Los pecados capitales de Estraval

La Fiscalía General de la Nación es categórica a la hora de describir lo que encontró en Estraval, la comercializadora de libranzas que al quebrar afectó a 4.500 inversionistas que hoy reclaman más de medio billón de pesos. Según el ente acusador, ese grupo de empresas ejerció veladamente, durante al menos diez años, actividades financieras (captación y colocación) sin el permiso del Estado. Es decir, actuó como un banco en la sombra. Pero esto es lo menos grave. La Fiscalía reveló maniobras fraudulentas, autopréstamos, artificios para engañar a los inversionistas, falsedad en documentos y una estructura piramidal.

Por los hechos ocurridos en Estraval, la Fiscalía imputó cargos a Juan Carlos Bastidas y César Mondragón (fundadores de la empresa) y a los directivos Rosalba Fonseca, José Iván Castiblanco, Pedro Carvajal, Fernando Joya y Ángela Daza. Se sabe que uno de los funcionarios está colaborando con la justicia. La audiencia de acusación, prevista para el jueves pasado, no se realizó porque César Mondragón notificó un día antes que no tenía abogado defensor.

A partir de la investigación de la Fiscalía se puede concluir que los pecados más graves cometidos por Estraval fueron los siguientes:

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Entramado ilegal: Estraval se convirtió en un grupo empresarial con una completa y organizada fuerza comercial encargada de captar ilegalmente recursos del público, mientras tenía al mismo tiempo el control administrativo y financiero de por lo menos ocho cooperativas. Estas últimas entidades tercerizaron su objeto social mediante contratos con una filial de Estraval (Tecfinsa). En la práctica, las cooperativas se convirtieron en empresas fachada. Con la plata de los inversionistas se financiaba el objeto social de las cooperativas.

Captación masiva: se configuró un clásico negocio de intermediación financiera al captar dinero del público y luego colocarlo en una operación disfrazada de compra de cartera, cuando en muchos casos ni siquiera esta existía. Al hacer las verificaciones, la Fiscalía encontró que vendieron algunas libranzas incluso antes de ser originadas.

Tras analizar una muestra importante de operaciones realizadas durante 2015, el ente acusador concluyó que, por la cantidad de personas (2.383 inversionistas) y el número de las transacciones (2.872), se configuraron los supuestos de captación ilegal a la luz de lo que señala el Decreto 1981 de 1988.

Esquema piramidal: bajo la estructura empresarial se escondía una especie de pirámide que ofrecía jugosos rendimientos y ganancias descomunales a los inversionistas. Al sumar esto con los altos costos de la operación y también con el direccionamiento de recursos hacia otros frentes, incluso en el exterior, se generó una carga importante para Estraval al momento de pagar los rendimientos a los inversionistas antiguos. Para cumplirles, los responsables tuvieron que recurrir a los recursos que iban llegando de los nuevos clientes. Ese esquema alcanzó a funcionar como un relojito hasta 2014 y principios de 2015, cuando entró en crisis.

Engaño a la luz del día: el negocio tenía apariencia legal, pues se ofrecía, publicitaba y vendía como una actividad empresarial de adquisición y venta de cartera de crédito, representada en títulos valores o pagarés libranza firmados por empleados o pensionados. Estraval decía que adquiría la cartera mediante la compra en firme y con descuento a terceros proveedores (las cooperativas), y que lo hacía con recursos propios de su capital, reservas y utilidades retenidas.

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Es claro que no podía financiar la actividad con el dinero captado del público, lo cual hizo de manera recurrente durante muchos años. El éxito consistía en obtener recursos de terceros para precisamente poder adquirir cartera a otras entidades.

Fue usual la práctica de vender, bajo engaño, dos o más veces los pagarés libranza para captar más dinero, a pesar de no contar con el respaldo de un título.

Como parte del engaño la Fiscalía encontró, en algunas libranzas, diferencias entre el valor de la cuota que tenía registrada la pagaduría correspondiente (por el crédito del trabajador o pensionado) y el valor diligenciado en el pagaré que iba al inversionista. El primero era menor, lo que muestra la intención de darle un mayor valor al título que se negociaba con el cliente final.

Venta múltiple: luego de revisar 860 títulos, la Fiscalía detectó que vendieron varias veces el 60 por ciento de esos pagarés. Y encontró títulos mellizos y trillizos obviamente sin flujo de respaldo.

Operaciones sin respaldo: en muchos casos pagaban al inversionista la suma acordada, pero no había registro de recaudo proveniente de una libranza. Es decir, no había objeto o servicio transado que permitiera entender cómo se hacía el reconocimiento al inversionista. Por otro lado, vendieron muchos títulos cuando ya estaban siniestrados por prepago, maduración o sin flujo, es decir, no podían respaldar la operación.

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En esta misma línea, celebraron operaciones de libranzas sobre créditos que no habían sido ni siquiera desembolsados. Frente a los plazos, la Fiscalía señala que acordaban la mayoría de las ventas de títulos a cinco años para favorecer el desarrollo de un esquema piramidal. En un alto porcentaje hacían los contratos al vencimiento, situación que facilitaba el ‘jineteo’ de recursos (aprovechamiento transitorio de los fondos, una práctica indebida).

En las bases de datos de Estraval, bajo el nombre de cruce de operaciones, el ente investigador pudo determinar que la firma hizo un número significativo de operaciones (3.671) por 277.584 millones de pesos, que no tenían respaldo de pagaré. Es decir, no tenían el título que asegurara el retorno de la inversión y los rendimientos a los inversionistas. Varias de estas operaciones se realizaron entre diciembre de 2015 y marzo de 2016. Algunas estaban identificadas en la base de datos como “sin libranza”.

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Falta de control interno: la Fiscalía también verificó información legal del Grupo Estraval, donde se observa que hubo alertas sobre posible captación masiva. Hay en concreto un concepto fechado en julio de 2006 en el cual un experto contratado por ellos le notifica a César Mondragón haber encontrado inconsistencias. Como conclusión, el abogado les indicó que “como está estructurada en la actualidad la operación no se ofrece claridad indiscutible de estar en presencia de una operación de venta de cartera en firme” y les recomendó subsanar la falta, lo que no hicieron. Otra auditoría interna realizada en 2009 advirtió la existencia de libranzas que no estaban operando, es decir, no generaban flujo.

Además de estas alertas, desde 2012 existían denuncias reportadas a Estraval de trabajadores suplantados que aparecían como tomadores de un crédito sin serlo. Al interior de la comercializadora había un comité de seguimiento de gestión, pero integrado por quienes tomaban las decisiones. Es decir, el control era muy débil o inexistente.

La caja menor: según la investigación, Estraval hizo giros de autopréstamos, pagos de obligaciones personales y transferencias a empresas del grupo, así como amortizaciones de créditos a nombre de los directivos. La Fiscalía encontró correos donde impartían órdenes e instrucciones sobre cómo direccionar los recursos. En dichos mensajes quedó en evidencia que, en repetidas ocasiones, hicieron transferencias por diferentes montos (50 millones, 80 millones o incluso 600 millones de pesos) a cuentas de César Mondragón y Juan Carlos Bastidas por préstamos, anticipo de comisiones semanales y otros conceptos. Esto sucedió en forma recurrente en los últimos años.

La semana pasada, cuando la audiencia de acusación quedó suspendida, decenas de víctimas protestaron y la Procuraduría expresó su malestar. La diligencia se aplazó para los días 30 de agosto y 4 de septiembre, pero para muchos quedó claro que se trataba de una maniobra dilatoria. Las víctimas ya temen que este se convierta en otro largo e intrincado proceso como el de InterBolsa.