En medio de una asamblea marcada por la tensión y los reclamos, el Gobierno se impuso y designó la Junta de Ecopetrol. ¿Qué sigue?

Alta tensión. Eso fue lo que predominó en la asamblea general de accionistas de Ecopetrol, en la que, finalmente, el Gobierno se impuso como controlante de la participación mayoritaria del Estado en la petrolera.

La fuerte controversia predominó. Los puntos que estuvieron sobre la mesa eran inéditos en una reunión de este tipo. Se discutía sobre una plancha de candidatos a la nueva junta directiva con nombres que, en su mayoría, fueron puestos por el Gobierno. Se cuestionaba su idoneidad.

Así lo expuso Juan José Echavarría, quien se venía desempeñado como presidente del comité de gobierno corporativo de Ecopetrol y al presentar su informe dijo que había “serias dudas de que ese grupo (los nuevos integrantes del equipo directivo) tenga las características necesarias para cumplir con la política que se nos encarga en la junta”.

Además, generaron ruido los líos jurídicos del presidente Ricardo Roa, quien ya completa 11 meses al frente de la empresa, en medio de la incertidumbre alrededor de las indagaciones en su contra que adelantan organismos de control por su participación como gerente de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro.

Sobre él, varios asambleístas se pronunciaron, alegando el derecho a la presunción de inocencia mientras no haya sido juzgado. Otros, por el contrario, hablaban con vehemencia sobre el posible conflicto de intereses de Roa por los negocios particulares con un empresario del sector petrolero, que al parecer también es contratista de una filial de Ecopetrol.

También fue motivo de reclamo en la asamblea la confidencialidad sobre el informe de la firma Control Risk, según el cual se expondría a Ecopetrol a un alto riesgo, debido al ruido constante que genera la situación de Roa.

El auditorio donde se realizó la reunión estuvo repleto, pues son 250.000 accionistas, la mayoría colombianos pensionados o trabajadores que le apostaron su inversión a la empresa que produce 4.000 millones de dólares al año, según las cuentas de Echavarría. Por ello, no faltó la inquietud frente a la reducción visible de las reservas de Ecopetrol, cuyo índice de reposición fue solo del 48 por ciento en 2023, lo que los hacía temer por el futuro de la petrolera en medio de un mensaje de reducción de la actividad a causa de la negativa del Gobierno para hacer nuevos contratos de exploración.

Sobre todos esos pormenores estaban versados los minoritarios, así como sobre la posible violación de las normas relacionadas con los tiempos de presentación de la plancha de candidatos a la nueva junta, la cual se habría radicado de manera extemporánea. Esto podría dejar abierta la puerta para la anulación de la elección.

Con ese memorial de agravios en el horizonte, agregando, además, que la Ocde recomendó al país que integrantes del Ejecutivo (ministros, viceministros y funcionarios de rango ministerial) se mantuvieran al margen de las juntas directivas de empresas estatales, varios de los voceros de los accionistas minoritarios propusieron que se sacaran del orden del día los puntos relacionados con la elección de la nueva junta y el de la reforma a los estatutos de Ecopetrol, los cuales eran criticados porque abonaban el camino para que el Gobierno se impusiera sin encontrar muchos tropiezos.

El secreto sigue

Los minoritarios tomaron la palabra para pedir que se destapara el informe de Control Risks, de manera que se corriera el velo que hay en relación con el efecto que puede causar la continuidad de Roa como timonel de la empresa. Finalmente, en vista de que la nación tiene el 88,5 por ciento de los títulos de la petrolera, fue negada la propuesta de aplazar la votación de los dos puntos mencionados.

Algunos pequeños inversionistas calificaron la asamblea como “prefabricada”, argumentando que se sentían ajenos a las decisiones. De hecho, el exsenador Jorge Robledo, quien aseguró haber adquirido un número de títulos equivalentes a un millón de pesos en enero de este año, para alzar su voz en nombre de los minoritarios, dijo que “con antelación se sabía que la asamblea iba a terminar mal. Los voceros del Gobierno, que controlan cerca del 90 por ciento de las acciones, no aceptaban ningún error y son expertos en barrer debajo de la alfombra buscando tener éxito en el tapen tapen”.

