Esta es la razón por la que hoy el sector mineroenergético está en el ojo del huracán

Solo un ejemplo muestra la postura del jefe de Estado ante los hidrocarburos. Gustavo Petro, en campaña, y ahora como presidente en su discurso ante Naciones Unidas, ha igualado al petróleo y al carbón con la cocaína.

En materia petrolera, los mensajes han sido categóricos: no habrá más contratos de exploración y el Gobierno respaldó la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso para prohibir el fracking. La discusión sobre la autosuficiencia energética y la posibilidad de anticipar el marchitamiento de la industria tienen al sector y al país en alerta.

Muchos temas están sobre la mesa y hay poca claridad. Por una parte, en el tema de fracking habría espacio para una controversia jurídica por derechos adquiridos, pues un fallo del Consejo de Estado dejó en firme la reglamentación técnica para hacer fracking en Colombia. Eso permitiría que empresas como Drummond, ConocoPhillips y Parex, que tienen contratos para realizar actividades en yacimientos no convencionales, con inversiones que superan los 500 millones de dólares, puedan avanzar en el desarrollo y solicitar licencias ambientales. De otro lado, en el programa de campaña, así como se va en contra del fracking, también la hace con los proyectos offshore. Y, paradójicamente, los hallazgos en el Caribe de reservas de gas han sido los principales anuncios de los últimos meses.

¿Se suspenderán las tareas?

Al no haber nuevos contratos de exploración, con los existentes, las cuentas de algunos expertos señalan que quedan unos 124 contratos. El nivel de efectividad de los pozos en Colombia es de entre 15 y 20 por ciento. Es decir, que serían de 22 a 24 pozos los que estarían contrarrestando el declive natural de los campos, que es del 15 al 17 por ciento al año. ¿Se estará anticipando el agotamiento de una industria que es la vaca lechera de las finanzas públicas del país?

El año pasado, Ecopetrol se quedó con más del 50 por ciento de la participación en ISA, que tenía la Nación. El Gobierno ha dicho que la estatal petrolera es clave en el proceso de transición energética y tendría un papel importante en la generación con energías limpias.

Sin embargo, aquí también hay una paradoja: esta adquisición le limita el campo de acción en la generación de energía. En Colombia, la integración en el sector eléctrico, en este caso transmisión con generación, no está permitida por la regulación actual. Eso obliga a Ecopetrol a explorar esas posibilidades en otros países.

¿Estará pensando la administración Petro en un cambio de regulación para permitirle a Ecopetrol desarrollar generación en el país? Muchas son las preguntas que tienen un alto contenido jurídico alrededor de un sector clave para la economía colombiana.

Como menciona Marianna Boza, de Brigard Urrutia, frente a los retos en materia de petróleo y gas, es fundamental demostrar el impacto positivo que las actividades tienen en el desarrollo sostenible y económico de las áreas de influencia por la creación de oportunidades de puestos de trabajo directos e indirectos.

Según Inés Vega, de Holland & Knight, en el caso de los contratos de exploración, mientras no se toquen los ya otorgados o los procesos de adjudicación en curso, la discusión es política y económica y no recaería sobre intereses particulares. “Si llegara a haber una decisión de terminar contratos, negar licencias, modificar términos, etcétera, estaríamos en un escenario de reclamaciones particulares. Ahora bien, cabe la discusión sobre las facultades del poder Ejecutivo para prohibir la explotación de recursos de la Nación, si basta con que el Ministerio de Minas ordene a la ANH no adelantar más procesos y solo administrar lo que hay, o debe aprobarse una ley o incluso modificar la Constitución”, señala.

Boza, de Brigard Urrutia, considera que es necesario prestar atención a la evolución de las relaciones con las comunidades en las cuales desarrollan actividades para mantener y reforzar la licencia social que permite sus operaciones.

Por su parte, Johanna Cajigas, de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), considera que falta ver en la práctica cómo será el desarrollo de los campos que actualmente operan de cara a la participación de las comunidades y otros temas ambientales que son transversales a la explotación de hidrocarburos. “No se trata solo de que el contrato siga vigente y garantizar su ejecución, también pasa porque no existan trabas legales durante el plazo de los contratos vigentes que los limiten o imposibiliten la explotación”, advierte.

Para el tema de fracking, Vega, de Holland & Knight, previene que puede darse una colisión de intereses: “está el inversionista con su proyecto y el Estado, que decide limitarle la posibilidad de desarrollarlo. Se van a presentar discusiones sobre los derechos adquiridos, el lucro cesante, la seguridad jurídica y la protección a la inversión en el marco de los tratados internacionales”.

El otro tema álgido para el sector es el de la expedición de licencias ambientales y de consultas previas. Por los anuncios dados por el Gobierno está claro que hoy es más difícil obtener una licencia que ayer, “anotando que la obtención de una licencia ambiental en Colombia no ha sido nunca fácil”, agrega Vega. No obstante, reiteró que las autoridades no pueden extralimitarse y ni negar una licencia si no es por razones fundadas. En cuanto a las consultas, aplica el mismo principio, añadiendo que las comunidades tienen derecho a ser consultadas, pero no tienen la última palabra en cuanto a los proyectos.

En materia de gas, Cajigas anticipa que las discusiones clave serán aquellas que van más allá de lo legal y apuntan a la política pública que impacta no solo el abastecimiento de gas visto como un combustible, sino como el suministro de un servicio público que no solo pasa por la prohibición del fracking, sino por la falta de incentivos para el desarrollo del gas costa afuera. La otra ventana que se abre en la confrontación en el sector es la posibilidad de que lleguen demandas contra Colombia en escenarios internacionales. En el pasado, uno de los sectores que más demandas tuvo por parte de jugadores internacionales fue el minero. Pero ahora, el petrolero podría abrir esa senda.“

Es parte de la evaluación del riesgo que deben hacer el Gobierno y el Legislativo. Los países pueden decidir sobre sus recursos, pero cuando se han adquirido compromisos y hay particulares que tienen derechos, esas decisiones tienen un costo político, jurídico y económico que puede ser inmenso. Las situaciones jurídicas consolidadas han sido reconocidas como fuente de derechos por el Consejo de Estado”, concluye Vega.