Energía: la alta tensión por las tarifas y la inminente llegada del fenómeno del Niño

El próximo 19 de abril vence el plazo para los comentarios al proyecto de decreto, presentado por el Gobierno, por el que se modifica el decreto único reglamentario del sector de minas y energía y se establecen políticas para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

Aunque el documento parece demasiado técnico y complejo, es clave por la coyuntura en la que se expide y lo que representa. Se publicó luego del polémico decreto en el que el presidente Gustavo Petro anunció que asumiría personalmente, por tres meses, la regulación de los servicios públicos en Colombia y cuando se conoció que la Superintendencia del ramo preparaba una reforma a las normas que rigen los servicios públicos, es decir, las leyes 142 y 143 de 1994.

Por ahora, mientras el decreto con el que el jefe de Estado busca controlar directamente la regulación de los servicios públicos está en un debate jurídico en el Consejo de Estado, los nuevos anuncios llegan en un momento crítico para el sector: por una parte, las tarifas de energía se han convertido en uno de los principales protagonistas de la inflación en el país y, por otra parte, la casi inevitable llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de este año.

La expedición del decreto por el cual el presidente Petro reasumía las funciones regulatorias no cayó bien. Los empresarios reunidos en el Consejo Gremial, exministros y hasta la calificadora Moody’s manifestaron sus preocupaciones.

Y le llegó el turno al round jurídico. Los abogados Juan David Solorza Martínez y Lucas Arboleda Henao demandaron a la nación a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Argumentaron vicios de forma y de fondo en la nulidad del decreto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. El alto tribunal lo aceptó y dictó medidas cautelares, con las que suspendió los efectos del decreto. La Superservicios interpuso un recurso y el proceso sigue su curso.

Ahora, este nuevo documento fue recibido como una buena señal por algunos jugadores. Para Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, gremio de las generadoras térmicas, el decreto inicial hablaba de una retoma por parte del presidente de las funciones completas de las comisiones de regulación. “Acá el enfoque es distinto y estaría dando unos lineamientos de política energética reflejados en el decreto que está en comentarios, y dice en cada uno de esos artículos que serán reglamentados en el marco de la institucionalidad a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Es un buen elemento que el Gobierno enmarque los ajustes en la institucionalidad del sector”, señala.

El proyecto de decreto contiene distintos elementos, entre ellos la participación ciudadana, el aseguramiento de la prestación del servicio, la participación de la demanda, la remuneración de los excedentes de energía, la adecuación de mecanismos de medición y la contratación del mercado regulado.

De acuerdo con un análisis de la firma Óptima, que dirige Alejandro Lucio, el proyecto contiene muy pocos elementos novedosos en el marco regulatorio vigente y en la política energética ya emitida. Y se pregunta: ¿debería la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Minas y Energía, concentrar sus esfuerzos en emitir señales de política redundantes y en el ya conocido intento de retomar las funciones de regulación económica delegadas en la Creg?

A principios de la semana que termina, el Gobierno nombró cuatro nuevos comisionados de la Creg, pero en calidad de encargados: Manuel Peña Suárez, Ángela María Sarmiento, Juan Carlos Bedoya y Adriana María Jiménez.

Uno de los temas que analiza el documento que está para comentarios es la posibilidad de aumentar los espacios de los niveles de contratación que tienen los agentes, y que hoy mantienen una alta exposición a la bolsa, en la que diariamente se determina en el mercado el precio de la energía. Esta se ha caracterizado por su volatilidad, con incrementos fuertes en los precios que afectan a los distribuidores y comercializadores que no tienen suficientes contratos de largo plazo y cuyos precios se trasladan al consumidor.

Según Castañeda, este es un tema clave, pues para el segundo semestre se prevé la llegada del fenómeno de El Niño. “Es necesario ampliar la contratación de esas empresas. Hoy cerca de siete empresas del sector de distribución y comercialización tienen una exposición a bolsa superior al 35 por ciento, lo cual es muy alto para la época y la mayoría son empresas públicas propiedad de la nación”.

