Las empresas españolas que le incumplieron a Colombia

La inversion española en Colombia ha sido creciente y diversificada. Se estima que más de 300 empresas de capital ibérico están presentes en Colombia en todas las áreas. Si bien esta inversión comenzó a llegar en los años noventa a los sectores eléctrico, de gas y petróleo, luego se extendió a prácticamente todo el espectro económico. Hoy los grandes grupos españoles compiten en el mercado nacional de la banca, los seguros, las telecomunicaciones, la infraestructura vial, la industria editorial, de salud y servicios.

Se trata de una inversión que le ha aportado mucho al país y como tal este la ha recibido con los brazos abiertos. Sin embargo, ha llamado la atención que varios de los últimos conflictos en los que se enfrentan compañías privadas con el Estado colombiano tienen como protagonistas a firmas españolas.

Los últimos choques han involucrado, principalmente, empresas de servicios públicos y firmas de construcción e infraestructura, sectores clave y con gran impacto en la vida de los colombianos. Aunque en el mundo de los negocios es normal que se presenten controversias y surjan problemas, con ciertas empresas esapañolas los conflictos han pasado de castaño oscuro y resolverlos no ha sido precisamente un asunto amigable. Por el contrario, existe la sensación de que cuando estos inversionistas no cumplen o no les va bien en los proyectos que emprenden en Colombia, culpan al gobierno y acuden a los tribunales internacionales para reclamar millonarias compensaciones.

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No es un secreto el malestar que ha causado, en un sector de la opinión nacional, la forma como algunas de estas multinacionales ibéricas se han referido a Colombia en los medios de comunicación, mostrando un lado del problema que no coincide con la realidad. Han hablado de expropiación, inseguridad jurídica, falta de reglas del juego y ausencia de condiciones para invertir en el país, lo cual es exagerado y además distorsiona la realidad de cómo este ha tratado la inversión foránea. La prueba es que cientos de empresas extranjeras están satisfechas con su actividad en Colombia, le aportan a la nación y al mismo tiempo obtienen ganancias, como debe ser.

Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, es el caso más grande del enfrentamiento de una compañía con el Estado. Para los costeños representa el mayor fracaso de una multinacional española en Colombia. Aunque esta empresa se ha destacado en el negocio del gas y ha prestado un buen servicio en este renglón, no mostró los mismos resultados cuando incursionó en energía, al adquirir a la Electrificadora del Caribe, que presta servicio en siete departamentos de la costa Atlántica.

En manos de Gas Natural, Electricaribe cayó en su peor crisis, lo que obligó al gobierno a intervenirla y a ordenar liquidarla. Las fallas en la prestación del servicio de energía en la costa estuvieron a punto de levantar un polvorín social de graves consecuencias. De un promedio de 27 horas de interrupción del servicio, acumuladas al año en 2010, se pasó a 100 en 2016. Gas Natural incumplió con las inversiones para mantenimiento de redes y mejoramiento de la prestación del servicio. Su argumento central se basó en los tropiezos que ha enfrentado en el recaudo de las facturas de los barrios subnormales y las conexiones ilegales, situación que si bien era real, no era la única razón. La empresa no logró manejar este asunto y tampoco estuvo dispuesta a hacer las grandes inversiones que este negocio requería.

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Al ordenar liquidar la compañía, el gobierno provocó un gran revuelo en España. “Esta decisión ratifica el severo retroceso que experimenta el país en relación con la seguridad jurídica y la protección a la inversión extranjera”, dijo un columnista de opinión en el diario El País, de Madrid. Y en un editorial, el mismo periódico señaló que “el método de intervención y liquidación (de Electricaribe) también es discutible; se parece demasiado a una expropiación; en todo caso, provoca una gran inseguridad jurídica y está muy alejado de las prácticas seguidas en la Ocde”. 

Para el superintendente de Servicio Públicos, José Miguel Mendoza, con esta mirada al problema se ha querido desnaturalizar una decisión que sería rutinaria en otros países. “Se habla ahora de la figura tóxica de la expropiación, cuya simple mención evoca imágenes de ilegalidad y populismo desenfrenado. Con ello, parecería pretenderse intimidar a un país que se precia de la estabilidad de sus instituciones legales y de la protección que siempre le ha ofrecido a la inversión extranjera”, dijo el funcionario en una reciente columna en el diario Portafolio.

Como consecuencia de todo esto, Gas Natural dio inicio a un procedimiento arbitral ante el tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de euros por la liquidación de Electricaribe.

Pero definitivamente, a los costeños no les ha ido bien con las multinacionales españolas. También se han quejado del servicio y las tarifas de agua, prestadas por Canal de Isabel II de Madrid, que a través de su filial Innasa extiende su operación en Santa Marta (Metroagua) y Barranquilla (Triple A).

En el caso de la capital del Magdalena, hubo innumerables quejas por el mal servicio, que llegó al desbordamiento habitual de las aguas negras, asuntos que se agudizaron por la falta de inversiones de Metroagua en manos de la multinacional española. Como se estipuló en el contrato, esta última debía devolver, en abril de este año, la infraestructura al Distrito de Santa Marta. Sin embargo, esto fue motivo de una nueva controversia con la Alcaldía de la ciudad, que acusó a Innasa de querer perpetuarse con el contrato. Hace unas semanas un juez, al fallar una acción popular interpuesta por cerca de 250.000 ciudadanos, ordenó a la multinacional entregarle a la ciudad las redes de acueducto y alcantarillado, bases de datos y bienes inmuebles. La empresa amenazó con demandar, pero el proceso se frenó a raíz del reciente escándalo de corrupción que estalló en España con la empresa Canal de Isabel II.

