“Es un error anteponer la transición energética a la seguridad energética”: la dura advertencia de la Contraloría General

“Colombia tiene fortalezas energéticas representadas en abundantes reservas de carbón, hidrocarburos, fuentes hídricas y potencial en generación eólica, fotovoltaica y térmica con acceso a ambos océanos lo que la convierte en un sitio estratégico para la exportación e importación de energéticos regionales”, así lo advierte un estudio de la Contraloría General de la República titulado Seguridad y confiabilidad energética en Colombia en el que muestra su preocupación por la falta de política para la seguridad energética en el país.

“El país disfruta actualmente de una seguridad construida a través de décadas de inversión y desarrollo eléctrico, petrolero y de gas además de la acumulación de experiencia frente a crisis pasadas que tuvieron como consecuencia rediseños y mejoras con miras al fortalecimiento en la provisión de energía. Desafortunadamente, es una ventaja que se está deteriorando”, señaló el ente.

Y es que una de las principales conclusiones del análisis es la inexistencia de una política definida y unificada de seguridad energética en el país. “Es evidente que cada subsector energético (gas, eléctrico, petróleo y minería) ha desarrollado sus propias prioridades en cuanto a lo que seguridad energética se refiere. Este tipo de descentralización no debería representar un obstáculo, y, sin embargo, de manera recurrente, se ha convertido en tal. No se aprovechan las experiencias intersectoriales y la debida coordinación que requieren diversas políticas que emanan de los diferentes organismos del Estado es deficiente”.

Identifica un problema crítico en el sector: hay inestabilidad jurídica y tributaria y asegura que existen ante la ambigüedad en decisiones de política energética, que, aunado a la creciente oposición de comunidades a proyectos eléctricos, petroleros y mineros “en apariencia más como cálculo político y económico que por legítima preocupación ambiental” hace que se estén desaprovechando los recursos energéticos a costa de la insatisfacción de diversos actores sociales.

El primer ejemplo que señala el estudio es en el sector petrolero, con cada vez menos años de reservas, bajos niveles de exploración y, agrega, no se vislumbra nueva exploración en áreas diferentes a las ya explotadas.

“Todo esto redunda en que los problemas de abastecimiento que se esperan tan temprano como el 2030, si la producción continúa con la tendencia actual y no se incorporan más recursos, se van a sentir en la economía especialmente por los menores márgenes de utilidad para la industria con su consecuente impacto en todos los aportes que esta hace a las finanzas públicas, ya sea por impuestos, regalías y derechos económicos o por mejores niveles de inversión extranjera directa afectando desde los niveles de inflación, hasta la tasa de cambio, debilitando en general la economía nacional”, afirma la investigación.

Revela un dato muy preocupante en materia de autosuficiencia, por la oposición del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, a firmar contratos petroleros en nuevas áreas. Esta decisión significa que se han reducido efectivamente las áreas potenciales petroleras que antes sumaban 85,7 millones de hectáreas y ahora pasan a ser 19,8 millones de hectáreas, una disminución del 76,8%.

“Para contrarrestar este y otros problemas mencionados es urgente que se viabilicen alternativas como el aumento de Factor de Recobro de los yacimientos, la incorporación de reservas que aún no están desarrolladas, el aprovechamiento de los recursos contingentes y la solución de cuellos de botella en el licenciamiento ambiental”, explica el estudio.

En el estudio se controvierte la visión gubernamental de un futuro en el que la descarbonización efectivamente reduce los niveles demanda de hidrocarburos y en esta perspectiva el valor de las exportaciones de energéticos se vería reducida. Argumenta que esta visión es debatible porque, aunque considera que como futuro es deseable, la experiencia demuestra que la trayectoria de este tipo de fenómenos como la transición energética, donde la complejidad e interdependencia es alta, suelen sufrir retrasos importantes “y, por lo tanto, esta puede demorarse más de lo planeado dejando al país sin los beneficios y sin el recurso que se supone debería impulsarla, desprotegiendo a la sociedad a futuro”.

Asegura el análisis que, en combustibles, las importaciones van en aumento y no se vislumbra reversión de la tendencia en el futuro cercano. La autosuficiencia en gasolina, afirma, se perdió varios años atrás y la del ACPM está cerca a perderse.

Adicionalmente, la gasolina duplica su demanda cada 11 años y el diésel cada 21 años “y no se vislumbra que la capacidad de oferta se aumente consecuentemente en el mediano plazo. Esto implicará importaciones cada vez mayores y, por lo tanto, la necesidad de precios al consumidor atados a la realidad económica, es decir, prescindir de los subsidios que han representado cerca de $100 billones en los últimos 15 años y es dinero que podría estar solucionando problemas más apremiantes”.

La Contraloría califica al licenciamiento ambiental como “la fragilidad más recurrente para proyectos energéticos”, y agrega que la lentitud en la obtención de licencias -agravada por las dificultades en los procesos de consultas previas- ha sido expresada desde todos los sectores energéticos y es un problema que está identificado hace tiempo, pero sobre el cual no se aprecian avances significativos ni unificados. Esto, a su juicio, redunda en la lentitud para la finalización de proyectos que hace tiempo deberían estar garantizando mayores niveles de confiabilidad de suministro energético.

“Los procesos de transición energética hacen, paradójicamente, notoria la debilidad del país para reconfigurar su matriz energética de manera tal que se asegure también la confiabilidad y asequibilidad de los diversos energéticos. Las expansiones en energía renovable no convencional, aunque deseables, deben ir unidos a sistemas de respaldo frente a las intermitencias o el tener una matriz altamente renovable (hídrica) implica una debilidad si no se tiene el respaldo en energía térmica en épocas de climatología adversa. Anteponer la transición energética a la seguridad energética es un error que el país no debe permitirse”, dice el estudio.

En este proceso de descarbonización, la Contraloría considera que renunciar al uso del recurso energético más barato y abundante del país, como lo es el carbón, para la generación eléctrica, tiene sentido en un país en el que las necesidades básicas han sido satisfechas, “pero en Colombia contribuiría a hacer más asequible y confiable la energía eléctrica, especialmente en la Región Caribe donde abunda este recurso y sobre todo teniendo en cuenta que las emisiones colombianas contribuyen muy poco a las metas globales de reducción de gases de efecto invernadero”, añade.

El ente de control pidió una atención urgente a lo que llamó “la robustez del sistema eléctrico”. Eso implica infraestructura capaz de soportar y recuperarse de fallos inesperados. “Con la disponibilidad de las plantas térmicas que a menudo varía durante períodos de baja hidrología, la adecuada definición de los programas de mantenimiento adquiere una relevancia crítica. Para el caso de la infraestructura de transmisión que presenta, con el 75 % de las líneas de 500 y 230 kV superando los 35 a 40 años de servicio, refleja un sistema que no solo está envejecido, sino también podría aumentar la frecuencia de sus fallos”.

Y puso como ejemplo, la situación en Bogotá, donde la restricción por trámites ambientales en la construcción de nuevas líneas de transmisión de energía de Chivor y Guavio obliga hoy a generar con plantas mayoritariamente a carbón las 24 horas durante ya casi un año.

“Hay además una orden judicial que no deja hacer la línea por contaminación del agua, para lo cual se debería hacer ajustes del trazado y no afectar la gestión de la expansión, reflejando que no hay priorizaciones y que la seguridad energética se está supeditando a preocupaciones ambientales que pueden no tener la relevancia suficiente frente a las necesidades que enfrenta la capital del país y que afectan su seguridad energética”, puntualizó.