Exclusivo | Esta es la reforma a la contratación pública que radicará el Gobierno

Más de 150 billones de pesos se mueven anualmente en Colombia en contratos para hacer obras o comprar los insumos que necesita el Estado para funcionar, pero el 55 % se transan por fuera del Estatuto de Contratación Pública.

En esta nación hay 172 regímenes especiales distintos, algunos de los cuales a veces dejan puertas abiertas a la corrupción. Las licitaciones se demoran 5 o 6 meses en trámites que ya no tienen ninguna razón de ser, y hay 2.450 normas que vuelven engorrosos los trámites en un tema que es crucial para el desarrollo de un país.

Todas esas complejidades ayudan a que el dinero público rinda menos, ya que cae en garras de la corrupción que aprovecha los atajos que deja la ley para negociar sobornos a cambio de obtener un contrato.

Muestra de ello son las cifras que han destapado en el pasado algunas entidades como la Contraloría General o la Procuraduría, las cuales dan cuenta de que la corrupción afecta el 18 % de la contratación pública en el país.

En ese porcentaje se escurren billonarios recursos que podían hacer de esta nación un mejor vividero. De hecho, los países que están en los primeros lugares del escalafón transparencia son los desarrollados, que, a su vez, son los que ofrecen más calidad de vida a sus habitantes a través de servicios que se prestan con eficiencia, tras las inversiones de los dineros públicos.

La contratación pública en Colombia se rige por la Ley 80, que tiene tantos años como la Ley 100 de la salud. Pero ahora habrá un revolcón a esas normas de contratación que ya casi completan 30 años, durante los cuales ha tenido dos modificaciones, pero no han logrado diezmar el flagelo que deja escapar los recursos públicos y los pone en manos de los corruptos.

Modernizar el Estatuto de Contratación Pública, simplificarlo para que sea más ágil y menos riesgoso contratar con el Estado es lo que se pretende hacer al tramitar un proyecto de reforma que hará un revolcón a la ley vigente.

El director de la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, José Andrés O’Meara, habló con SEMANA sobre los cambios que se avecinan, una vez se radique la iniciativa y el Congreso de la República le dé el visto bueno.

SEMANA: ¿Cuánto tiempo hace que no se modificaba la Ley 80?

JOSÉ ANDRÉS OMEARA (J.A.O.): Esta ley es de 1993, tuvo una reforma en 2007 y otra en 2011. Ninguna de las modificaciones ha estado enfocada en lo que estamos planteando ahora en el nuevo proyecto de ley, el cual se socializará en el primer semestre, para ser radicado en el Congreso después del 20 de julio. La socialización es precisamente para escuchar a todos los sectores y generar la confianza de que, lo que se va a hacer, es lo que realmente se necesita. Estamos abiertos a modificaciones siempre y cuando no se afecte la impronta del proyecto.

SEMANA: Entonces hablemos de esa impronta. En Colombia los tiempos de la contratación son largos, las obras se demoran... ¿Qué cambio propone el proyecto en ese sentido?

J.A.O.: Una reducción de 19 semanas en el inicio de la ejecución de los contratos. En los escenarios de pandemia, desafortunadamente contamos con procesos de licitación que duran entre 3 y 5 meses, con una serie de trámites que ya no son necesarios, como las publicaciones en periódicos de circulación masiva. Contamos con tecnologías de la información y el Sistema de Contratación Pública Secop, por lo que algunos de esos pasos resultan innecesarios. Una de las principales propuestas es reducir los tiempos en las licitaciones, de entre 3 y 5 meses, como tardan ahora, a 3 y 5 semanas. Con ello buscamos que la ejecución del recurso público se agilice, se haga con celeridad y la economía se dinamice.

SEMANA: ¿Qué otro trámite innecesario se quitará?

J.A.O.: Tenemos 13 procedimientos en la etapa precontractual y la idea es convertirlos en 2 procedimientos. Lo que se busca es facilitar las cosas a los ordenadores del gasto, a los oferentes y a la ciudadanía para que sea más trasparente y expedita la contratación, y que sea para la reactivación económica.

SEMANA: De las modalidades de contratación, la licitación es de las que más confianza genera en Colombia. ¿Cómo se hará para que sean más rápidas (en pocas semanas) y a la par se garantice que nadie cometa actos indebidos para ganarlas.

