En el traslado de pensiones: ¿quién ayudó a quién?

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar las consecuencias económicas del coronavirus, algunas han tenido buen recibo, pero otras han desatado fuertes polémicas. En este último grupo están las relacionadas con las pensiones.

Primero decidió financiar la emergencia con los recursos del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) –que devolverá en 2040–, y del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE). Eso provocó airados reproches de mandatarios locales.

Ahora resolvió trasladar a un grupo de pensionados de salario mínimo en la modalidad de retiro programado a los fondos privados. Estos pasarán obligatoriamente a Colpensiones por el Decreto 558 de 2020, lo que ha generado una fuerte controversia.

La medida tiene todo tipo de interpretaciones. Algunos creen que se trata de un salvavidas para los fondos privados de pensiones, que han sufrido fuertes desvalorizaciones en los mercados. Otros la tachan de reforma de pensiones ‘disfrazada’. Incluso ciertas personas acusan al Gobierno de financiarse con recursos de los fondos de pensiones. Y califican la decisión como un precedente nefasto, que abre la puerta a la nacionalización del ahorro pensional.

Por eso, muchos se preguntan quién tiene la razón, o más bien, quién ayuda a quién. Esta medida quedó incorporada en el decreto que suspende los aportes a pensión durante abril y mayo para mejorar la liquidez de trabajadores y empresas. Con el argumento de proteger a los pensionados de retiro programado, el Gobierno los trasladó a Colpensiones. Argumentó que “los recursos se encuentran en un capital que podría verse afectado por las actuales coyunturas financieras”.

Juan Miguel Villa. Presidente de Colpensiones

En el esquema de retiro programado, el fondo recalcula cada año la pensión del afiliado en función del saldo de ahorro en la cuenta individual, las condiciones del mercado y la expectativa de vida. Pero cuando los ahorros se acercan a un nivel en que solo podrían financiar un salario mínimo, la norma obliga a comprar una renta vitalicia a una compañía de seguros para que el afiliado no asuma los riesgos de extralongevidad o de cambios en las condiciones del mercado, como ocurre hoy.

No obstante, ante el aumento de la expectativa de vida, la caída en las tasas de interés, las condiciones del mercado laboral y las decisiones judiciales, entre otros factores, los montos de algunas cuentas podrían ser insuficientes para adquirir este seguro. Esto revela una falla estructural en el mercado de rentas vitalicias: las aseguradoras no las ofrecen, en especial las de salario mínimo.

Frente a esto, las administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP) estaban asumiendo el riesgo de ofrecer unas pensiones de retiro programado de salario mínimo y, si era necesario, completar con recursos propios los previsibles faltantes para ciertos afiliados. Un problema creciente ante el incremento del salario mínimo por encima de la inflación en los últimos dos años. Por eso, de alguna manera, el Gobierno sí les quitó un problema a los fondos de pensiones.

Pero las administradoras, agrupadas en Asofondos, insisten en que ellas no solicitaron esta medida y que no necesitan dicha ayuda. De hecho, Santiago Montenegro, presidente del gremio, reiteró que prefieren lo que ya han planteado a las autoridades desde hace algún tiempo: en caso de enfrentar riesgos de descapitalización futuros, muy poco probables, algunos retiros programados podrían acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Santiago Montenegro. Presidente de Asofondos

Este fondo es el mecanismo de solidaridad que tiene el régimen de ahorro individual, en el cual las cotizaciones de los afiliados de más altos ingresos ayudan a completar la pensión de aquellos afiliados que al cumplir la edad requerida tienen las semanas, pero no el capital para recibir una pensión de salario mínimo. Cuenta en la actualidad con unos 24 billones de pesos. Montenegro insiste en que los fondos seguirán cumpliendo.

Por tal motivo rechazan que la medida sea una tabla de salvación para los fondos privados, pues los recursos para responder por estos afiliados salen de los mismos fondos. Insisten que, como reconoció posteriormente el propio Gobierno, la decisión sirve para aliviar la caída de los ingresos de Colpensiones ante las menores cotizaciones que incluye el mismo decreto.

Según cálculos de Anif, en Colombia hay 181.000 pensionados de las AFP, de los cuales 105.000 están en la modalidad de retiro programado. De estos, el Decreto 558 se aplica a entre 20.000 y 25.000. Con el traslado, las AFP tendrán que girarle a Colpensiones entre 4 y 5 billones de pesos. Además, si faltan recursos, las AFP deberán cubrirlos.

Para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, encontraron esta manera de financiar la caída de ingresos que tendrá Colpensiones por la suspensión de los aportes por dos meses. Esto es, para seguir atendiendo los pagos mensuales a los pensionados del régimen de prima media, que como sistema de reparto se financia con el aporte de los más jóvenes y del presupuesto nacional.

“Si los jóvenes y sus empleadores no están aportando, pues no va a ser posible honrar las obligaciones pensionales actuales. Entonces, ese faltante de caja se compensa con esos recursos de los fondos privados que van a entrar, en el entendido de que se van a recuperar más adelante; que es un crédito que toma el Gobierno y por el que tiene que responder, porque simplemente es deuda”, afirmó Carrasquilla.

Varios expertos señalan que el Gobierno, en últimas, busca con esta medida tener recursos para atender la crisis. Sin embargo, algunos defensores del sistema creen que lo hizo a un precio muy alto, pues quedó la sensación de que los fondos no pudieron cumplir sus obligaciones.

Se trata de un costo político alto de cara a la reforma pensional que debe hacer el país. Hay que recordar que algunas propuestas planteaban que las cotizaciones por debajo del mínimo fueran al régimen público. Por eso muchos ven esta decisión como la cuota inicial de una reforma pensional. Las AFP han rechazado la politización de esta medida e insisten en que hay una campaña de desinformación malintencionada contra los fondos de pensiones.

De acuerdo con Montenegro, eso está lejos de tener el alcance de una reforma pensional, que debe buscar mayor cobertura, equidad y sostenibilidad del sistema.

Algunos analistas creen que esta decisión muestra el gran riesgo de que, ante la insostenibilidad fiscal del régimen de prima media o de reparto, haya que acudir a los ahorros del régimen privado. También saltan a la vista las dificultades de un sistema edificado sobre la base de ofrecer pensiones superiores al mínimo en un mercado laboral en el que el 62 por ciento de los trabajadores cotiza por debajo de esta cifra.

Lo cierto es que los fondos del país han salido bien librados en esta coyuntura al compararlos con los de naciones como Perú, que les permitió a los afiliados retirar hasta una cuarta parte de sus ahorros, lo que mermó la capacidad de ahorro del país.

Además, en la suspensión de los aportes pensionales por dos meses se mantuvo el 3 por ciento de la cotización para pagar el seguro previsional y la cuota de administración de los fondos y Colpensiones.

Santiago Osorio, experto en pensiones, dice que la medida les cae bien a ambas partes: les quita un pasivo a los fondos mientras le entrega gran cantidad de recursos al Gobierno. Es decir, se dan una mano mutuamente. No obstante, esto representa un punto de quiebre en el sistema pensional y un enorme costo político para los fondos. Por eso esperan el pronunciamiento de la corte sobre la constitucionalidad de este decreto.

David Cuervo, director de Bienestar Patrimonial en Mercer, considera que este tipo de medidas antitécnicas solo se justifican en situaciones excepcionales como la actual. Lo cierto es que en una crisis sin antecedentes como esta, todos los actores deben ayudar un poco. Y hay que explorar todas las posibilidades.