Óptima cuestiona las soluciones a causas estructurales en temas como la formación de precios. “¿El problema de fondo no es la falta de competencia, de nuevos agentes que entren a dinamizar la formación de precio y a reducir las posiciones dominantes y, por ende, la probabilidad de su ejercicio?”, señala.

Y agrega que la propuesta podría traer un interés de la política energética “por no solo guiar, sino por controlar las ofertas de los agentes hidráulicos”. Para Óptima, esto implicaría controlar la gestión de los embalses y, por tanto, dar un vuelco total al funcionamiento actual del mercado.

Las tarifas y el Niño

Esta coyuntura coincidió con el más reciente dato de inflación, en el que los precios regulados fueron protagonistas.

En plena Semana Santa, el Dane publicó el dato de inflación de marzo y, lejos de ceder, siguió adelante. El índice de precios al consumidor (IPC) registró una inflación anual que llegó a 13,34 por ciento, alcanzando un nuevo máximo de 23 años.

Los regulados son uno de los principales motores del aumento de precios, con una inflación anual de 14,72 por ciento, un nuevo máximo desde 2001. Esto es resultado de aumentos en los precios de los combustibles y de las tarifas de electricidad, gas y transporte urbano.

Según Corficolombiana, las tarifas del mercado regulado y no regulado han crecido a tasas anuales de dos dígitos desde mayo de 2021, niveles por encima del promedio de la última década, que fue de 6,1 y 7,2 por ciento, respectivamente.

Sin embargo, para otros como José Camilo Manzur, director de Asocodis, gremio que agrupa a los distribuidores de energía, el impacto se ha venido reduciendo. “Si se compara la tarifa promedio de las empresas de Asocodis –que atienden al 99 por ciento de los usuarios del sistema interconectado nacional– de septiembre de 2022 frente a la de marzo de 2023 –en octubre de 2022 se empezaron a ver los efectos del pacto tarifario–, vemos que la tarifa ha crecido en promedio 4,1 por ciento, y el IPC en ese mismo periodo ha sido de 7,5 por ciento. Eso muestra que las tarifas se han incrementado por debajo del IPC desde que se tomaron las decisiones del pacto tarifario”, afirma.

La preocupación aumenta por la llegada del fenómeno de El Niño, que podría presionar los precios de la energía en bolsa y las negociaciones de los contratos futuros. Se prevé que se cuidará el recurso hídrico, y las plantas térmicas empezarán a operar justo cuando los precios de los combustibles líquidos –fuel oil y diésel–, carbón y gas se mantienen altos.

Castañeda considera que la llegada del fenómeno de El Niño, cuya probabilidad se acerca al 90 por ciento, moverá los precios en la bolsa. “En la medida en que los agentes estén cubiertos con contratos de largo plazo y de manera adecuada, la bolsa va a influir muy poco en el componente de generación dentro de la tarifa de los usuarios”, agrega.

La otra preocupación es frente a la oferta de energía para atender este fenómeno climático. Y la inquietud tiene soporte: los proyectos de energías renovables no convencionales registran retrasos de entre dos y tres años. Algunos jugadores del sector calculan en cerca de 3.000 los megavatios pendientes.

En el caso de las térmicas, Castañeda advierte que, desde el punto de vista de energía firme –aquella que se tiene para atender, incluso, momentos complejos como un fenómeno de El Niño–, “tenemos para honrar y cubrir la demanda. Hay que trabajar muy fuerte la logística para garantizar el suministro de los combustibles”.

La incertidumbre en el sector todavía está vigente y la prueba de fuego será la subasta de proyectos de energía de agosto, cuando se espera que se presenten iniciativas para atender la demanda más allá de 2026. El Gobierno tendrá que mandar las señales correctas para mantener la institucionalidad que se ha construido por cerca de 30 años a fin de que no se repita el apagón de 1992 y que el efecto de El Niño no ponga en riesgo el suministro. Una tarea que no será fácil.