de lo anterior, no se especifica quién se haría cargo de los mismos, aunque sería casi imposible que se los trasladen directamente a los trabajadores. La otra salida sería que los asuma el Estado a través del presupuesto nacional, con lo cual, al final del día, también lo pagarían los colombianos vía impuestos.

Se retoma

La propuesta ya había sido hecha el año pasado por el expresidente de Anif, Sergio Clavijo, quien dijo que reducir estos pagos se traduciría en una mayor generación de empleo. No obstante, de todos lados le cayeron rayos y centellas, asegurando que esto iría en contravía de los beneficios de los trabajadores.

De hecho, su mera proposición fue uno de los argumentos del Comité del Paro para salir a marchar a finales del año pasado. Además, desde la cajas de compensación familiar han dicho que proponer una salida de este tipo llevaría que se pierda la protección de los desempleados, ya que estas instituciones han garantizado subsidios a las personas que han perdido su trabajo por cuenta de la pandemia.

El propio presidente Iván Duque rechazó cualquier idea que debilite o elimine a estas entidades. De hecho, en enero de este año, dijo que, en su lugar, trabajarían por fortalecerlas.

Esto no es lo único que plantearía la Administración Duque. También se propondría actualizar la legislación laboral, de tal modo que tengan en cuenta las dinámicas del campo y de las nuevas formas de empleo (teletrabajo, plataformas digitales, etc.). Además, se incluiría otra polémica idea como lo es reducir el costo de despido de los trabajadores, de tal modo que sea más barato salir del recurso humano.

Lo curioso es que apenas horas después de publicado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) cambió el borrador de Conpes y suavizó las propuestas polémicas que se habían presentado inicialmente. En su lugar, plantea que se incluirán los resultados de la Misión de Empleo y otras comisiones de expertos.

El nuevo documento sí mantuvo la reducción de gastos en el cobro de la renovación de matrícula mercantil (de tal modo que esté basado en los ingresos de las empresas) y la eliminación del requisito de renovación para la cancelación de este documento.

Otra de las medidas, agrega el documento, implicaría tramitar una reforma al proceso de negociación y establecimiento del aumento del salario mínimo, “de manera que contemple poblaciones que al existir un salario mínimo se ven afectadas, como informales y desempleados”.

Esta iniciativa ha sido propuesta por economistas y laboralistas, quienes han dicho que año a año se negocia el alza del mínimo, pero no se tienen en cuenta a unos grupos poblacionales en la comisión tripartita que realiza estos debates a final de año.

Impuestos y minas y energía

El tema de impuestos no quedaría de lado con este plan de reactivación. De hecho, otro de los puntos de este plan de acción propone una reestructuración del Estatuto Tributario colombiano. La idea es que sea más simple, que aumente la base tributaria de empresas, elimine exenciones sectoriales y reduzca la carga impositiva a las compañías.

Además, se modificaría el impuesto de industria y comercio, se implementaría un esquema de transición que permita eliminar complemente las estampillas y se unificarían algunos formularios tributarios. Estas premisas fueron incluidas en las recomendaciones de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, que entregó sus resultados a mediados de este año.

El Ejecutivo iría más allá y analizaría ajustar el Régimen Simple, con el fin de que los beneficios sean mayores para los empresarios que tengan menores ingresos y para quienes aún no es atractivo este régimen especial de tributación.

De igual forma, el borrador de Conpes toca el sector extractivo, es decir, el que está relacionado con actividades de minas, energía e hidrocarburos. En este frente, se plantean medidas que permitan acelerar los trámites de consulta previa, licencias ambientales, arqueología, entre otras.

“Se diseñará e implementará la hoja de ruta que articule a las entidades gubernamentales para la atención oportuna de los trámites requeridos para el desarrollo de proyectos. Esta acción iniciará en 2021 y finalizará en 2026”, destaca el documento.

Plan de reactivación

Todo lo anterior hace parte del plan marco de reactivación que plantea el Gobierno, que incluye inversiones por más de 170 billones de pesos y busca enfrentar la crisis económica que vive Colombia por cuenta del coronavirus y sus devastadores efectos.

El choque es, sin dudas, de una magnitud no vista en el país y el mundo en por lo menos un siglo y requiere que los gobiernos de turno diseñen políticas públicas que permitan retornar al crecimiento que traían antes de la pandemia, pero también que estén encaminadas a mantener el desarrollo económico en el tiempo.

De nada vale solucionar los problemas de corto plazo, si las fallas de fondo siguen vivas. Este es el caso, por ejemplo, del desempleo en Colombia. Analistas han señalado que por más que se vuelva a las cifras prepandemia, el deterioro del mercado laboral es tal que ni así se podría mejorar la situación de millones de personas que no están trabajando o lo hacen en la informalidad.