J.A.O.: Lo vamos a hacer con tecnología. La publicación de una convocatoria dura 10 días hábiles en un medio de comunicación. Pasaremos del anuncio en papel al electrónico, en la plataforma del Secop. De esa manera, todos los aspirantes a obtener un contrato con el Estado tendrán igualdad de oportunidades, porque hay libertad de concurrencia y la publicidad que el proceso requiere para que haya pluralidad de participantes.

SEMANA: El proyecto incluye un aumento en la participación de las mipymes en las compras públicas. Si bien la pequeña empresa necesita que le den la mano en la crisis, ¿no cree que ese trato especial iría en contravía de la libre competencia?

J.A.O.: El escenario para favorecer la contratación con las mipymes no significa que vamos a abandonar a las grandes y las medianas empresas. También tienen la oportunidad de concurrir, pero hay contratos de determinadas cuantías, que se restringirán a la pequeña empresa, lo que puede favorecerlas a sabiendas de que constituyen el 97 % del empresariado colombiano y, por lo mismo, a la generación de gran parte del empleo.

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En este proyecto también queremos fortalecer la seguridad jurídica y minimizar los riesgos. Muchas veces las entidades públicas se demoran en contratar, porque para los ordenadores del gasto los contratos estatales generan riesgos jurídicos.

Entonces, estamos pasando de tener 2.450 normas de contratación, a solo 200. No tiene sentido que la contratación con el Estado sea una cosa riesgosa por todas esas razones.

SEMANA: ¿Cómo es eso de que tenemos 172 regímenes especiales de contratación en el país?

J.A.O.: Tenemos 172 regímenes de contratación para ejecutar 150 billones de pesos (15 % del PIB) y más o menos 75 billones de pesos (55 % de todo lo que se contrata) termina haciéndose por fuera del Estatuto General de Contratación. Esto afecta la transparencia de los procesos y ahora es parte de lo que queremos mejorar con el proyecto de ley.

SEMANA: ¿Es cierto que el proyecto propone dejar solo un proceso de selección, el que se hace por licitación?

J.A.O.: Sí. Se eliminan 9 causales de contratación que existen en nuestro ordenamiento jurídico y que crean complejidades e inseguridad jurídica, para crear un solo proceso de selección. Quedamos con licitación y contratación directa. Esta última será para convocatorias de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión del Estado.

SEMANA: ¿Qué se estaba haciendo mal con una licitación para que ahora se pueda empezar una obra en 5 o 6 semanas después de firmar el contrato?

J.A.O.: Como está la legislación hoy, a un oferente lo convierten en adjudicatario del contrato y le dicen, pase en 10 días a firmarlo. A ello se le suman los 10 días de publicación en un diario, lo que termina sumando mes y medio. Esas dos actividades son ejemplo de lo que hoy resulta innecesario.

SEMANA: ¿Estas nuevas medidas ahora serán obligatorias para todo el que quiera contratar con el Estado?

J.A.O.: En la actualidad, las normas de contratación son obligatorias para las entidades sometidas a la Ley 80, pero como le comenté, la mitad del presupuesto no se contrata por Ley 80, sino por el derecho privado, que no incorpora las potestades unilaterales del Estado para sancionar. Es necesario armonizar bajo un solo régimen jurídico. Con el proyecto, todo el mundo tiene que ir por el Estatuto de Contratación modernizado y solo quedarían unas cuantas excepciones, no más de 5, de los 172 regímenes.

SEMANA: ¿Podría dar un ejemplo de una entidad a la que le cambiaría el panorama al quitar toda esa cantidad de regímenes?

J.A.O.: Los hospitales públicos, por ejemplo. Compran medicamentos, jeringas... Hasta la contratación de las obras las hacen por derecho privado. También las empresas públicas de servicios domiciliarios y las empresas industriales y comerciales del Estado.

Acá hay una cultura casi centenaria de que esas empresas se rigen por el derecho privado porque el público es ineficiente. Ahora queremos un régimen público eficiente.

SEMANA: Es un proyecto que va a pisar muchos callos...

J.A.O.: Seguramente sí, pero es una reforma que hay que hacer.