Facturas de energía ahora sí llegarán más baratas para estratos altos

Tal y como lo ordenó la Corte Constitucional, la sobretasa de energía que se venía cobrando a los estratos altos desde el año pasado desaparecerá de las facturas.

Así lo confirmó la Superintendencia de Servicios Públicos, que ya le impartió lineamientos a los prestadores del servicio para no realizar este cobro, a partir de los periodos de facturación posteriores al 3 de diciembre, fecha en la que se hizo efectiva la decisión de la alta corporación.

La superintendente, Natasha Avendaño, aseguró: “Impartimos directrices a los prestadores, que deberán cumplir con el deber de cobrar y recaudar la sobretasa solo de los periodos de facturación anteriores al 3 de diciembre de 2020. En adelante, la sobretasa deja de tener vigencia”.

De igual forma, las empresas de energía deberán cobrar la cartera relacionada con la sobretasa facturada –pero no recaudada– y girar esos recursos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios.

“Los recursos que se recibieron y los que falten por recaudar serán utilizados conforme a lo previsto en el Decreto 1265 de 2020, siempre procurando garantizar la continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica”, informó la superintendente.

En este caso, los recursos iban a salvar financieramente a Electricaribe, que hasta hace unos meses seguía en control del Gobierno.

La sobretasa de $4 por kilovatio/hora consumido aplicaba a los ciudadanos de estratos 4, 5 y 6, así como a empresas comerciales, industriales y no regulados. No obstante, se cayó en la Corte Constitucional, luego de que su creación fuera demandada con el argumento de que el recaudo de un impuesto no puede tener una destinación específica.

Para la corporación no es posible sostener que la finalidad de la denominada sobretasa se encuentre destinada para inversión social, esto es, para asegurar el bienestar social y el cumplimiento de las finalidades sociales del Estado.

“No queda duda alguna de que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, que debe asegurar su prestación eficiente (...). Sin embargo, dicha finalidad no se concreta en la destinación específica de una renta nacional”, señaló en un comunicado.

Según cálculos presentados en su momento por la Superintendencia de Servicios Públicos, este tributo adicional lo venían pagando 2,7 millones de usuarios.

En ese entonces, la superintendente Avendaño dijo que con el costo adicional que se cobraría, la Nación recibiría unos $180.000 millones por año. “Los recursos de la sobretasa serán destinados al fondo empresarial de la Superintendencia para apoyar los procesos de intervención de empresas de servicios públicos y con inconvenientes financieros”, señaló.

La providencia de la Corte Constitucional se da tras un largo camino, en el cual se habían archivado otras cinco demandas contra el plan de salvamento de Electricaribe. En esta ocasión, Linares y los demás magistrados –con excepción de Richard Ramírez, quien salvó el voto– le dieron la razón a Hugo Palacios Mejía, quien pidió que la norma saliera del ordenamiento jurídico.

Esta decisión se da apenas unos meses después de que el Gobierno nacional entregara a dos consorcios la operación de la Electrificadora del Caribe.