Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre los cambios pendientes en el 4x1.000

El 4x1.000, conocido oficialmente como el gravamen a los movimientos financieros, es un impuesto que grava las transacciones bancarias y ha sido motivo de debate en Colombia durante décadas. La reforma tributaria de 2022 incluyó disposiciones que buscaban modificar ciertos aspectos de su aplicación, pero a la fecha, los usuarios y las entidades financieras no tienen claridad sobre cómo se implementarán estas medidas.

La reforma tributaria aprobada planteaba cambios enfocados en la modernización y simplificación del 4x1.000. Entre las propuestas más destacadas estaba la actualización de los límites de exención, con el fin de beneficiar a quienes realizan transacciones de bajo monto, y la automatización del sistema de cobro para que las entidades financieras identifiquen, de manera más eficiente, las operaciones sujetas al impuesto.

Sin embargo, desde su aprobación, no se han emitido reglamentaciones concretas para llevar a cabo estas modificaciones. En consecuencia, los bancos y demás actores del sistema financiero continúan operando bajo las reglas anteriores, mientras los ciudadanos enfrentan incertidumbre sobre cómo y cuándo se aplicarán los cambios prometidos.

Fuentes del sector financiero han señalado que no existe una fecha definida para implementar las modificaciones. Aunque se esperaba que entraran en vigor a finales de 2023, los voceros del gremio advierten que el debate sobre estos ajustes se aplazará hasta 2025. “No hay ninguna resolución o norma que actualice las fechas. Este año ya está terminando y el sistema financiero opera con menos personal por las vacaciones. Es probable que este tema se retome en enero”, aseguró Édgar Jiménez, profesor de Mercado de Capitales.

La falta de avances ha generado preocupación entre los usuarios, quienes esperaban una reducción en la carga tributaria. “He estado atento a los comunicados de los bancos y no he visto ningún aviso oficial sobre el aplazamiento o las nuevas directrices. Es confuso porque se hablaba de cambios para este año”, comentó un cliente habitual del sistema financiero a SEMANA.

Uno de los mayores retos ha sido la falta de información por parte de las entidades financieras y el Gobierno. Aunque los bancos aseguran que están preparados para implementar las modificaciones cuando se oficialicen, no han ofrecido detalles sobre cómo operará el sistema o qué canales estarán disponibles para resolver inquietudes de los usuarios.

El principal cambio que generó expectativa entre los colombianos fue la eliminación de la obligación de “marcar” las cuentas para estar exento del cobro, un proceso que actualmente requiere trámites adicionales y que genera confusión. Según lo planteado en la reforma, el sistema financiero sería el encargado de identificar automáticamente las transacciones exentas, pero este avance sigue sin concretarse.

El 4x1.000 fue creado en 1998 como una medida temporal para enfrentar la crisis económica del país, pero con el tiempo se convirtió en un impuesto permanente. Desde entonces, ha sido criticado por su impacto en los usuarios de menores ingresos y su efecto sobre la formalización financiera, ya que incentiva el uso de dinero en efectivo para evitar el pago del gravamen.

A pesar de las críticas, el impuesto recauda billones de pesos al año, lo que lo convierte en una fuente importante de ingresos para el Estado. Este factor, combinado con la falta de reglamentación técnica para implementar los cambios, ha frenado el progreso en las modificaciones propuestas.

El panorama indica que la discusión sobre el 4x1.000 será una prioridad en las mesas de trabajo entre el Gobierno y el sector financiero a partir de enero de 2025. Se espera que las nuevas normativas no solo aclaren cómo se aplicarán los ajustes, sino que también incluyan estrategias para mitigar el impacto del impuesto en los usuarios más vulnerables. Mientras tanto, entidades financieras y ciudadanos deberán esperar a que se definan las directrices que permitan modernizar un gravamen que, después de 25 años de vigencia, sigue siendo una de las cargas fiscales más polémicas y criticadas en Colombia.