Estos son los desafíos jurídicos de las EPS en medio de la crisis del sector salud

En momentos en los que el país está a la expectativa de que el Gobierno nacional presente un nuevo proyecto de reforma a la salud en el Congreso de la República, especialistas en materia jurídica alertaron sobre una alta posibilidad en torno al inicio de la completa desaparición de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), máxime cuando se viene hablando nuevamente de la idea de volver al modelo del subsidio a la oferta. Esto como resultado de convertirse simplemente en gestoras de una serie de funciones administrativas, al no tener una participación real en el eje central del tema salud, que es garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales.

De acuerdo con expertos como Enrique Gómez-Pinzón, partner en Holland & Knight, actualmente las EPS enfrentan una desarticulación del andamiaje jurídico que les permite ser las intermediarias en el sistema de salud entre los pacientes y la red de cobertura, lo que desembocaría en dicho riesgo.

Otro de los grandes riesgos en materia jurídica, asegura Adriana Escobar, socia de CMS Rodríguez-Azuero, es la malversación de recursos que puede manejarse en las más de cien EPS que hay en el territorio colombiano, dejando como principal desafío el organizar financieramente las entidades y evitar intervenciones que conllevan, entre otras órdenes, a la destitución de los representantes legales y su junta directiva.

Agrega que se ha evidenciado en diferentes oportunidades que las EPS aducen que es la Administradora de ​los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) la principal responsable de la nefasta economía en materia de salud, pues no hay una destinación de recursos correcta.

En este sentido, el desafío de ahora en adelante no es exclusivo de las EPS, sino también de las entidades que componen el sistema en general, dice Escobar, siendo oportuno traer a colación el proyecto de ley que resalta el control y vigilancia que se tendrá de los recursos no solo por parte de la Superintendencia de Salud, sino desde las mismas EPS, que pasarían a ser entidades gestoras de salud y deben acogerse a ciertas condiciones para continuar operando en caso de que sea aprobada la iniciativa.

Los efectos de la intervención de las EPS

Otro de los riesgos a los que está abocado el sistema, explica Gómez-Pinzón, de Holland & Knight, es a la saturación de algunas EPS como resultado del retiro, intervención o liquidación de otras. Es evidente, dice, que este tipo de procesos afectan la calidad y oportunidad de los servicios y se constituyen en el inicio de la generación de efectos negativos en cadena, principalmente con relación a la red de prestadores de salud.

Frente a este tema, Escobar expresa que los procesos de intervención se pueden realizar de manera preventiva, cuyo propósito no es el de liquidar las EPS, sino, por el contrario, velar y garantizar por su adecuado funcionamiento y, a partir de allí, se determinará si puede o no haber un proceso de liquidación.

La Universidad Externado de Colombia realizó un foro sobre las perspectivas y efectos de la intervención de las EPS en el sistema de salud en Colombia, en el cual expertos resaltaron la relevancia constitucional del sistema de salud colombiano y su estado actual, así como los límites constitucionales para la adopción de medidas de intervención administrativa y toma de posesión.

Los panelistas coincidieron en que es altamente riesgoso, desde los puntos de vista jurídico, político y técnico, implementar reformas sin justificación técnica, razonable y proporcional. Destacaron que la competencia en el mercado de la salud es clave para garantizar la eficiencia, cobertura y mejores precios para los pacientes.

Advirtieron que la apuesta debe ser por un sistema de salud que priorice a los pacientes, garantice su bienestar y asegure el acceso universal a servicios de salud de calidad.

En este sentido, dejaron claro que es momento de actuar para que el sistema de salud esté a la altura de las necesidades del país, y evitar riesgos constitucionales intensos en la garantía del derecho de la salud de los colombianos.

La cobertura

En materia de cobertura, Escobar opina que si bien el Estado busca que toda la población que se encuentra en territorio colombiano pueda acceder al sistema de salud, la tarea más importante es llegar a lugares a los cuales el servicio de salud no llega.

Resalta que en este sentido una de las iniciativas por las que ha optado el Estado para cubrir a las personas a las que les cuesta afiliarse o que no conocen del proceso o de sus derechos, es la caracterización a través del Sisbén y el listado censal.

No obstante, dice que, a pesar de que es una estrategia que puede mitigar parte del problema, se necesita de una herramienta más efectiva, como una política pública o una mayor participación de las entidades territoriales para la afiliación y la prestación del servicio.

Según un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el 95 por ciento de la población colombiana está cubierta por un conjunto básico de servicios y el 41 por ciento de las personas están satisfechas con la disponibilidad de atención sanitaria de calidad con respecto a la media de institución, que es del 67 por ciento.

Como se ha reconocido internacionalmente, el sistema de salud ha logrado avances significativos en la cobertura del servicio para los colombianos y gracias a sus estrategias, se ha venido aumentando el porcentaje de cubrimiento durante las últimas décadas, lo que ha permitido una mayor inclusión y protección de la población frente a los riesgos en salud.