En esta cifra debería aumentar el valor de la UPC con la que se financia el servicio de cada usuario de salud

En medio de los debates por la financiación del sistema de salud, que es uno de los temas más sensibles para los colombianos, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) hizo sus cálculos y realizó una sugerencia para que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la vigencia 2025 crezca en al menos un 16,9 %.

La argumentación de la Andi es que se requiere empezar a estabilizar la operación corriente del sistema de salud. En consecuencia, su cálculo no estaría contemplando los faltantes en el sistema durante las vigencias 2022 y 2024, pues solo en 2024 el hueco sería de $ 10,9 billones.

En este mes tendrá que emitirse la resolución que fija la variación que tendrá la UPC, con el propósito de financiar los servicios y tecnologías de salud de los regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General de Seguridad en Salud para la vigencia 2025. En esos dos modos de aseguramiento está casi la totalidad de la población del país, con una distribución de 24.399.839 personas en el régimen contributivo y 24.745.934 en el subsidiado.

El tema de la UPC ha sido de mucho peso en los debates en el Congreso de la República, donde se estudia la reforma a la salud.

Según la Andi, es crucial para “garantizar los recursos mínimos necesarios para cubrir los costos de los servicios médicos, medicamentos, terapias y tecnologías en salud requeridos para la garantía del derecho fundamental a la salud de la población colombiana”.

Es mucho más que el costo del servicio

Para el establecimiento del incremento en la UPC para 2025, algunos analistas expresan que no solo se requiere cubrir un costo estimado del servicio per cápita de salud para cubrir un plan de beneficios, sino también tener en cuenta otras variables. Por ejemplo, los riesgos, la inflación en salud, las regiones y el acceso, por lo que se requiere tener en cuenta una metodología técnica y no simplemente unas cuentas de calculadora, han dicho los expertos.

Según la Andi, “la insuficiencia de la UPC pone en riesgo la operación del sistema, la protección de los pacientes y sus familias. Sin una oportuna y suficiente asignación de recursos, se materializan barreras de acceso, se incrementan los tiempos de espera y aumenta el gasto de bolsillo de los hogares”, argumentaron.

Luego de la pandemia de covid-19, el gasto en salud ha mantenido una tendencia creciente en el país, la cual no ha soltado. En 2020, la cifra como porcentaje del PIB fue del 5,31 % y para el siguiente año se disparó, alcanzando un 8 %. De mantenerse ese ritmo de gasto, la situación será insostenible y, peor aún, si no se establece adecuadamente el valor de la UPC, estiman los expertos.

Desde la perspectiva de la Andi, es totalmente necesario que, antes de cualquier discusión de reforma a la salud, se aborde la temática alrededor de la estabilidad de la operación corriente del sistema. También se requiere “garantizar los recursos necesarios para cubrir los gastos en salud de los colombianos, pues ninguna cadena de prestación de servicios y proveeduría de tecnologías en salud puede operar bajo una situación de déficit recurrente”.

Habrá que ver qué decisión toman los ministerios de Salud y Hacienda.