En reforma agraria, la clave es respetar la propiedad privada

Una de las varias reformas que ha planteado el Gobierno del presidente Gustavo Petro, es la agraria. Su meta con ella es modernizar el campo, avanzar en la formalización de la tierra, hacerla un instrumento productivo y desde ahí potenciar e industrializar a Colombia. El objetivo esencial es que el país deje a un lado la dependencia de la economía extractivista y pase a un modelo de desarrollo de sostenibilidad, de internacionalización y de disminución de las brechas en materia social. En la historia colombiana se han aprobado principalmente tres reformas agrarias: en 1936, en 1961 y en 1994. Y si bien en el marco del acuerdo de paz con las Farc se planteó una reforma rural integral, esta no se ha ejecutado

Cuatro propósitos han sido comunes en las reformas agrarias del país; programas de redistribución de tierras, en tres modalidades: por compra, por expropiación y por cesión de tierras. Formalización de derechos adquiridos a través de la tradición de la posesión (titulación de baldíos) y colonización. Definición de derechos históricos de comunidades indígenas y titulación colectiva a comunidades negras, así como adjudicación de subsidios integrales.

La realidad es que por ahora, el Ejecutivo no ha presentado la reforma agraria, solo radicó un acto legislativo sobre el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos de especial protección constitucional y creó un grupo de la reforma agraria. Sin embargo, por declaraciones de la ministra de Agricultura, Cecilia López, y del propio presidente, esta iniciativa tendría un eje central en la distribución de la tierra. Por eso, el sector legal aprovecha la coyuntura y le plantea al Gobierno varias recomendaciones para que tenga presentes a la hora de construir las propuestas para complementar las normas que ya existen en materia rural y agraria. Y es que no hay claridad sobre si se presentará un proyecto integral como lo ha planteado el presidente desde antes de llegar al Gobierno, o si serán varios complementarios.

Una de las primeras sugerencias que hacen las firmas de abogados, es el respeto por la propiedad privada, así como a la seguridad jurídica. “Estas son pilares de nuestro ordenamiento jurídico y también esenciales para mantener la confianza inversionista en el país”, explicó Felipe Mariño, socio de la práctica de derecho inmobiliario de Gómez-Pinzón. Otra de las recomendaciones, aunque le apunta a la seguridad jurídica, es que se reconozca la importancia, que para el desarrollo de Colombia, representan los proyectos agrícolas y forestales productivos que se desarrollan con compras legítimas y basadas en las normas vigentes.

“El país no puede seguir castigando al inversionista con normas retroactivas. Se debe garantizar estabilidad jurídica a quien invierta y ejecute proyectos. Hay que actuar con creatividad y sensatez: el desarrollo del campo requiere campesinos propietarios, pero también empresas e inversionistas con capacidad de invertir en infraestructura, implementar modelos de eficiencia e internacionalización y seguir estándares de sostenibilidad ambiental”, puntualizó Andrés Montoya, socio de Posse Herrera Ruiz.

Por su parte, Juan Carlos Rocha, socio de la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), recomienda que una reforma en este sentido incluya no solo a las poblaciones más desvalidas, sino también a quienes de forma legítima han adquirido propiedades y las vienen explotando para agricultura e industria agropecuaria. “El Gobierno debe tener un balance adecuado de todos los grupos de interés”.

Otra recomendación que hace Mariño, que es más económica que legal, es que el Gobierno y el Congreso sean responsables, no solo en el análisis de las reformas desde el punto de vista presupuestal, sino también desde la capacidad de gestión de las instituciones gubernamentales.

Juan José Arango Ruiz, gerente jurídico de Dupla Legal, opina que no solo hay que estar pendientes de la anunciada reforma agraria, sino también de la sentencia SU288 de 2022, proferida por la Corte Constitucional sobre terrenos baldíos. De ella puede concluirse que el Estado ha incumplido el régimen de baldíos y ratifica su deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.

Más tierra productiva

La ministra de Agricultura ha señalado que el énfasis de una posible reforma agraria será la tierra productiva como punto central de la paz total. Ha hablado de una distribución de tierras que garantice su productividad, eso sí, respetando el derecho a la propiedad.

Para las firmas de abogados ese es el gran reto: no violar ese derecho. Montoya señala que es necesaria la actuación decidida y efectiva de las diferentes entidades que, en el Estado, manejan tierras, así como de los organismos de defensa. “También de jueces, inspectores de Policía y del Legislativo que tiene un reto enorme, pues si se afecta la seguridad jurídica, será difícil generar un entorno de desarrollo social y económico y de convivencia pacífica”, señaló.