Si bien la Triple A es el caso de mostrar en calidad de servicio, no se escapa del escándalo de corrupción que reventó en Madrid, que abre el interrogante de la forma como se diluyó la participación de Barranquilla en su emblemática empresa de agua y alcantarillado.

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Controversias en la vía

A los anteriores conflictos, se sumó la semana pasada el de la firma Sacyr, multinacional española experta en concesiones. Sorprende el caso, pues se trata de una empresa que en el pasado enfrentó una batalla legal con el Estado colombiano por la construcción de la troncal del Magdalena Medio, hoy Ruta del Sol, y fue obligada a pagar 77 millones de dólares al Invías por incumplimiento en las obras.

Ahora se trata del primer lío de las 4G. La firma se ganó en 2015 el proyecto de rehabilitar, mejorar y operar el corredor 5, entre Puerta de Hierro-Palmar de Varela-Carreto-Cruz del Viso. Sacyr hizo la mejor oferta por los 196 kilómetros de la obra entre Sucre, Bolívar y Atlántico. Cuando se inició la preconstrucción, la compañía española alegó que necesitaba más dinero pues encontró 30 kilómetros de terrenos de arcilla expansiva que hacían inviable construir por el precio acordado.

El interventor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estuvo en desacuerdo, pues sostuvo que desde la estructuración era claro que había ese tipo de material y que en la debida diligencia Sacyr debió medir el impacto de ese terreno y evaluar sus costos.

El director de la ANI, Luis Fernando Andrade, afirmó que no accedieron a la pretensión de Sacyr, pues prácticamente era doblar plata para hacer la misma obra. Acudieron entonces a la figura, estipulada en el contrato, de amigables componedores, para resolver de forma rápida el conflicto. Este le dio la razón a la ANI, pero, aunque la decisión es de obligatorio cumplimiento, Sacyr no la aceptó. La ANI dice que tienen que arrancar las obras que ya llevan nueve meses de retraso. Nuevamente, en la prensa española el conflicto terminó expuesto como una muestra más de las dificultades que ofrece el país a la inversión extranjera.

Para Andrade, Colombia ha sido muy respetuosa del contrato y Estado de derecho y sostiene que no ha habido ninguna acción precipitada. “Ellos han tenido forma de defenderse y controvertir. Debemos dejar claro que así como nosotros cumplimos, ellos tienen la obligación de hacer la vía porque se ganaron la licitación de una forma transparente y clara. Les toca o sufrirán las consecuencias”, sostuvo. Esto se refiere a que ahora comienza el proceso de caducidad.

Sacyr participa en otras concesiones de Cuarta Generación, en sociedad con otras firmas. En algunas de estas obras hay demoras, pero relacionadas con las consultas previas y temas de licencia ambiental. La firma también tiene con el Invías la construcción del puente Pumarejo en Barranquilla, y con el Fondo Adaptación, un puente cerca de Málaga, Santander.

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Muchos se preguntan por qué una firma que tuvo problemas en el pasado continúa trabajando activamente en el país. La respuesta de las autoridades del sector es que ha ganado claramente en las licitaciones y no se pueden excluir porque un funcionario lo decida.

Analistas dicen que en Colombia se comete el error de creer que todas las empresas europeas que llegan a América Latina son sólidas y serias. La verdad es que después de la crisis de 2007 y 2008 en España, muchas firmas se volcaron a este lado del mundo para mejorar su situación, pero algunas no cumplieron con las expectativas. Por ejemplo, en el escándalo de los Juegos Nacionales de 2015 en Tolima figura otra firma española, Typsa, encargada de diseñar los escenarios. Según la Contraloría General de la República, es responsable de una lista de inconsistencias e irregularidades que contribuyeron al desastre por las obras nunca construidas para esos juegos.

Según publicó en su momento Semana.com, Typsa fue adjudicataria de un contrato por valor de 11.499 millones de pesos para realizar los estudios y diseños para construir, adecuar y remodelar los escenarios del Parque Deportivo y de las instalaciones de la calle 42, dos terrenos que hoy lucen destruidos.

Para algunos expertos, lo más grave de las controversias que se vienen presentando con las empresas extranjeras es que en los tratados de inversión –como el firmado con España– el país haya accedido, para resolver las disputas contractuales, acudir a los tribunales de arbitramento internacionales, en lugar de someterse a las normas nacionales. Esto hace más costosos los litigios para el Estado colombiano, cuando tiene diseñadas las leyes para resolver con independencia y justicia este tipo de conflictos. A propósito, Telefónica Movistar es otra de las empresas españolas que demandó al Estado, por la decisión del gobierno de revertir la infraestructura instalada a partir de 1994.

En síntesis, el desembarco español ha traído empresa, generado empleo y ha aportado al país en muchos sectores. Pero es también, por estos días, un dolor de cabeza y un motivo de indignación.