RECLAMANTES
La fila de los que esperan recuperar dinero de Estraval
El Banco Agrario y Bancóldex comprometieron grandes recursos en la comercializadora de libranzas y su posibilidad de recuperarlos es mínima. También reclaman comunidades religiosas y hasta un general de la república.
En fila, a la espera de recuperar el dinero que le confiaron a la comercializadora de libranzas Estraval, están 4.602 inversionistas. Aunque reclaman 1,1 billones de pesos, el agente a cargo de la intervención de la Superintendencia de Sociedades solo reconoció 540.000 millones. Esto se debe a que la norma es muy estricta cuando se trata de captación ilegal de dinero del público, como es este caso, según la Fiscalía. Para devolver los dineros, solo se tiene en cuenta el capital que entregaron los afectados, descontando lo que recibieron por cualquier concepto, como intereses. Tampoco se devuelven las prometidas rentabilidades que a futuro recibirían los inversionistas. En todo caso, esta semana quedarán en firme las reclamaciones, pues 258 afectados pidieron revisar sus casos.
La larga fila de víctimas que dejó Estraval demuestra que esta comercializadora despertaba, por igual, la confianza de expertos y de inversionistas neófitos. Cayeron grandes instituciones financieras como el Deutsche Bank, que hoy reclama 78.000 millones de pesos, aunque se le aceptaron 43.000 millones. Pero también instituciones religiosas, poco conocedoras en materia de inversión, cayeron atraídas por los jugosos rendimientos prometidos. La Iglesia Centro de Fe y Esperanza reclama 7.500 millones de pesos, aunque solo se le reconoció la mitad de esta suma.
Entre las personas naturales hay grandes y pequeños ahorradores. El mayor inversionista individual reclama 4.357 millones de pesos, pero también hay capitales perdidos de 20 o 10 millones pesos. En la fila de reclamantes hay ciudadanos de a pie y reconocidos personajes del país. El excomandante del Ejército general (r) Mario Montoya junto con su familia espera recuperar 634 millones de pesos confiados a Estraval, aunque el agente a cargo de la intervención reconoció una deuda de 505 millones.
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Las personas que compraron libranzas al vencimiento presentan la situación más crítica, con alto riesgo de perder su dinero. Se trata de quienes entregaron plata para recibir el capital y los intereses a largo plazo (casi siempre cinco años) y no en mensualidades. Muchos de estos inversionistas no tienen el pagaré que respalde la operación. En este grupo está la parroquia Santa María del Camino, que invirtió 500 millones de pesos, pero reclama los 1.000 millones que le prometieron a futuro. Como este caso hay 2.228 reclamantes que tienen comprometidos 164.000 millones de pesos.
Ahora bien, dos entidades públicas le apostaron duro a esta comercializadora y hoy tienen mínimas posibilidades de recuperar el dinero. El caso más preocupante es el del Banco Agrario, que reclama cerca de 20.000 millones de pesos que invirtió en libranzas. Esta situación es muy grave, pues la Superintendencia Financiera había advertido a sus vigilados no adquirir libranzas de entidades que no estuvieran bajo su inspección, como era el caso de Estraval. Pero lo más desconcertante es que el Banco Agrario no se presentó a reclamar como inversionista –como todos los que adquirieron libranzas-, sino en la categoría de calificación de créditos, donde los afectados van de últimos en su aspiración de recuperar el dinero, pues la ley siempre prioriza a los inversionistas.
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El segundo caso llamativo es el de Bancóldex, que reclama 1.000 millones de pesos. En esta oportunidad no se trata de compra de pagarés-libranza, sino de un crédito que concedió a Estraval a través de Leasing Bancóldex. Lo más sorprendente es que lo otorgó en marzo de 2016, cuando el mercado financiero estaba alertado de las dificultades de liquidez de la firma. Y peor aún, no hubo garantía real. En esta misma fila de reclamantes están trabajadores, proveedores y la Dian. En total hay comprometidos 123.600 millones de pesos.
Cuánto dinero se recuperará de este colapso es la pregunta del millón. El agente interventor, Luis Fernando Alvarado, está al frente de la titánica misión de buscar recursos donde sea para resarcir a las víctimas. Pero por ahora, todo indica que la plata a la vista es sustancialmente inferior a la que reclaman los inversionistas.