Por esto, medidas como reducir los costos salariales no laborales y dar un impulso mayor al empleo se vuelven claves en esta coyuntura, sin desconocer que políticamente son poco atractivas y su discusión siempre levanta más de una ampolla.

Como este caso, el país tiene diversos sectores que, si bien venían generando importantes avances para la economía colombiana, requieren ajustes importantes, de cara a lograr una reactivación sostenible.

A corto y largo plazo

Eso sí, decirlo es más fácil que hacerlo y requiere de fuertes inversiones en el corto y largo plazo. El Gobierno es consciente de esto y, por ende, se alista a aprobar una política pública de reactivación plena y crecimiento sostenible para Colombia.

La hoja de ruta incluye planes a corto y largo plazo. El primero trae consigo “apuestas para reducir la pobreza y mejorar el capital humano de los hogares urbanos y rurales más vulnerables y afectados por la crisis, así como apuestas por estimular la producción y el empleo de empresas y sectores productivos más impactados”.

Estas acciones se ejecutarán entre el 2021 y el 2022, con lo cual el Gobierno manda un mensaje de que el coronavirus seguirá siendo el problema prioritario a resolver en lo que queda del 2020. Incluso, dice que “algunas medidas de restricción a la movilidad y al curso normal de los negocios pueden ser implementadas ocasionalmente”.

Pasado ese tiempo, llegará el componente de largo plazo. Según el borrador de Conpes, se buscará, entre otras, avanzar en la reducción de la pobreza, mejorar la educación, aumentar el empleo de mujeres y jóvenes, abrir negocios verdes y tener una producción minera y ganadera más responsable con el medio ambiente. Todo en un escenario de cuatro años, que, vale, señalar, tendrán como actor protagónico al siguiente gobierno.

Hoja de ruta

En ambos casos, la pregunta del millón es cómo se recuperarán los empleos perdidos por la pandemia... La respuesta del Gobierno es con mayor destinación de recursos, sobre todo, en los sectores de infraestructura, construcción y transformación digital.

Para el primero “se han definido cerca de 219 proyectos clasificados dentro de grandes ejes que están relacionados con la aceleración de las vías terciarias, el programa ‘Concluir, Concluir, Concluir’, las vías para la legalidad, la modernización de aeropuertos, habilitación de accesos a ciudades y financiación de obras de integración regional como el Pacto por el Golfo del Morrosquillo”, dice el documento.

El valor estimado de estas inversiones asciende a cerca del 13 por ciento del PIB, es decir, más de 110 billones de pesos, que se traducirán en mayores puestos de trabajo y encadenamientos productivos para el mediano plazo. Entre las iniciativas están:

• Solución técnica al kilómetro 58 de la vía Bogotá - Villavicencio
• Vía Calarcá - Armenia
• Vía Girón - Floridablanca
• Conexión Pacífico - Orinoquía
• Transversal Momposina
• Túnel del Toyo y sus vías de acceso
• Los Curos - Málaga (en cercanías al puente Hisgaura)

A la infraestructura de transporte se sumará la construcción de edificaciones, otro de los pilares del plan de recuperación. En este paquete se incluyen los 200.000 subsidios que se entregarán entre este año y el 2022, tanto para vivienda de interés social como para inmuebles de clase media. Los beneficios incluyen aportes a la tasa de interés, de tal modo que la demanda de casas y apartamentos crezca en el corto plazo y esto se traduzca en mayores proyectos y puestos de trabajo. Cerca de 4 billones de pesos se destinarán en este frente.

De otra parte, se invertirán más de 2 billones para el proyecto nacional de acceso a las TIC en zonas rurales y apartadas.

El Ejecutivo no deja de lado otros macroproyectos, que se prevé saquen la cara en la reactivación. Allí están incluidos la primera línea del metro de Bogotá, la troncal Magdalena C1 y C2 (la Ruta del Sol), las líneas de garantías para el sector empresarial, la nueva malla vial de Cali, y el desarrollo de proyectos para asegurar el acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones en zonas rurales o apartadas.

Todo lo anterior irá de la mando de iniciativas sostenibles, que le permitan al país dar el salto a energías más limpias y con impacto positivo para el medio ambiente. Así las cosas, se pondrán en marcha más de 30 proyectos, en los que se promoverán las fuentes de energía renovable, así como las restauración y protección del medio ambiente.

Allí están incluidas iniciativas que permitan aumentar la transmisión y generación de energía eólica, solar y térmica, pero también la siembra de millones de árboles y el desarrollo de proyectos como la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el canal del Dique.

La hoja de ruta va más allá e incluyen compromisos del sector público y privado para mitigar la situación de los hogares más pobres y vulnerables, avanzar en la implementación de la paz con legalidad y mantener la salud de los colombianos, agravada por la emergencia sanitaria de la covid-19.