Esto es lo que le pide el sector privado al nuevo gobierno

Nidia Hernández, presidenta de Colfecar

Después del paro nacional de 2021, cuando el sector de transporte y logística perdió 1,2 billones de pesos, el Ministerio de Transporte convirtió la herramienta SICE-TAC en una especie de tabla de fletes (mecanismo que fue derogado en 2011) al considerarlos como costos mínimos de pago obligatorio para las empresas de transporte y para los generadores de carga. Por ende, este gremio le propone al nuevo Gobierno generar un marco normativo que atienda los principios de libertad vigilada y que parta de la base de que el SICE-TAC es un modelo de costos de referencia. En el frente de los combustibles, que representan 40 por ciento de los costos operativos del transporte de carga, Colfecar pide revisar en detalle la fórmula que se utiliza para fijar los precios de referencia del combustible. Su propuesta es mantener estable el precio en los últimos tres meses de este año y el año próximo para que las empresas de transporte puedan proyectar sus costos con menor incertidumbre.

Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria

Con el propósito de aumentar el acceso al crédito a familias y empresas, los banqueros piden que se pueda sostener la senda de crecimiento económico que trae el país, lo que a su vez repercutirá en mayor empleo. Asimismo, ven una gran oportunidad en la financiación de proyectos ambientales y socialmente sostenibles. Para eso, se proponen desarrollar nuevos modelos de scoring crediticio e impulsar las garantías mobiliarias para darles más oportunidades de crédito a esas empresas y personas que han vivido en la informalidad. Igualmente, aspiran atender a cada vez más colombianos de las regiones más lejanas del país y cerrar las brechas en temas como género o edad. Para esto, consideran al nuevo Gobierno un aliado indispensable, al contribuir con sus entidades en temas clave como la disponibilidad de internet en las áreas rurales y pequeños poblados, las garantías del FNG para la mipymes o los recursos de redescuento de la banca de segundo piso.

José A. Duarte, presidente de Cotelco

Desde la asociación que reúne a los hoteleros le piden al Gobierno entrante trabajar con ellos, las comunidades y los gobiernos territoriales para hacer del turismo una gran apuesta de generación de oportunidades. El esfuerzo debe estar concentrado en cerrar brechas para emplear más jóvenes y más mujeres, al tiempo que se dinamizan otros sectores que van de la mano de la actividad turística. Este sector productivo implica una gran oportunidad para las regiones más apartadas del país y para las ciudades intermedias, que con esta actividad pueden alcanzar su desarrollo. Igualmente, en las ciudades más grandes y posicionadas en términos turísticos se debe trabajar para que sigan ganando espacio en el mercado mundial, aprovechando la variada oferta de destinos y actividades que tiene Colombia.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco

Desde el gremio de los prestadores de servicios públicos le solicitan al nuevo Gobierno respetar el modelo normativo del sector, así como la seguridad jurídica para que las empresas puedan seguir garantizando el servicio. Advierten que, en caso de querer implementar mínimos vitales, estos no pueden ser a costa de las empresas y deberán tener fuente de financiación clara. Consideran que en materia de agua es urgente modificar el instrumento de tasa retributiva por vertimientos. También se debe impulsar la gestión integral de residuos sólidos mediante incentivos de largo plazo. Para energía y gas, se requiere establecer una senda de transición energética sostenible y ordenada. En TIC, el nuevo Gobierno tendrá que apostarle a la masificación de infraestructura de acceso a internet para más zonas rurales y de frontera, al tiempo que deberá reducir el costo del espectro, ajustándolo a los valores promedio de la región y del mundo.

Paula Acosta, presidenta de Acemi

El gremio de las EPS le pide al nuevo Gobierno avanzar sobre el modelo de aseguramiento en salud, que durante 30 años ha construido Colombia y que es referente internacional, así como continuar avanzando la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado y en la implementación de un modelo de atención en salud rural y para zonas dispersas. Igualmente, proponen generar incentivos que permitan alinear a todos las partes del sector salud en torno a los mejores resultados y el bienestar de los afiliados, y trabajar en la sostenibilidad financiera del sector. Otro frente de trabajo debería estar en volver realidad la interoperabilidad de los sistemas de información y de la historia clínica electrónica, introduciendo eficiencias y transparencia en el funcionamiento del sector y combatiendo los fraudes. De la misma manera, es importante fortalecer instancias de gobierno como el IETS, el Invima, la Superintendencia de Salud y la Adres.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

Las propuestas para el próximo Gobierno no son un tema coyuntural, sino que deben tener una visión de mediano plazo. El país se tiene que enfocar en una estrategia doble: la superación de la pobreza y el robustecimiento de la actividad empresarial. Solo trabajando en esos dos campos en simultánea se puede pensar en un futuro sostenible. En el primer frente se requiere reestructurar la política de superación de la pobreza con una estrategia sustentada en recursos fiscales, así como en la generación de empleo. En el segundo frente se debe implementar una política industrial sustentada en cuatro aspectos: inversión, competitividad, internacionalización e innovación tecnológica. Se necesita que Colombia tenga una actitud menos ingenua y más negociadora en el contexto internacional. El conflicto actual entre Rusia y Ucrania ha puesto en evidencia la importancia de la seguridad alimentaria y del abastecimiento minero-energético.

Jorge E. Bedoya, presidente de la SAC

La política rural se debe trabajar en tres temas claves. El primero es la seguridad alimentaria y sus habilitantes tras la pandemia, los paros, la crisis de los contenedores y la situación en Ucrania. Dichos habilitantes son crédito para que los productores tengan incentivos vía tasa de interés, seguridad jurídica con titulación de tierras, evitar un IVA a la canasta básica y aprovechar los mecanismos de defensa de los TLC para que haya un verdadero comercio bilateral. El segundo consiste en la dotación de bienes públicos, que incluyen carreteras y conectividad digital. Para eso, el gremio propone que en los presupuestos de inversión de todos los ministerios haya recursos para el agro. Y el tercero es una política rural de largo plazo que no se modifique con cada cambio de Gobierno. Que el plan no sea solo para el cuatrienio, sino para los próximos tres periodos y que tenga enfoque regional y sectorial.

Francisco J. Lloreda, presidente de la ACP

En opinión de este gremio, el próximo Gobierno debería impulsar una política energética que continúe con el esfuerzo de incorporación de nuevas fuentes de energía, garantizando a su vez la seguridad y soberanía energética mediante el impulso a la exploración y producción de petróleo y gas, en tierra firme y costa afuera. Sin seguridad energética no va a ser posible la transición. Para esto recomiendan fortalecer la relación y el trabajo coordinado entre Gobierno, industria y comunidades; contar con mecanismos claros de participación ciudadana, diálogo y protesta social pacífica y fortalecer los mecanismos de financiación conjunta de proyectos (obras por impuestos y obras por regalías). Para lograr la generación de energía neutral en términos de emisiones de carbono, proponen facilitar la implementación de incentivos tributarios para proyectos de eficiencia energética, descarbonización y generación con energías renovables, entre otros.