Fiscalía se toma las instalaciones de Reficar en Cartagena

El llamado del contralor Edgardo Maya fue atendido. Cinco días después de que Semana.com reveló una carta en la que el jefe del ente de control le pide al fiscal Eduardo Montealegre que le ayude a asegurar unas evidencias contenidas en correos electrónicos y equipos de cómputo, la Fiscalía se tomó las oficinas de Reficar en Cartagena.

Este martes un piquete del CTI llegó hasta las instalaciones de la refinería con un objetivo claro: recoger información sobre las irregularidades en las que habrían incurrido 12 directivos de la empresa. La diligencia se conoce después de un informe de casi 200 páginas en el que la Contraloría llama la atención porque los costos del proyecto llegaron a 8.016 millones de dólares, 4.023 millones más de lo presupuestado

Según informaron fuentes a Semana.com, el grupo de investigadores indagarán en los documentos contables y estados financieros que soporten las denuncias que hizo el ente de control fiscal.

"Se ha conformado un grupo especial para que se dedique al caso, la investigación hasta ahora comienza. Esperamos establecer la verdad de lo que pasó para aclarar la situación jurídica de los implicados", señaló una fuente de la Fiscalía.

La diligencia se adelanta para asegurar evidencias probatorias que estarían contenidas en correos electrónicos, servidores y equipos de cómputo.

Según Maya Villazón, las comunicaciones fueron intercambiadas por las líneas de mando y “dirección del proyecto” y agrega que por la misma naturaleza de las posibles pruebas, hay un alto riesgo de pérdida o de sufrir alteraciones.

“En tal sentido creemos que reviste gran importancia contar a la mayor brevedad posible con la cooperación de la Fiscalía como ente rector y coordinador de las entidades que ejercen funciones de policía judicial”, dice la misiva.

La solicitud del contralor no surge porque sí. Desde el 6 de julio del 2015, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Presidencia firmaron un convenio de cooperación que está enfocado a combinar esfuerzos para investigar, perseguir y sancionar las conductas que podrían afectar al Estado.

Hace dos semanas se conoció uno de los escándalos económicos más graves de los últimos tiempos en el país: los multimillonarios sobrecostos de la modernización de las instalaciones de la refinería de Cartagena (Reficar). Un escándalo que tiene contra las cuerdas a cerca de 12 directivos que están en la mira de las autoridades de control.