Liberan a los cerebros del caso Estraval por error "garrafal" del juez de garantías

El caso de Estraval, el descalabro con libranzas más grande en la historia de este mercado, cuyos efectos podrían llegar a ser mayores a los de InterBolsa, dio un paso inesperado por las víctimas.

Debido a lo que un juez de segunda instancia llamó "error garrafal" que vino de la Fiscalía y fue justificado por el juzgado 26 penal municipal de garantías, quedaron en libertad Fernando Mondragón Vásquez y Juan Carlos Bastidas Alemán, dueños de la firma y de José Iván Castiblanco y Rosalba Fonsaca Melo, quienes cumplían medidas de aseguramiento preventivo en prisión. Además de levantar la medida de los tres otros imputados quienes cumplían casa por cárcel y ahora enfrentarán el juicio en libertad.

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Según el juzgado 21 penal de circuito con funciones de conocimiento, la primera instancia terminó complementando los vacíos en la argumentación de la Fiscalía, con el fin de no permitir que el caso se debilitara.

A pesar de que reconoció que el expediente de la Fiscalía estaba bien montado y era preciso en sus detalles, lo que le permitió confirmar la legalidad de los allanamientos y el reconocimiento de la víctima, el juez de segunda instancia expresó su decepción de que la justificación de las medidas de aseguramiento no se hubiese trabajado con la misma minucia, dejando a la juez la tarea de compensar los vacíos presentados por el ente acusador.

De acuerdo con lo que explicó el juez, este error es un procedimiento común en las actuaciones de la Fiscalía, el cual consiste en obviar la argumentación referente a la inferencia de autoría o de participación en un delito de los inculpados contenida en el artículo 308 del Código Penal, que es la que debería justificar las medidas de aseguramiento, antes de proceder al artículo 313 a través del cual se solicita la detención preventiva.

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"Hacer lo contrario es un silogismo que no respeta los principios de proporcionalidad ni la dialéctica que genera ese principio", advirtió. Por eso precisó que la acusación debía ser cuidadosa en diferenciar las audiencias de imputación de las de medidas de aseguramiento. Mientras que en las primeras sólo se deben enunciar las pruebas de las que dispone la Fiscalía, en la segunda tiene que aclararse de manera precisa e individualizada cuáles son los elementos de los que dispone para justificar la privación de libertad solicitada.

Para ello, debe probar la coatuoría en el delito de los acusados y luego los motivos por los que estos podrían obstruir el proceso de Justicia, representar un peligro para la comunidad y en especial las víctimas o presentan un peligro de fuga demostrable, los cuales son los motivos de privación de la libertad de locomoción vigentes en Colombia.

Todo lo contrario de lo que realizó en esta ocasión el Fiscal 22 de la unidad nacional especializada antinarcóticos y lavado de activos, quién simplemente entregó las pruebas a la juez y enunció su posesión, pero no exhibió el detalle de estas y los motivos que justificaban la detención en cárcel o en casa de cada uno de los imputados en audio, lo que es un requisito indispensable en el sistema oral.

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El descuido fue suficiente para permitir la liberación de los acusados, incluyendo a los mayores acusados del uno de los mayores descalabros financieros en la historia reciente del país.

Tanto Fernando Mondragón como Juan Carlos Bastidas son acusados de haber cometido varias conductas ilícitas durante su mando en la comercializadora Estraval -dedicada a la compra-venta de libranzas- las cuales habrían conducido al derrumbe de la compañía, a su liquidación posterior y a una pérdida que supera el medio billón de pesos invertidos por más de 4.000 clientes. Entre los reclamantes se encuentran grandes instituciones como el Deutsche Bankestos y el Banco Agrario, pero también pensionados, amas de casa y pequeños ahorradores quienes ahora verán a los presuntos principales responsables del caso afrontar su juicio en libertad, con las posibilidades de fuga o de no comparecencia que ello implica.

De acuerdo con la Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, la firma vendió libranzas sin el respaldo financiero suficiente para hacerlo, vendió pagarés en mora y hasta generó dobles de los títulos de libranzas para poder revenderlos a diferentes personas.

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Ahora el proceso sigue su curso. Para hoy se esperaba la radicación del escrito de acusación por parte del fiscal del caso. El abogado de un grupo de víctimas, José Luis Giraldo abogado señaló que van a solicitar nuevamente medida de aseguramiento. Sostuvo que ahora en libertad, se verán si los implicados están dispuestos a acercarse a las víctimas y a mostrar voluntad de pagar con su patrimonio o por el contario, evadirán su responsabilidad.