Para Mariño la mejor manera de garantizar que una reforma agraria no vulnere el derecho a la propiedad privada, es un seguimiento activo a las iniciativas que se radiquen en el Legislativo y que puedan tener el efecto de desconocer ese derecho, así como una visibilización de las mismas a través de foros y debates académicos. “De ser necesario, interponer las respectivas acciones de inconstitucionalidad cuando aplique. La Corte Constitucional desempeñará un papel supremamente importante en el control de constitucionalidad de estas reformas”, precisó.

Límite con la expropiación

Otro de los temas del cambio de gobierno que llama la atención en el sector legal es la idea de imponer impuestos a las tierras improductivas. Petro ha hablado de un impuesto predial diferenciado en las ciudades, en los lotes ‘de engorde’ y en el campo a la productividad de la tierra, así como otras medidas que, en la práctica, podrían traducirse para los abogados en expropiaciones.“

Igualmente medidas como la compra de los inmuebles por parte del Estado dejan otro tipo de inquietudes no menos relevantes, como la fuente de los recursos para la adquisición de los inmuebles y, obviamente, la capacidad real del Estado de administrar esos inmuebles”, señaló Felipe Mariño.

Arango, de Dupla Legal, opina que una adecuada estrategia sería disponer mayores recursos para la implementación del catastro multipropósito, y así permitir contar con un censo ajustado, que a su vez incida en el cálculo de los tributos con una base gravable acorde.

Igualmente, Andrés Montoya señala que imponer impuestos de esta clase es retador. Plantea más bien que, con el fortalecimiento del catastro multipropósito y el desarrollo de proyectos productivos de empresas legalmente constituidas que compran de manera transparente, se podrán tener valores catastrales actualizados, lo que impactará positivamente el recaudo. “No hay mejor camino al recaudo fiscal por la propiedad raíz, que la legalidad”, dijo.

Sin embargo, para Sebastián Gallo, de PPU, se trata más de un mensaje “fogoso de un candidato, que de una propuesta ponderada y bien estructurada. Los impuestos prediales los administran los municipios, no el Gobierno nacional. Si bien tenemos un marco general, son los propios gobernantes municipales quienes tienen esa responsabilidad”.

Impulso a más servicios

Aunque aún no está claro cuál será el camino de la reforma agraria del Gobierno, las firmas de abogados estiman que, sin duda, habrá un aumento en la demanda por sus servicios.

Dependiendo de la propuesta que se ponga a consideración del Congreso y si esta se convierte en ley de la República, pueden existir dos clases de servicios que los clientes requieran del sector legal. Si se trata de una reforma agraria que fomente e impulse la inversión en el campo, no hay duda de que la atención desde las firmas legales será integral y desde varios equipos: inmobiliario, agroindustria, recursos naturales, medioambiente, corporativo y tributario. Pero si llega a ser una iniciativa que afecte los derechos adquiridos y lleve a la inseguridad jurídica e inestabilidad, el trabajo será para el equipo de litigios.

“Sin duda queremos lo primero, nuestra obsesión es el desarrollo sostenible del campo colombiano”, explicó Andrés Montoya, socio de la firma Posse Herrera Ruiz.

Por su parte, Felipe Mariño, socio de la firma Gómez-Pinzón, dice que los primeros servicios que se prestarán serán los de evaluación de la situación de los clientes frente a las reformas, cómo los pueden impactar y cómo proteger sus activos. Y posiblemente haya mayor demanda de los servicios que prestan las áreas de litigios. “Ojalá la mayor demanda de servicios legales consista en la implementación de grandes proyectos agrícolas que involucren la participación del Estado, de la empresa privada y del campesinado”, dijo.

En PPU consideran que son muy variados los servicios que prestarían los abogados, que pasan incluso por una labor académica y educativa. “Habría una serie de tareas asociadas a estudios de títulos de propiedad, identificación de restricciones para compra, venta, englobe, subdivisión y demás actos de mutación de la propiedad, asesoría en procesos de clarificación de la propiedad privada, trabajo en temas asociados a expropiaciones, ventas forzadas y demás mecanismos de transferencia de propiedad a entidades estatales”, señaló Juan Carlos Rocha, socio de PPU.