En Hidroituango, no quedó ‘títere con cabeza’, hay 28 imputados en total

Diez días tienen los 28 imputados por la Contraloría General, como presuntos responsables en el caso de Hidroituango, para presentar su defensa en el trámite que se cursa, y que busca dejar en firme la responsabilidad fiscal que tuvieron los nombrados por el ente de control, en cuanto a detrimento patrimonial, debido al “incumplimiento del objetivo principal del proyecto más ambicioso en materia energética en el país.

Para la toma de la decisión, la Contraloría puso como argumento el desmesurado aumento de costos y la grave contingencia que sufrió en 2018 la megaobra, pero, sobre todo, el riesgo de calamidad pública que se suscitó en la zona aledaña a la construcción de las obras.

Además de los nombres que se dieron a conocer inicialmente, entre los que estaban 2 exalcaldes de Medellín y 2 exgobernadores de Antioquia, el listado lo completan 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango; 2 gerentes de EPM; 2 gerentes de Hidroituango; 1 gerente de la filial EPMItuango. El resto son contratistas.

La Contraloría dividió el grupo de imputados en cuatro. El primero, en el que están varios políticos de la región que pasaron por la administración departamental y municipal, está integrado por el exgobernador de Antioquia (2008-2011) Sergio Fajardo; Luis Alfredo Ramos, quien fue gobernador entre 2008 y 2011; Fabio Alfonso Salazar, alcalde de Medellín entre 2008 y 2011, y Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín entre 2012 y 2015.

Hay que señalar que la Contraloría estableció diferencias entre las imputaciones a los exmandatarios. Por ejemplo, en el caso de Fajardo, le cabe presunta responsabilidad en el caso, tanto por acción como por omisión. De acuerdo con las explicaciones del organismo de control, la acción de Fajardo se refiere a su participación en la junta directiva, mientras que la omisión hace referencia a que no actuó rápidamente frente a los daños en la obra.

A Ramos, entre tanto, le corresponderá responder por conducta de omisión al deber de tutela, al igual que Gaviria.

Otros nombres.

En el listado de nombres imputados por la Contraloría General, hay un segundo grupo y es el de los gerentes de EPM e Hidroituango en distintos periodos. Allí aparecen Federico Restrepo Posada, gerente de EPM y miembro de la Junta Directiva de EPM; Juan Esteban Calle, gerente de EPM y miembro de la Junta Directiva de EPM.

Por el lado de las empresas, en el tercer grupo del listado de 28 imputados, se destacan, el Consorcio CCCI, constructores de obras principales entre 2012 y 2015. El Consorcio Túneles Ituango Fs (Ctifs), constructores de los túneles de desviación entre 2012 y 2015. De igual manera, el Consorcio Ingetec Sedic, interventor entre 2010 y 2015; y el Consorcio Generación Ituango, diseñador y asesor de la obra entre 2008 y 2015.

En el último y cuarto grupo hay nombres de interventores y contratistas. Y se destaca que, del número inicial de personas a las que la Contraloría le abrió investigación, que era de 34, a los 6 restantes se les archivaron las diligencias al no haber incidido de manera determinante en la causación del daño. Entre ellos están Jorge Londoño de la Cuesta, quien fuera gerente de EPM entre 2016 y 2019; Jesús Jaramillo, secretario privado de Antioquia, suplente de Fajardo, entre otros.

La obra más grande del país

La hidroeléctrica Ituango fue pensada como la más grande del país. Una presa de enrocado localizada 600 metros arriba de la desembocadura del río Ituango al río Cauca. Obras para facilitar descargas; un vertedero en canal abierto para evacuación de crecientes; cavernas independientes para desague (aguas abajo). En fin, todo parecía estar absolutamente bajo control.

No obstante, según estableció el contralor general, Felipe Córdoba, hubo una cadena de errores, desde la planeación hasta la ejecución, con tres graves consecuencias: incumplimiento del objeto principal del proyecto, el cual era generar energía ya contratada, para el 2018. Un desmesurado aumento de los costos, los que inicialmente iban a ser de 6 billones de pesos, y pasaron a ser de alrededor de 13 billones. Y la grave contingencia que se presentó en abril del 2018, que amenazó con generar una calamidad pública, indicó Córdoba.