Exenciones por $9 billones en reforma tributaria preocupan a economistas del país

Los criterios para elegir los 70 sectores que integran la Economía Naranja y la falta de una justificación técnica robusta para otorgar beneficios tributarios son las preocupaciones que un grupo de reconocidos académicos le hicieron llegar al Congreso para que tenga en cuenta en la aprobación de la Ley de Financiamiento.

Esta semana empezó en forma la discusión sobre los cambios con los que quedará la iniciativa del Ministerio de Hacienda, pero todavía recaen sobre la reforma serios reparos. La ponencia tiene la meta de buscar recursos por más de 7 billones de pesos que se necesitan para financiar una parte importante del presupuesto general de la Nación para el 2019, desfinanciado en una cifra cercana a los 14 billones de pesos, según el Ministerio de Hacienda.

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“Desde su publicación, hemos sido testigos de una presión injustificada por aprobar, bajo imposición política, un proyecto de ley que sin mayor debate técnico concede casi 9 billones de pesos en beneficios tributarios a las grandes empresas”, manifiestan en el comunicado más de 40 expertos, decanos y profesores de las universidades y centros de estudios más importantes del país.

Los académicos coinciden en que las exenciones tributarias carecen de una justificación técnica robusta. Para ellos, la decisión de entregar alivios tributarios a las mega-inversiones, no es clara y tampoco lo son los criterios que se usaron para escoger tanto los 70 sectores que componen la llamada Economía Naranja como el monto de las inversiones que dan lugar al beneficio.

“La multiplicidad de exenciones a sectores específicos no solo reduce el recaudo fiscal y encarece la administración tributaria, sino que también dificulta la labor de supervisión de la DIAN, altera de forma poco transparente la neutralidad del sistema tributario y resta capacidad de negociación al Gobierno frente a los grupos ya favorecidos u otros”, explican.

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Los académicos calificaron de inaceptables los 9 billones de pesos de descuentos tributarios, una cifra que compararon con la financiación de la universidad pública. Por eso le solicitaron al Congreso que sea una co­misión técnica e independiente la que se encargue de evaluar los más de 200 beneficios tributarios que han sido identificados por la DIAN, actualizar la lista si es el caso y determinar bajo criterios muy específicos qué sectores deben acceder a estas subvenciones.

Ahora falta esperar si estas consideraciones serán tenidas en cuentas en las discusiones que faltan en el Congreso, aunque ya se sabe que una cosa es la propuesta de ley que entra al Capitolio y otra la que termina siendo aprobada.