La controversia se avivaba con las intervenciones a favor y en contra de las decisiones que se tomaban por votación, con la desventaja de pulsear con un mayoritario. César Loza, presidente de la USO, sindicato de Ecopetrol, y también dueño de algunos títulos en la compañía, manifestó que “se ha pretendido tender un manto de duda sobre los cambios que se intentan dar en la junta directiva. Consideramos que las personas que llegan tienen las condiciones para asumir la responsabilidad que les sobreviene.

Destacamos la llegada de Edwin Palma, que fue presidente de la USO. Es importante que se cambien los estatutos para que Ecopetrol entre en negocios de otras energías, como sucedió en Noruega con Statoil, que se convirtió en Equinor para ampliar su portafolio”.

Roa, por su parte, sacó sus cartas tal como lo había hecho ya al presentar los resultados de la petrolera en 2023. Aseguró que, aun cuando “muchos están diciendo que estamos acabando la empresa más grande del país, los números dicen lo contrario”. Habló de la utilidad generada el año pasado, que fue de 19,1 billones de pesos, aún con un entorno retador debido al precio del petróleo a la baja, en 82 dólares, frente a los 99 dólares que tuvo en 2022.

Ese es el dinero (19 billones de pesos) que recibirán los inversionistas en acciones. También generó inquietud, toda vez que implica un dividendo de 312 pesos por acción, monto que está lejos de los 593 que se repartieron el año pasado por los históricos resultados de 2022. Durante la asamblea, en medio de reclamos por el recorte en dividendos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien presidió la reunión, lanzó la propuesta de pagarlos en dos cuotas y no en tres, como estaba en el cronograma inicial, lo que finalmente fue aceptado.

Hora de votar por la junta

Luego de más de diez horas de deliberaciones e intervenciones que mostraban dos extremos, llegó el momento de votar la nueva Junta Directiva de Ecopetrol. Aunque ya los estatutos habían sido modificados, entre otras, para reducir los años de experiencia exigidos a los miembros de junta y para poner una cuota femenina, siguieron los cuestionamientos a los nombres de la plancha.

Se estableció que para integrar el grupo que tomará las decisiones en la petrolera se requieren 12 años de experiencia, conocimiento en la industria energética y fogueo en alta dirección, entre otros. También se exigió que el 30 por ciento de los integrantes sean mujeres, que se tenga en cuenta la diversidad y la inclusión, que se mantengan tres miembros de la junta anterior, que se cuente con un experto en temas financieros y que todos gocen de buen nombre, entre otras demandas.

Los reclamos empezaron a surgir. Un participante de la asamblea dijo que, de nuevo, el Gobierno incurría en “un irrespeto a las normas para que después los jueces tumben las decisiones”.

Asimismo, Francisco Lloreda, expresidente del gremio de empresas petroleras, se pronunció y dijo que hay razones para estar preocupados. Si bien en el equipo hay personas que merecen todo el respeto por su trayectoria en el sector, otras están llegando y “no es claro si su visión es la que conviene o van a tender a una radicalización que conduzca al debilitamiento de la actividad principal de la empresa, que es el petróleo y el gas”.

Unos a favor, otros en contra y varios abstencionistas votaron en un auditorio que se fue desocupando poco a poco. Muchos accionistas se retiraron antes de terminar, previendo que no tendrían nada que hacer frente a la voz dominante.

Al final, la junta nueva de la compañía quedó integrada por los nombres que eligió el Gobierno: Ángela María Robledo, Mónica de Greiff, Luis Alberto Zuleta, Guillermo García Realpe, Álvaro Torres y Juan José Echavarría, como independientes. Lilia Tatiana Roa, Gonzalo Hernández y Edwin Palma, como no independientes.El ministro Bonilla intervino para defender la plancha: “No es la primera vez que se nombran personas del Gobierno en la junta. Sucedió en años anteriores”.

Al final, todo fue consumado.