Macroeconomía
Entidades financieras han sido multadas por fallas en sistemas contra el lavado de activos
Según un informe, en los últimos cinco años la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto un total de 98 sanciones.
En Colombia, entidades financieras y empresas reciben multas por más de 6.200 millones de pesos por fallas en sus sistemas contra el lavado de activos y corrupción
En ese sentido, la firma especializada en prevención del lavado de activos y la corrupción, Infolaft, en un informe detallado, dictaminó que en los últimos cinco años la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto 98 sanciones, por fallas e incumplimientos en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Cabe mencionar que el SARLAFT es una exigencia normativa vigente desde hace quince años, en el país, y que tiene como obligación a todas las instituciones financieras de Colombia a llevar a cabo estrictos controles, con el propósito de evitar que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos o desviar recursos hacia actividades terroristas, luego de lo sucedido con las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.
Según el informe, las dos principales deficiencias encontradas por la Superfinanciera han sido, en su orden, la falta de designación y posesión de los oficiales de cumplimiento (profesionales responsables de la gestión del riesgo de LA/FT en las entidades financieras), así como inconsistencias en la segmentación y perfilamiento de clientes para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos.
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Debido a estas sanciones emitidas por la Superintendencia, las entidades financieras afectadas tuvieron que pagar cerca de 5.900 millones de pesos durante el periodo 2017-2022.
Asimismo, la Superintendencia Financiera vigila a 418 instituciones financieras en el país, entre ellas bancos, aseguradoras, firmas comisionistas de bolsa, fiduciarias y compañías de financiamiento, entre otras.
Por otra parte, la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo no es una obligación exclusiva de las entidades financieras.
De hecho, según cálculos de la firma, en Colombia hay cerca de 8.000 empresas no financieras y vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, las cuales deben implementar Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
El informe encontró que entre 2020 y lo que va corrido de 2022, la Superintendencia de Sociedades ha emitido 30 sanciones por un valor cercano a los 300.000.000 de pesos.
La principal falla identificada durante las visitas de inspección, realizadas por delegados de la Supersociedades, fue que las empresas no tenían los controles antilavado establecidos por el SAGRILAFT.
Finalmente, y haciendo referencia a la lucha contra la corrupción, durante el mismo periodo (2020-2022) la Superintendencia de Sociedades impuso otras seis sanciones contra empresas que no adoptaron los controles anticorrupción definidos en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
El PTEE es un sistema de obligatorio cumplimiento para las empresas que operan en Colombia y tienen contratos con el Estado o realizan negocios internacionales.
Fiscalía creó grupo especial contra delitos financieros
Francisco Barbosa, fiscal general de la nación, expidió la Resolución 562 de 2022, la cual pone en funcionamiento el Grupo Especial para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico – Financieros.
Las funciones que tiene esta delegación, está apoyar la identificación y judicialización de organizaciones y personas naturales que recurren a complejas operaciones de lavado de activos y de defraudación.
Asimismo, contará con la participación y apoyo de agencias estadounidenses. Además, contará con el apoyo de otras entidades del Estado, como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la fuerza pública.
“Los delitos económicos y financieros son el eslabón para las conductas delictivas asociadas con la corrupción, y facilitan la desviación y ocultamiento de los dineros públicos y privados”, indicó el fiscal Barbosa Delgado al explicar el alcance del nuevo grupo.
