Este viernes vence plazo para acogerse a amnistía tributaria con la Dian

Por descuido o de manera voluntaria, miles de colombianos le han hecho ‘el quite’ al pago de impuestos en años anteriores, ya sea porque no los incluyeron en sus declaraciones o porque anexaron pasivos (deudas) inexistentes.

En ambos casos, las personas naturales o jurídicas estarían incurriendo en los delitos de evasión, tipificados como tal en el Código Penal colombiano.

El primero se da cuando un contribuyente no declara parte de sus activos, con el fin de ocultar su patrimonio total. Sin excepción alguna, las personas están obligadas a revelar todos los activos que figuren a su nombre, independiente de si están en el país o en el extranjero.

Por su parte, la inclusión de pasivos inexistentes se da cuando los contribuyentes, con el fin de bajar su carga tributaria, añaden en sus declaraciones, deudas irreales. Esto sucede porque los pasivos se restan del patrimonio bruto, con lo cual determina el patrimonio líquido, dato clave para el pago de impuestos.

Algunos expertos han señalado que la cifra de evasión puede ser de unos 50 billones de pesos anuales, es decir, lo mismo que se destinará para inversión en Colombia el próximo año. No obstante, los esquemas financieros de algunas personas o empresas hacen casi imposible detectar los recursos escondidos.

Teniendo esto presente, el actual gobierno le apostó por aprobar en el Congreso una nueva amnistía tributaria, que les permitiera a los contribuyentes sanear sus activos escondidos o pasivos inexistentes, dándoles una tarifa mucho menor a la que tendrían que pagar si los encuentran in fraganti.

La medida no es nueva. De hecho, en el 2014, el gobierno anterior creó la primera normalización tributaria, que aplicó para los años 2015, 2016 y 2017. En ese momento, el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el total de contribuyentes que normalizaron su situación superó los 14.000.

Durante esos años, se normalizaron activos omitidos y pasivos irreales por un valor cercano a los 20 billones de pesos, con lo cual los impuestos que terminaron pagando fueron de 2,3 billones.

Con el cambio de mando en la Casa de Nariño y en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la nueva administración optó por darle una nueva oportunidad a la amnistía de impuestos, pues sus resultados eran doblemente ganadores: aumentaba el recaudo y la transparencia.

Con esto en mente, se incluyó un artículo en la Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento), con lo cual se retomaba la normalización tributaria exclusivamente para el 2019. El resultado fue igualmente positivo. José Andrés Romero, director de la Dian, confirmó en su momento que 5.400 ciudadanos con activos en el exterior y pasivos inexistentes se acogieron al mecanismo y aportaron 1,1 billones de pesos.

Además, dio un dato clave para las relaciones tributarias y de transparencia con otros países. Reveló que de los países desde los cuales se hicieron los saneamientos, el top 10 con mayor valor patrimonial fueron Panamá, Estados Unidos, Islas Vírgenes, Bahama, Isla Niue, Reino Unido, Suiza, Islas Caimán, Curazao y España.

A pesar de los buenos resultados, algunos creen que la cifra de recaudo pudo haber sido mayor, de no ser porque, en ese momento, el ambiente nacional era de intranquilidad.

La razón era que la Corte Constitucional estudiaba una demanda de inexequibilidad de la ley en mención, con lo cual más de uno se pudo espantar, pues el saneamiento de su situación tributaria podría quedar en el limbo.

Los temores se confirmaron tres semanas, cuando el alto tribunal tumbó el 100 por ciento de la Ley de Financiamiento por vicios de procedimiento. Esto llevó al Gobierno a empezar de cero el trámite de esta reforma tributaria, con la contrarreloj de tenerla que sacar en menos de tres meses.

Y aunque la decisión de la Corte dejó intactos los ingresos que ya se habían logrado, la tarea del equipo económico del Ejecutivo estuvo en sacar adelante una reforma, que siempre se sabe cómo entra al Congreso, pero nunca cómo sale.

De hecho, en los planes del Gobierno no estaba incluir una nueva amnistía tributaria. La idea fue presentada por un grupo de parlamentarios, que la plantearon como una línea roja para avalar el proyecto. Así las cosas, durante el 2020 se instauró una nueva oportunidad para que los evasores se pusieran al día, la cual tiene como fecha máxima este viernes 25 de septiembre.

Aplica para aquellos contribuyentes que, con corte al 1.º de enero de 2020, tuvieren activos omitidos o pasivos inexistentes en su información tributaria. La tarifa del Impuesto Complementario de Normalización Tributaria es del 15 por ciento de la base gravable.

Además, si los contribuyentes repatrían los recursos que tienen omitidos en el exterior a Colombia antes del 31 de diciembre de 2020 y los invierten con vocación de permanencia (durante dos o más años), el pago se les disminuye a la mitad. Es decir, pueden terminar liquidando el impuesto con una tarifa de 7,5 por ciento.

Lisandro Junco, director de Gestión de Ingresos de la Dian, señaló que quienes se acojan al beneficio, no tendrán sanciones en cuanto a los impuestos de renta, IVA, régimen de precios de transferencia, declaración de activos en el exterior e información exógena.

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Además, dijo que gracias a la información compartida con otras naciones, la Dian tiene detectados a cerca de 10.000 ciudadanos, quienes tienen activos omitidos por fuera de las fronteras nacionales. “Del total, 37,3 por ciento tiene activos omitidos en Panamá y otro 31 por ciento en Estados Unidos”, explicó el funcionario.

Lo anterior da cuenta de que las autoridades nacionales ya tienen en el radar a los evasores de activos en el extranjero, con lo cual si ellos no se ponen al día con sus obligaciones, les caerá todo el peso de la ley, tanto en sanciones económicas como en posibles implicaciones penales.

Esto se da gracias al avance que ha tenido el país en compartir información de impuestos con otras naciones. El logro más reciente se dio en julio pasado, cuando el gobierno de Panamá incluyo a Colombia como país que recibirá información fiscal de manera automática.

El decreto, firmado por el presidente Laurentino Cortizo, establece que las instituciones financieras panameñas deberán entregar todos los datos a la Dirección General de Ingresos de Panamá, sobre las cuentas financieras cuyos titulares o beneficiarios finales sean residentes fiscales colombianos.

Con esto en mente, los evasores tendrán menos oportunidades de seguirle ‘haciendo conejo’ a la ley y pagar sus impuestos correspondientes. En caso de encontrarlos culpables, podrían recibir penas de cárcel de hasta 9 años y multas de 20 por ciento del valor del activo omitido o del pasivo inexistente.