Esta es la visión legal de los principales proyectos que están moviendo las obras públicas en el país

Un grupo de ocho abogados consultados sobre la situación de la infraestructura concluyeron que lo más olvidado han sido los sistemas férreo y fluvial; la mayor deuda ha estado en las vías secundarias y terciarias, y el avance se manifiesta en las vías 4G y 5G. Los juristas esperan, en un escenario de incertidumbre, que las dudas se disipen, los contratos se cumplan, los proyectos se ejecuten y que dejen de caer los índices de inversión y financiación.

Carlos Andrés Sánchez, socio de CMS Rodríguez-Azuero, reitera que el rescate del sistema férreo merece un aplauso y resalta algunos proyectos priorizados por el Gobierno, como el tren del Catatumbo, que se encuentran actualmente en estructuración, y la concesión sobre el corredor férreo central (La Dorada-Chiriguaná), que esperan ser adjudicados a finales del presente año. “Adicionales a los proyectos de infraestructura de transporte, están los de infraestructura social, especialmente en salud y educación, por lo que el mercado se encuentra a la espera igualmente del avance y desarrollo de este tipo de proyectos en los próximos meses”, señala.

La mirada global la dan los abogados de Brigard Urrutia, Carlos Umaña, socio del área de práctica de Infraestructura y Servicios Públicos, y Mario Alejandro Forero, director de la misma área. Ellos consideran que el “avance en la construcción de los proyectos de la cuarta generación de concesiones viales, que corresponde en promedio al 81 por ciento del total, evidencia que las asociaciones público-privadas (APP) sí están contribuyendo al desarrollo de infraestructura en Colombia”.

La expectativa de María Montejo, abogada de Baker McKenzie, se enfoca en la apertura, a finales de este año, de la licitación de la APP de 5G del corredor Villeta-Guaduas, “un corredor de primordial importancia para la conectividad del centro del país con la costa caribe”. En materia de navegación, resalta la estructuración del proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Meta, “un corredor fluvial estratégico para desarrollar el potencial agroindustrial de esta zona del país”.

En el ámbito aeroportuario, hay varios proyectos en marcha (principalmente iniciativas propuestas por el sector privado), pero destaca la abogada de Baker a “la APP para la modernización y operación del aeropuerto de San Andrés y Providencia, la cual actualmente está en curso para que interesados manifiesten su interés en resultar adjudicatarios del contrato”.

Desde Dentons Cárdenas & Cárdenas, la socia Ximena Zuleta resalta los avances “en la línea 1 del metro de Bogotá, que está en plena construcción, y la línea 2, la primera subterránea en el país, que está en proceso de licitación con varios grupos precalificados. En Medellín se construye el metro de la 80 y en Cundinamarca el Regiotram de Occidente”.

Para Carlos Carvajal, socio de Lloreda Camacho, sobresalen las principales iniciativas de infraestructura vial (Malla Vial del Valle del Cauca, Troncal del Magdalena y la vía Buga-Buenaventura) de navegación (Canal del Dique y APP del Magdalena) y aeroportuarias (la posible ampliación del Aeropuerto El Dorado). “Su ejecución y viabilidad dependerán de la forma en que puedan abordar la obtención de licencias y permisos ambientales y sociales, y que su estructura financiera requiera de menos recursos públicos”.

Cristina Vásquez, socia de Posse Herrera Ruiz, piensa que el mayor avance que ha tenido Colombia en los últimos años es la consolidación de las APP con los proyectos de cuarta y quinta generación de concesiones. “Estos proyectos han mejorado la conectividad y la movilidad, al tiempo que han contribuido al crecimiento económico”.

Olga Lucía Ramírez, socia de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa, subraya que Colombia tiene herramientas de planificación como el plan maestro de infraestructura intermodal, que fue recientemente actualizado (tras casi diez años del anterior, que requería una revisión). Igualmente, fueron expedidos el Plan Maestro Ferroviario y la nueva política portuaria, al tiempo que se avanza en la asignación de riesgos para las APP. “El papel lo aguanta todo, el tema es hacer realidad los proyectos”, reitera.

Confianza y seguridad

Los abogados especializados en infraestructura coinciden en que Colombia tiene un esquema legal bastante sólido, aunque con temas por mejorar. Carlos Andrés Sánchez, socio de CMS Rodríguez-Azuero, afirma que podría reducirse el riesgo de los proyectos si estos incluyeran el licenciamiento ambiental y la gestión predial desde un inicio. “Esto es común en los proyectos de infraestructura de otros países con similar nivel de riesgo al de Colombia y haría el mercado colombiano mucho más competitivo. También sería conveniente despolitizar los proyectos de infraestructura”.

Los abogados de Brigard Urrutia, Umaña y Forero creen que para continuar el desarrollo adecuado de los proyectos 4G y 5G es pertinente realizar los ajustes de las tarifas de los peajes, conforme a las fórmulas previstas en los respectivos contratos de concesión. “Esto evitará que se materialice nuevamente el riesgo de menor recaudo de peajes en cabeza de la ANI, lo cual termina impactando el presupuesto público”. También señalan que falta una ley que regule las consultas previas: “Es importante para generar certidumbre en los distintos actores de estos procedimientos”.

La preocupación de Carlos Carvajal, socio de Lloreda Camacho, es que “las señales que ha enviado el Gobierno en materia de infraestructura han generado cierta desconfianza entre concesionarios y financiadores, por lo que los participantes en los proyectos buscarán mecanismos que puedan mitigar sus riesgos, lo cual podría elevar el costo de los proyectos, más aún si se tiene en cuenta que la calificación de riesgo también puede encarecer la financiación de los mismos”.

Desde Posse Herrera Ruiz, su socia en Infraestructura, Cristina Vásquez considera que el nuevo escenario político en Colombia sí le afecta al sector en inversión y financiación “porque se empieza a perder la confianza inversionista, que es tan importante para el desarrollo de este tipo de proyectos. La experiencia nos ha demostrado que escenarios de incertidumbre política son interpretados como situaciones de riesgo por parte de los inversionistas, quienes los asocian con la posibilidad de inestabilidad o cambios en las ‘reglas de juego’”.

Ximena Zuleta, socia de Dentons Cárdenas & Cárdenas, opina lo contrario: “Hasta el momento no hemos visto desinterés en el sector o dificultades para financiar proyectos. La muestra está, por ejemplo, en los recientes cierres financieros logrados para las concesiones 5G Troncal del Magdalena I y II y Accesos Norte II. Aunque existe preocupación por la incertidumbre que se ha generado, seguimos viendo interés de empresas extranjeras en los pocos proyectos nuevos que están en curso y en algunos en el mercado secundario de concesiones.